COOPSAR: Ariel Ramírez salió a explicar las contrataciones millonarias y defendió su gestión como tesorero
El actual tesorero de la cooperativa de Sarmiento respondió a los cuestionamientos por más de $109 millones destinados a reparaciones de vehículos y defendió la contratación reiterada de un mismo taller mecánico. Aseguró que el 80% de la flota no estaba en condiciones de superar una verificación técnica, justificó las compras de luminarias y reconoció adquisiciones de materiales sin órdenes previas por razones de urgencia. También destacó la regularización de pagos a CAMMESA y la recuperación de equipamiento valuado en $400 millones. En su descargo formuló graves acusaciones contra la ex tesorera Yessica Uribe Gallardo, a quien responsabilizó por decisiones administrativas, un embargo de $130 millones y un presunto intento de adulterar un acta del Consejo de Administración.
El ingeniero Ariel Ramírez, actual tesorero de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Sarmiento (COOPSAR), en la provincia de Chubut, publicó un extenso descargo para responder a los cuestionamientos sobre su desempeño y las contrataciones realizadas durante su gestión. El escrito aborda los gastos destinados al mantenimiento de vehículos, la compra de luminarias para el alumbrado público y las adquisiciones de materiales de ferretería. También incluye una serie de acusaciones contra Yessica de Lourdes Uribe Gallardo, ex tesorera y actual consejera titular de la institución.
La publicación se produjo después de que tomaran estado público denuncias por presuntos sobreprecios y contrataciones millonarias dentro de COOPSAR. Ramírez comenzó su respuesta señalando que buscaba aclarar comentarios difundidos en distintas redes sociales que habían puesto en discusión su desempeño como responsable de la Tesorería. A lo largo del escrito defendió las decisiones administrativas adoptadas, detalló trabajos realizados y expuso cuestionamientos sobre la gestión que lo precedió.
Dieciocho vehículos, reparaciones de motores y un taller que recibía los trabajos
Ramírez explicó que las reparaciones se realizaron durante siete meses sobre los 18 vehículos que integran el parque automotor de la cooperativa. Según sostuvo, las intervenciones incluyeron tareas de mantenimiento general, reparaciones mecánicas y trabajos sobre equipos hidráulicos utilizados para elevar cargas y personas. También aseguró que cada reparación quedó registrada en hojas de ruta del taller y que los trabajos fueron constatados cuando las unidades regresaron a COOPSAR.
El tesorero describió el estado en que se encontraba la flota antes de las intervenciones y sostuvo que existían problemas acumulados durante años. “Esta flota había pasado muchos años sin recibir el mantenimiento adecuado y funcionaba con muchos desperfectos”, afirmó. También advirtió que esas condiciones comprometían la seguridad de los trabajadores que utilizaban los vehículos.
Para respaldar esa descripción, mencionó una auditoría realizada en la cooperativa. Según su publicación, el diagnóstico había determinado que el 80% de las unidades no estaba en condiciones de superar una verificación técnica. Ramírez presentó ese antecedente como parte de la explicación sobre la necesidad de realizar reparaciones que excedían los servicios habituales de mantenimiento.
Respecto de la contratación reiterada de un mismo establecimiento, explicó que la decisión respondió a las condiciones de atención que ofrecía el prestador. Señaló que era uno de los pocos talleres que entregaban facturas, otorgaba prioridad a los vehículos de COOPSAR y disponía de instalaciones donde las unidades podían permanecer resguardadas durante reparaciones prolongadas.
Entre las ventajas del servicio, destacó que el taller atendía las “urgencias” sin obligar a dejar los vehículos por tiempo indefinido o incorporarlos a largas listas de espera. También afirmó que las reparaciones contaban con garantía y que los pagos eran revisados por los responsables del control contable. “Los respectivos pagos de las facturas siempre han sido controlados por el contador que se desempeña como asesor contable y por la sindicatura”, sostuvo.
Luminarias más caras, calidad del alumbrado y 220 equipos instalados
En relación con la compra de luminarias LED, Ramírez explicó que la cooperativa optó por equipos que consideró adecuados para las necesidades del alumbrado público. Reconoció que existían alternativas más económicas, pero sostuvo que las diferencias de calidad justificaban la elección realizada.
“Hay en el mercado algunas que cuestan casi un %40 menos, sin embargo, su calidad no es la que nuestro alumbrado público necesita”, escribió. Según explicó, COOPSAR ya había utilizado anteriormente luminarias de menor precio que presentaron fallas en poco tiempo y debieron ser reemplazadas.
El tesorero también señaló que cada reemplazo implica movilizar vehículos, equipos de elevación y personal especializado, con el consiguiente impacto sobre otras tareas de mantenimiento. “Hay que tener en cuenta que al cambiar una luminaria se requiere de un camión, una barquilla, operarios calificados”, expresó al justificar la importancia de elegir equipos de mayor durabilidad.
Ramírez aseguró que la calidad de los productos fue consultada con técnicos especialistas antes de concretar la compra. También detalló las condiciones comerciales acordadas con el proveedor, que habría entregado 300 luminarias para ser abonadas en tres tramos de 100 unidades durante tres meses.
Sobre el avance de los trabajos, informó que “en menos de 1 mes ya se han instalado 220 de estas luminarias”, dato que incorporó como parte de su explicación sobre el destino de los equipos adquiridos y su utilización en el sistema de alumbrado público.
Compras de ferretería realizadas fuera del horario administrativo
Otro de los puntos desarrollados por Ramírez estuvo relacionado con la adquisición de materiales de ferretería sin órdenes de compra emitidas previamente. El tesorero reconoció que esas situaciones ocurrieron, pero las vinculó con trabajos urgentes que debieron resolverse cuando las oficinas administrativas no estaban funcionando.
Entre los casos mencionados incluyó la caída de un portón en el predio de ADECOOP, la reparación de otro portón que impedía el ingreso y egreso de camiones en el sector Energía, dos intervenciones por obstrucciones con raíces en los baños de ADECOOP y la reparación de una cortina metálica en el estacionamiento de Sepelio Centro.
“Los materiales requeridos para estos trabajos fueron retirados sin la correspondiente orden”, reconoció. Sin embargo, explicó que las operaciones se realizaban con su conocimiento y que se informaba previamente a los comercios quiénes estaban autorizados a retirar los productos.
Ramírez sostuvo que conocía las cantidades y características de los materiales solicitados y que posteriormente se completaba la comunicación administrativa. Según indicó, “al siguiente día hábil se daba el aviso correspondiente al sector de compras”, procedimiento que presentó como parte de la respuesta a las necesidades operativas de la cooperativa.
Las acusaciones contra Uribe por pagos de plomería, calefactores y trabajos eléctricos
Después de desarrollar las explicaciones sobre su gestión, Ramírez dirigió una parte de su publicación hacia Yessica Uribe Gallardo, quien había ocupado la Tesorería antes de su designación. Bajo la pregunta “Quién acusa?”, comenzó a enumerar operaciones que atribuyó a la administración anterior.
La primera acusación corresponde a trabajos de plomería realizados durante abril y mayo de 2025 en la sala velatoria del barrio 21. Ramírez sostuvo que Uribe había autorizado el pago de una reparación y que, posteriormente, se contrató a otro trabajador para intervenir sobre el mismo problema.
Según Ramírez, en lugar de exigir al primer prestador que respondiera por la garantía, se habría contratado y pagado a otro trabajador para repetir la intervención. En su escrito cuestionó que se hubiera autorizado otro pago por “realizar supuestamente” el mismo trabajo, sin que las tareas fueran revisadas previamente por personal idóneo en la materia.
El tesorero mencionó otra contratación realizada en mayo de 2025 para limpiar y acondicionar calefactores de las dependencias de COOPSAR. Aseguró que se habían recibido dos presupuestos, uno de $800.000 y otro de $1.100.000, y que se eligió la propuesta más costosa.
Ramírez sostuvo que ambos prestadores tenían características equivalentes en cuanto a matrícula y capacidad de trabajo. Su cuestionamiento estuvo dirigido a la decisión de contratar el servicio de mayor valor, pese a la existencia de una alternativa económica que, según su descripción, reunía las mismas condiciones.
También afirmó que, alrededor de agosto de 2025, cuando Uribe ya no estaba a cargo de la Tesorería, habría intentado gestionar un pago de $400.000 por la instalación de dos tomacorrientes en Sepelio Centro. Según su publicación, el importe correspondía únicamente a la mano de obra y no incluía materiales.
El embargo de $130 millones y la salida de la Tesorería
Uno de los señalamientos económicos más elevados del descargo está relacionado con un embargo sobre cuentas bancarias de COOPSAR ocurrido hacia fines de mayo de 2025. Ramírez atribuyó a la gestión anterior de la Tesorería la pérdida de $130 millones y sostuvo que existían advertencias previas sobre la posibilidad de que se adoptaran medidas judiciales.
En su publicación afirmó que “ese dinero se perdió y jamás se recuperó”, y cuestionó que los fondos no hubieran sido resguardados en otras cuentas antes de concretarse el embargo. La acusación fue presentada como uno de los hechos que, a su entender, debían considerarse al evaluar la administración anterior.
Ramírez también se refirió a la salida de Uribe de la Tesorería, ocurrida en agosto de 2025. Sostuvo que la renuncia se produjo cuando COOPSAR atravesaba una situación institucional delicada y enfrentaba el riesgo de una intervención.
“Renunció a su cargo de tesorera por motus propio”, escribió, al cuestionar la decisión adoptada durante aquellas semanas. Según su interpretación, la cooperativa atravesaba uno de los momentos en los que más necesitaba el compromiso de sus integrantes.
La acusación por un presunto intento de adulterar un acta
El descargo incluyó además una acusación relacionada con la documentación interna del Consejo de Administración. Ramírez sostuvo que, después de aceptarse la renuncia de Uribe y designarse a un nuevo tesorero, se habría intentado modificar el acta correspondiente a aquella decisión.
En ese tramo afirmó que la ex tesorera habría tratado de “ADULTERAR el acta en donde se aceptaba su renuncia”, con la presunta participación de quien entonces ocupaba la Secretaría del Consejo de Administración.
La acusación fue incorporada por Ramírez dentro de sus cuestionamientos a la gestión anterior y a las personas que, según sostuvo, actualmente participan de las publicaciones críticas hacia la conducción de COOPSAR. El texto no precisa si por ese episodio se inició alguna actuación administrativa o judicial.
Pagos a CAMMESA, transformadores recuperados y salarios al día
Como parte del balance de su gestión, Ramírez destacó avances en la administración financiera de COOPSAR. Aseguró que durante 2025 comenzó a regularizarse el pago corriente de energía a CAMMESA y que posteriormente, con la separación de los consumos del Acueducto Jorge Carstens, la cooperativa pudo administrar facturas independientes.
Según sostuvo, se había logrado completar el pago de las últimas tres facturas y se encontraba próximo a cancelar una cuarta. El tesorero presentó esos resultados como parte de las medidas adoptadas para ordenar las obligaciones económicas de la institución.
También aseguró que durante el año pasado recuperó 13 transformadores pertenecientes a COOPSAR que se encontraban en un taller de Buenos Aires. Según su estimación, los equipos tenían un valor cercano a los $400 millones y habían permanecido fuera de la cooperativa hasta que fueron localizados y recuperados.
A ese antecedente sumó la recuperación de un brazo hidráulico que se encontraba en reparación en un taller de Comodoro Rivadavia. Ramírez también destacó que, durante su gestión, se habían abonado los salarios del personal en tiempo y forma desde julio de 2025.
El tesorero rechazó las acusaciones contra su gestión
En el tramo final de su publicación, Ramírez rechazó los cuestionamientos dirigidos contra su desempeño y sostuvo que las acusaciones difundidas contra integrantes del Consejo de Administración se realizaban “SIN CONTAR CON ABSOLUTA NINGUNA PRUEBA DE MALVERSACIÓN DE FONDOS EN LA COOPERATIVA”. A lo largo del descargo defendió las reparaciones de vehículos, las compras de luminarias y materiales, y atribuyó a su gestión avances en los pagos a CAMMESA y la recuperación de equipamiento.
El tesorero cerró su respuesta con un cuestionamiento directo a su antecesora: “Ese es el perfil de la persona que hoy en día acusa a los consejeros que día a día tratan de hacer de Coopsar una entidad digna de todos los socios”.
