Biss rechazó el “impuestazo” y apuntó a Torres por las deudas municipales y los jubilados

La conferencia convocada para explicar la actualización impositiva derivó en un cuestionamiento al manejo provincial de los recursos y al trato que reciben los jubilados municipales. El Ejecutivo detalló una suba del 17,65% en el valor del módulo, sin un incremento general en la cantidad aplicada a cada tributo, y denunció una campaña para instalar un “impuestazo”. El intendente atribuyó un costo de $4.300 millones al aumento de aportes aprobado por la Legislatura y reclamó que la Provincia también pague sus deudas con el Instituto. Ese cambio de alícuotas y la presión que trasladó a las cuentas municipales ya habían sido advertidos por Río Mayo 1935.

El intendente de Rawson, Damián Biss, respondió a las publicaciones que cuestionaron la actualización de los impuestos y dirigió sus reclamos al gobierno de Ignacio Torres por el financiamiento municipal y los aumentos que no percibieron los jubilados. Lo hizo durante una conferencia en el Centro Cultural José Hernández, en la que también expuso la secretaria de Hacienda, Macarena Flamarique. Biss sostuvo que las diferencias políticas están afectando la relación institucional con la capital.

Durante los días previos, la actualización de los impuestos de Rawson quedó instalada en la agenda mediática bajo la acusación de un “impuestazo”. La conferencia fue la respuesta del Ejecutivo a ese planteo, con una explicación sobre el alcance de la ordenanza y los valores aprobados. Biss llevó además la discusión hacia las decisiones provinciales que, según sostuvo, agravaron las cuentas municipales y afectaron el pago de los aumentos a los jubilados.

Flamarique precisó que la ordenanza tratada el 27 de octubre mantiene, en general, la cantidad de módulos asignados a los tributos. Lo que cambia es el valor de esa unidad de cálculo, que pasa de $1.700 a $2.000, una diferencia del 17,65%. También señaló una reducción en el patentamiento de animales solicitada por Veterinaria. La distinción permite separar el incremento aprobado para el próximo ejercicio de las comparaciones que acumulan modificaciones de varios años.

Biss afirmó que la conferencia fue convocada después de dos semanas de publicaciones que calificó como operaciones mediáticas. Al defender el esquema, sostuvo que “no hay una doble imposición como se quiso plantear, no hay un impuestazo como se quiso plantear”. Diferenció el último ajuste del aplicado en agosto y aseguró que la variación acumulada del módulo quedó por debajo del 30%, porcentaje que mencionó como proyección de inflación anual.

La presentación coincidió con el inicio de la atención presencial para el pago anticipado de los impuestos de 2027. Hacienda anunció descuentos del 30% en noviembre, del 20% en diciembre y del 15% en enero, con seis cuotas sin interés mediante Patagonia 365. Flamarique explicó que quienes cancelen anticipadamente sus obligaciones conservarán el valor del módulo aplicado durante todo el ejercicio; también anunció libre estacionamiento y un sorteo de un lote en Playa Unión, previsto aproximadamente para febrero.

El reclamo que Biss dirigió a Torres tiene un antecedente legislativo concreto. El 19 de diciembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto provincial para 2025. Dentro de esa ley quedaron incorporadas las modificaciones al financiamiento de SEROS. Según la información publicada por la propia Legislatura, los artículos cuestionados fueron acompañados por el oficialismo y por el diputado Daniel Casal, de Familia Chubutense, mientras legisladores de la oposición objetaron el incremento de los aportes.

La Ley II N.º 307, en sus artículos 23 y 24, modificó los artículos 17 y 18 de la Ley XVIII N.º 12. El aporte personal a la obra social pasó del 4,25% al 6,50% y la contribución patronal del 6,75% al 9,50%. Para los municipios, como empleadores, esto significó que sobre una misma nómina salarial la obligación con SEROS aumentara aproximadamente un 40,7%; para los afiliados, el incremento relativo del descuento fue cercano al 52,9%.

Río Mayo 1935 ya había abordado ese efecto en su investigación sobre los ingresos, el déficit y las prestaciones de SEROS. La nota advertía que el aumento de las alícuotas elevaba los recursos proyectados del sistema, pero producía un desfasaje en las cuentas municipales y trasladaba a los gobiernos locales la obligación de adecuar sus presupuestos. Para una administración que venía cumpliendo, el cambio agregaba una exigencia mensual; para una que ya tenía atrasos, aumentaba el compromiso corriente que debía afrontar junto con la deuda acumulada.

Biss presentó a Rawson como un caso de ese proceso. Afirmó que su gestión había cancelado las obligaciones heredadas al asumir en 2019 y reconoció que hoy el municipio mantiene una deuda cercana a $3.000 millones con el Instituto. Responsabilizó al cambio de alícuotas por ese endeudamiento y aseguró que la coparticipación ya no alcanza para cubrir los compromisos corrientes, mientras el convenio firmado con el organismo agrega una obligación de $200 millones.

Según el informe municipal expuesto durante la conferencia, las obligaciones con el ISSyS representaban el 58% de los ingresos por coparticipación en 2023 y el 56% en 2024. Para el cierre de 2026, Biss proyectó una incidencia del 73,3% y atribuyó al aumento de alícuotas un impacto acumulado de $4.300 millones en dos años. El intendente ubicó ese costo en un período de caída de la recaudación propia, de los recursos coparticipables y de las regalías petroleras.

La comparación con las obligaciones provinciales también tiene respaldo en la documentación del Instituto. La estimación histórica incluida en el balance 2025, actualizada por inflación más un interés anual del 6%, reúne unos $2,415 billones. Dos rubros identificados como obligaciones de Provincia suman alrededor de $2,278 billones, equivalentes al 94,3% de ese cálculo. La fila específica “Municipios” registra aproximadamente $60.212 millones, un 2,5% del total.

Ese cuadro expone además convenios municipales por separado, por lo que el 2,5% corresponde a aquella fila y no debe presentarse como una suma definitiva de todas las obligaciones locales. La comparación es una estimación del valor económico de acreencias históricas, que el balance mantiene con carácter informativo. Aun con esas diferencias de exposición, los dos grandes rubros provinciales concentran la mayor parte del monto calculado.

Sobre ese contraste, Biss cuestionó el trato que reciben los jubilados municipales. Sostuvo que durante años otros municipios acumularon deudas sin que se interrumpiera el traslado de los aumentos a sus trabajadores pasivos y denunció un cambio de criterio. Aseguró que Rawson firmó el convenio para que se comenzara a pagar esa movilidad y reclamó que el Gobierno provincial también establezca un plan para cancelar sus obligaciones, mientras los jubilados provinciales continúan cobrando sus actualizaciones.

El intendente defendió, además, la recomposición salarial de los trabajadores activos y la recuperación de la escala municipal. Afirmó que hubo incrementos todos los meses y que en la última paritaria se completó la actualización de una estructura que, según explicó, se había achatado desde 2010 por el uso de sumas no remunerativas. Recordó que el reclamo de los jubilados llegó a su gestión en 2022 y que sus representantes fueron incorporados posteriormente a las negociaciones.

La relación con Provincia atravesó también sus reclamos por los servicios y las obras. Biss sostuvo que los municipios asumieron una proporción mayor del subsidio al transporte después del retiro de los fondos nacionales y de una reducción posterior de la asistencia provincial. Sobre el Plan Galina, afirmó que Rawson no había recibido anuncios de nuevas intervenciones, salvo una obra de iluminación comunicada recientemente, pese a las necesidades que sigue afrontando la capital.

En declaraciones a los medios realizadas por separado, el presidente del Concejo Deliberante, Dulio Monti, expresó una posición coincidente con los cuestionamientos del intendente y sostuvo que “el ataque digital ha sido muy fuerte para la ciudad de Rawson”. Mencionó las publicaciones sobre la planta potabilizadora y recordó que la Provincia había anunciado que asumiría los trabajos tras la paralización del financiamiento nacional.

Al señalar que las autoridades “vinieron y se sacaron la foto”, Monti reclamó que se complete la ampliación de la planta junto con el acueducto y reiteró el pedido de una reparación económica para la capital provincial. Vinculó esa demanda con los servicios que el municipio debe prestar a quienes llegan diariamente a trabajar o realizar trámites, además de las necesidades que generan la actividad portuaria y Playa Unión.

Durante la conferencia, Biss había vinculado sus reclamos con el distanciamiento del gobernador: “No tengo dudas que la falta de un alineamiento político está repercutiendo en la ciudad”. También afirmó que otros intendentes comparten la preocupación por las alícuotas, aunque no todos la expresan públicamente. Anunció que enviará una nota a Torres y a cada diputado para solicitar una revisión del esquema y discutir su continuidad durante 2027, después de haber realizado el mismo planteo en reuniones presenciales.