Gobernador Costa: “Yo voté con sentido común”, la respuesta de la presidenta del Concejo por los terrenos para dos ediles
Gobernador Costa: “Yo voté con sentido común”, la respuesta de la presidenta del Concejo por los terrenos para dos ediles
La presidenta del Concejo defendió las adjudicaciones a dos concejales en funciones y a la hija del intendente con el argumento de que pagarán los terrenos y cuentan con dictámenes favorables. Consultada por las restricciones legales para contratar con el municipio, aseguró que habían revisado el tema y respaldó la opinión del abogado que también asesora al Ejecutivo. Sostuvo que uno de los beneficiarios no intervino en la fijación del precio y que la otra, incorporada después de la nómina original, participó cuando todavía no sabía si tenía el crédito preaprobado. Ambos votaron las ventas, mientras que el despacho de minoría objetó esos tres casos sin rechazar las adjudicaciones de las otras veinte familias.
La presidenta del Concejo Deliberante de Gobernador Costa, María Milagros Larrauri, fundamentó en el “sentido común” y en el asesoramiento jurídico recibido su decisión de acompañar las ventas de terrenos municipales que incluyen como compradores a dos integrantes del cuerpo y a la hija del intendente Miguel Ángel Gómez.
Consultada sobre la compatibilidad entre ejercer como concejal y adquirir un inmueble municipal durante el mandato, respondió: “Yo como presidenta del Concejo y en uso de mis facultades y mis funciones, yo voté con sentido común”. Su explicación continuó con una valoración de la trayectoria de los beneficiarios, sus estudios, su trabajo y las dificultades que, según sostuvo, tienen para acceder a otras alternativas habitacionales.
Larrauri habló en Informativo Costense Regional, el programa que conduce Cecilia Crespo por Radio Comunitaria FM 101.7. Durante la entrevista respondió preguntas sobre el procedimiento del plan “Te Banco”, las incompatibilidades planteadas y los dictámenes utilizados para aprobar las operaciones.
El programa combina la venta de terrenos municipales con créditos hipotecarios individuales del Banco del Chubut. El esquema anunciado contempla, además, la participación del municipio en la compra de materiales y la construcción de las viviendas. Cada beneficiario deberá pagar el lote, la escritura y las cuotas de su préstamo.
Las ventas fueron autorizadas el miércoles 28 de octubre con los votos de Larrauri, Rolando Nahuel, Zaira Olivero y Gonzalo Sebastián Pichiñán, por el oficialismo, y el de María Pirén Arriagada, por la oposición. Pichiñán, vicepresidente del Concejo, y Arriagada integran la nómina de compradores y acompañaron las autorizaciones tanto en comisión como en el recinto.
Magali Mutio y Magleni Ibáñez sostuvieron un despacho de minoría que propuso rechazar las adjudicaciones a los dos concejales y a Johana Gómez. El documento señaló conflictos de intereses y sostuvo que la preaprobación de créditos individuales no reemplazaba los requisitos para adquirir bienes municipales. El rechazo no comprendía las operaciones correspondientes a las otras veinte familias.
El pago de los terrenos y el respaldo del asesor
Al defender la participación de los concejales, Larrauri destacó que ambos son docentes y que Arriagada se había ido de Gobernador Costa para estudiar y luego había regresado a trabajar. También sostuvo que no reúnen las condiciones para acceder a otras operatorias habitacionales del IPV, que vinculó con requisitos de matrimonio y carga familiar.
La presidenta presentó esas circunstancias como parte de los motivos de su voto y remarcó las obligaciones económicas que asumirán: “Van a pagar el terreno peso por peso. Nadie les está regalando nada”.
Crespo le preguntó si habían revisado la restricción de la Ley de Corporaciones Municipales para que los concejales sean parte de contratos derivados de ordenanzas sancionadas durante su mandato. Larrauri afirmó que ese aspecto había sido considerado y explicó que la aprobación estuvo respaldada por un dictamen jurídico. Al defender el asesoramiento recibido, aseguró: “Nosotros no vamos a meter la pata tampoco”.
Según relató, el pedido del informe se realizó después de examinar el listado en comisión. Atribuyó la solicitud a los siete concejales y señaló que fue enviada mediante una nota al abogado Mario Bensimón.
Larrauri reconoció que también circularon otras opiniones jurídicas, aunque expresó su preferencia por el profesional que habitualmente asesora al cuerpo: “El dictamen que para mí vale es el del asesor que trabaja con nosotros hace más de 20 años”.
Bensimón intervino en los informes favorables sobre la participación de la hija del intendente y de los concejales beneficiarios. El abogado asesora al Ejecutivo municipal y emitió la opinión utilizada por el Concejo para tratar las operaciones.
La incorporación de Arriagada y la participación de los beneficiarios
La entrevista también abordó si Pichiñán y Arriagada habían intervenido en las deliberaciones y votaciones relacionadas con las ventas. Sobre el vicepresidente, Larrauri sostuvo que estuvo presente durante el tratamiento, pero que “no decidió sobre el valor” de los terrenos y permaneció como oyente.
Respecto de Arriagada, reconoció su participación y la explicó por la incertidumbre que, según afirmó, existía entonces sobre su situación crediticia. Sostuvo que todavía no se sabía si estaba preaprobada y describió su intervención como una participación “sin ver el beneficio propio”.
La concejal opositora no integraba la nómina original de 22 postulaciones. Su incorporación se tramitó posteriormente mediante un expediente separado y llevó el listado a los 23 beneficiarios cuyas compras fueron autorizadas. En la votación, su acompañamiento se sumó a los cuatro integrantes del oficialismo y completó los cinco respaldos con los que avanzaron las ventas.
Larrauri insistió en que no se trataba de una entrega gratuita. Mencionó que el Concejo tiene facultades para autorizar transferencias sin cargo, pero sostuvo que en esta operatoria los compradores deberán pagar los terrenos y los gastos de escrituración.
El martes 27 de octubre, un día antes de la aprobación en el recinto, se había realizado el sorteo de ubicación de las parcelas en el Auditorio Municipal. Arriagada recibió el lote 4 de la manzana 46; Johana Gómez, el lote 8 de esa misma manzana; y Pichiñán, junto con su pareja, el lote 2 de la manzana 47.
Al explicar las diferencias surgidas durante el trabajo en comisión, Larrauri dijo que había personas en el listado que “no gustaban” y que existían otras opiniones. El despacho de minoría dejó asentadas objeciones por conflictos de intereses y requisitos para adquirir bienes municipales, limitadas a esas tres operaciones.
La hija del intendente y la interpretación sobre las tierras
Para explicar la interpretación con la que acompañó las adjudicaciones, Larrauri diferenció las tierras fiscales de los inmuebles con título de propiedad municipal. Describió para las primeras un procedimiento de permisos precarios, cumplimiento de plazos y proyectos y posterior adjudicación en venta.
A los lotes comprendidos en “Te Banco” les atribuyó otro régimen, basado en la titularidad municipal y la posibilidad de venderlos. En esa explicación comparó la situación de los concejales con la de integrantes de fuerzas de seguridad incluidos en el listado y sostuvo que, bajo el criterio de excluir a funcionarios, tampoco podrían participar estos últimos.
La presidenta invocó además la autonomía municipal reconocida por la Constitución provincial. Al referirse a Johana Gómez, destacó sus estudios y su trabajo en la localidad y defendió que pudiera pagar el terreno, afrontar la escritura y asumir un préstamo hipotecario.
Crespo le preguntó qué mecanismos se habían utilizado para evitar que esa operación estuviera condicionada por el vínculo familiar con el intendente. Larrauri remitió su respuesta al dictamen de Bensimón, al que atribuyó la conclusión de que no existían incompatibilidades en el caso de la hija de Gómez ni en el de los concejales.
También afirmó que el pedido de asesoramiento sobre ambas situaciones había surgido de la Comisión A. Su explicación presentó los informes jurídicos como el respaldo utilizado para resolver las objeciones planteadas durante el tratamiento.
Treinta y dos lotes y una semana de tratamiento
Larrauri situó el ingreso del proyecto al Concejo el 21 de octubre y su aprobación el 28. Explicó que, aunque habitualmente se reúnen dos veces por semana, en esa oportunidad trabajaron durante toda la semana para evacuar dudas y definir el procedimiento.
El programa, según relató, nació de una propuesta elaborada por el Ejecutivo junto con la sucursal local del Banco del Chubut, que luego fue presentada ante las autoridades de la entidad en Rawson. Ubicó esas gestiones en febrero y recordó que el intendente anunció la iniciativa durante la apertura de sesiones.
La presidenta afirmó que el municipio dispone de 32 lotes y que unas sesenta personas se acercaron a consultar después de las publicaciones oficiales. De ese proceso surgieron los 23 postulantes con preaprobación crediticia. Atribuyó al banco la evaluación de los ingresos y la situación financiera de cada solicitante y sostuvo que se exigió acreditar que no poseían inmuebles en el país.
Al explicar la intervención legislativa, señaló que el Concejo recibió el listado y un anteproyecto de ordenanza del Ejecutivo, con un articulado que expresaba “cómo más o menos pretendía el Ejecutivo que salga esa ordenanza”.
Larrauri confirmó que el plazo de cuarenta días para aprobar la ordenanza y tramitar los títulos figuraba en la nota de elevación del intendente. Explicó que la escrituración era necesaria para constituir las garantías hipotecarias y continuar la operatoria ante el banco.
Al finalizar la entrevista, aseguró que el expediente completo permanece en el Concejo y puede ser consultado por los vecinos. Mencionó entre los documentos disponibles el pedido de asesoramiento jurídico y la nota de remisión del Ejecutivo. “Está todo ahí para verlo”, afirmó.
