La ONU advierte a Chubut: “La inmunidad protege la imparcialidad, no la impunidad”
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados expresó hoy su “preocupación” por el referéndum convocado por el gobernador Ignacio Torres para eliminar los fueros en la provincia del Chubut. El pronunciamiento internacional, difundido a través de la red social X (ex Twitter), pone en cuestión el enfoque político de la consulta popular y reabre el debate sobre la independencia judicial y las garantías constitucionales.
El mensaje, publicado este viernes, llegó desde Ginebra y recorrió el país en minutos.
Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, utilizó su cuenta oficial en la red X para advertir:
“Escucho con preocupación que #Chubut (Argentina) celebrará un referéndum el 26 de octubre para eliminar la inmunidad judicial.”
En su publicación, citó los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura (1985):
“Los jueces deben estar protegidos de influencias indebidas y gozar de inmunidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones judiciales.”
Y cerró con una frase que rápidamente se viralizó:
“La inmunidad protege la imparcialidad, no la impunidad.”
Una advertencia con peso internacional
El pronunciamiento de Satterthwaite no es una opinión más.
Se trata de una funcionaria de alto rango del sistema de derechos humanos de la ONU, con mandato para intervenir ante situaciones que puedan afectar la independencia judicial o la separación de poderes en los Estados miembros.
El mensaje fue interpretado como un llamado de atención directo al Gobierno del Chubut, que impulsa la eliminación de los fueros a través de un referéndum provincial simultáneo a las elecciones nacionales.
En caso de aprobarse el “Sí”, jueces, fiscales, legisladores, ministros y dirigentes sindicales podrían ser sometidos a proceso penal sin autorización previa de los cuerpos legislativos o de los órganos de enjuiciamiento.
Lo que en la superficie se presenta como una medida “contra los privilegios”, en los hechos podría vulnerar los principios internacionales de independencia judicial y protección institucional de los magistrados.
Una “aventura” jurídica que cruza los límites provinciales
El mensaje de la ONU parece confirmar lo que distintos constitucionalistas venían advirtiendo: que el debate chubutense se construyó sobre una narrativa simplificada, moralizante y políticamente rentable, pero sin sustento técnico.
El propio Dr. Edgardo R. Hughes, ex presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut y convencional constituyente, había explicado en diálogo con Río Mayo 1935:
“Los fueros no son privilegios personales, son garantías institucionales. Apuntan a mantener el esquema institucional y a garantizar la independencia de los poderes.”
Hughes alertó que una reforma parcial, sin revisar los mecanismos procesales que dependen de la Constitución Nacional, podría abrir un escenario de nulidades, choques normativos y vulneración de tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica.
La advertencia de Satterthwaite, en ese sentido, refuerza la misma línea de razonamiento.
Porque cuando una provincia altera las garantías judiciales sin prever su compatibilidad con el derecho internacional, lo que se pone en riesgo no es la impunidad de los poderosos, sino la imparcialidad del sistema judicial en su conjunto.
Una pulseada que trasciende el voto del domingo
El gobernador Ignacio Torres ha defendido públicamente la consulta popular como un gesto de “moralidad institucional”, apelando a la consigna de “eliminar privilegios”.
Sin embargo, desde distintos sectores —jurídicos, gremiales y académicos— se cuestiona el carácter improvisado y reduccionista de la medida.
En la práctica, el referéndum chubutense lleva a la ciudadanía a decidir sobre un tema de enorme complejidad jurídica mediante una papeleta binaria: “Sí apruebo eliminar fueros” / “No apruebo eliminar fueros”.
Una simplificación que, como escribió Río Mayo 1935 en su editorial “Lo que se vota sin saber”, puede “abrir un portal para la injusticia y no para la justicia”.
Hoy, con la intervención de Naciones Unidas, esa advertencia local cobra otra dimensión.
Porque la mirada internacional ya no se centra en el costo político del referéndum, sino en su compatibilidad con los estándares globales de independencia judicial.
Entre la legitimidad popular y la legalidad internacional
La declaración de Satterthwaite instala un nuevo interrogante en la escena política y jurídica de Chubut:
¿qué ocurrirá si la reforma entra en vigencia y luego es impugnada por violar tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la Argentina?
De darse ese escenario, el conflicto podría llegar —como señaló el Dr. Hughes— no solo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino también a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del Pacto de San José de Costa Rica.
Así, lo que comenzó como una apuesta política para mostrar “decisión y transparencia” podría terminar en un conflicto jurídico internacional con consecuencias institucionales imprevisibles.
“La inmunidad protege la imparcialidad, no la impunidad.”
Una definición que, más allá de las fronteras provinciales, devuelve el debate a su punto de origen: el respeto por el debido proceso, la separación de poderes y la vigencia de las garantías constitucionales que sostienen toda república democrática.
