Alesi calificó de “oscuro y autoritario” al nuevo Código Procesal y volvió a apuntar contra Menna y el STJ
El abogado de familia Martín Alesi brindó una entrevista en FM del Lago de Esquel en la que profundizó sus cuestionamientos al proyecto del Código General de los Procesos impulsado por el Superior Tribunal de Justicia y respaldado políticamente por el vicegobernador Gustavo Menna. Sostuvo que la iniciativa modifica el rol histórico de los abogados, concentra mayor poder en los jueces y fue elaborada sin la participación real de los principales actores del sistema judicial.
El debate por la reforma procesal en Chubut continúa sumando voces críticas. Esta vez, el abogado de familia Martín Alesi calificó el proyecto del nuevo Código General de los Procesos como un texto “oscuro y autoritario” y cuestionó tanto su contenido como el procedimiento político e institucional mediante el cual pretende avanzar hacia su aprobación legislativa.
Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista brindada a FM del Lago de Esquel, donde el profesional profundizó varios de los cuestionamientos que viene formulando desde hace semanas sobre la iniciativa elaborada por el Superior Tribunal de Justicia.
Uno de los principales reparos planteados por Alesi tiene que ver con el rol que el nuevo Código asigna a los abogados. Según explicó, el proyecto abandona la concepción tradicional del profesional como defensor irrestricto de los intereses de su cliente para convertirlo en una figura subordinada a los objetivos de gestión del Poder Judicial.
“Le cambiaron el rol al abogado. Ya no es la defensa del cliente, sino que el Código dice que el abogado debe estar comprometido con la solución del proceso y la gestión eficiente”, sostuvo. A su entender, esa modificación conceptual no es menor, ya que implica que el profesional deje de ejercer un control activo sobre el poder jurisdiccional para convertirse en una pieza más del engranaje administrativo del sistema judicial.
En ese sentido, cuestionó que el proyecto privilegie la rapidez estadística de los procesos por encima de las garantías procesales. “Pasándose a llamar ‘asistente legal’ para cumplir con el verso estadístico de que los procesos tienen que terminar antes”, expresó durante la entrevista.
“Quieren una Justicia más rápida, pero con menos controles”
Otro de los puntos objetados por el abogado es el énfasis que la reforma pone en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la mediación obligatoria. Alesi advirtió que existen procesos en los que, por su propia naturaleza, no hay espacios reales para arribar a acuerdos y que imponer soluciones conciliatorias puede terminar vulnerando derechos fundamentales de las partes.
Asimismo, cuestionó la mirada que responsabiliza principalmente a la litigación privada por las demoras judiciales. Según sostuvo, el proyecto parece partir de la premisa de que son los abogados quienes entorpecen el funcionamiento del sistema, cuando buena parte de los problemas estructurales responden a cuestiones internas del propio Poder Judicial.
Entre las modificaciones que considera más preocupantes, mencionó la eliminación de garantías actualmente vigentes, como la posibilidad de recusar sin causa a un magistrado, la ampliación de las facultades de los jueces de primera instancia y la reducción de las herramientas procesales disponibles para revisar sus decisiones.
Para Alesi, la combinación de mayores atribuciones judiciales y menores mecanismos de control constituye uno de los principales riesgos del proyecto. Desde su perspectiva, una Justicia más rápida no necesariamente implica una Justicia mejor si ello supone restringir las garantías del debido proceso.
“El proyecto viene impulsado desde el poder”
El abogado también cuestionó la forma en que la iniciativa fue concebida y presentada políticamente. Afirmó que el nuevo Código Procesal no surgió del trabajo conjunto de una comisión plural integrada por universidades, colegios públicos de abogados, magistrados de distintas instancias y especialistas en derecho procesal.
Por el contrario, sostuvo que el texto “viene impulsado desde el poder” y reiteró sus cuestionamientos al rol asumido por el vicegobernador Gustavo Menna durante el tratamiento legislativo de la reforma.
En ese contexto, volvió a advertir sobre la estrecha coordinación institucional entre la conducción política de la Legislatura y las máximas autoridades del Superior Tribunal de Justicia para impulsar la iniciativa. Según explicó, el debate parlamentario corre el riesgo de convertirse en una mera formalidad si existe una decisión política previa respecto de su aprobación.
“Hay un bloque y un discurso preinstalado”, sostuvo durante la entrevista, al tiempo que calificó de “inaudito” que el propio Poder Judicial impulse las reglas procesales que posteriormente regularán el ejercicio de sus facultades y limitarán los mecanismos destinados a controlar sus decisiones.
Para Alesi, la discusión excede las cuestiones técnicas del articulado. A su entender, el verdadero debate gira en torno al equilibrio entre los distintos poderes del Estado y al lugar que ocuparán los abogados dentro del nuevo modelo procesal.
Con esta nueva intervención pública, el abogado profundizó una postura que viene sosteniendo en los últimos meses: que la modernización del sistema judicial no puede construirse sobre la concentración de poder en los magistrados ni a costa de debilitar la independencia de la defensa técnica, uno de los pilares fundamentales del acceso a la Justicia.
