Quién es Ramiro Outeda, el periodista que pasó de los medios a ocupar dos lugares clave en el Gobierno de Torres
De una extensa trayectoria frente a cámaras y micrófonos pasó a convertirse en una pieza de peso dentro de la comunicación oficial de Ignacio Torres. Desde febrero de 2024 conduce Información Pública, intervino en expedientes de contrataciones millonarias y este año fue incorporado al directorio de EPECh. En el ambiente periodístico también lo señalan como uno de los funcionarios que toma contacto cuando una nota o entrevista genera malestar en el Gobierno.
Ramiro Daniel Outeda conoce desde adentro el funcionamiento de los medios de comunicación. Periodista y locutor egresado del ISER, desarrolló buena parte de su carrera en Radio 3, Canal 3, Diario Jornada y FM Tiempo, condujo noticieros y programas políticos y posteriormente impulsó Radio Sónica en Trelew. Durante años entrevistó a funcionarios, siguió la agenda provincial y tuvo frente a sus micrófonos a dirigentes de distintos espacios, hasta que con la llegada de Ignacio Torres a la Gobernación pasó del periodismo a ocupar un lugar dentro de la estructura estatal.
Su ingreso al Gobierno quedó formalizado a fines de 2023 mediante el Decreto 1639/2023, que lo designó como personal de gabinete de la Secretaría General de Gobierno y fijó para esa función una remuneración equivalente a la correspondiente a un subsecretario. Poco después aquella designación fue dejada sin efecto y el Decreto 68/2024 lo nombró formalmente subsecretario de Información Pública, con vigencia desde el 1 de febrero de 2024.
La llegada de Outeda a esa área lo ubicó en un punto central de la relación cotidiana entre el Gobierno y los medios. A su experiencia acumulada durante años dentro de redacciones, radios y televisión se sumó desde entonces la responsabilidad política de conducir la comunicación oficial y participar en decisiones administrativas vinculadas a un sector que mueve importantes recursos públicos.
Dentro del ambiente periodístico provincial también se lo identifica como uno de los funcionarios que mantiene contacto directo con periodistas y responsables de medios cuando una publicación, una entrevista o determinado enfoque genera malestar dentro del Gobierno. La existencia de esas comunicaciones no permite afirmar por sí sola que haya censura, presión o represalias sobre la pauta, algo que requeriría pruebas concretas en cada caso, pero sí muestra un rol que excede la simple difusión de gacetillas y actividades oficiales.
Ese aspecto cobra relevancia por la posición que ocupa. Outeda pasó de conocer desde adentro cómo se define una entrevista, cómo funciona una redacción y qué repercusión puede tener una noticia incómoda, a conducir una Subsecretaría que interviene en expedientes de comunicación y publicidad oficial. Esa combinación lo convirtió en uno de los principales interlocutores del Ejecutivo con un sector del que él mismo formó parte durante buena parte de su carrera profesional.
Contrataciones por casi $747 millones
La dimensión económica de Información Pública aparece con claridad en dos contrataciones directas realizadas durante 2024 con Smart Consumer S.A., empresa vinculada comercialmente a Prosumia. Ambas operaciones sumaron $746.900.001 y fueron tramitadas cuando Outeda ya se encontraba al frente de la Subsecretaría.
Una de las contrataciones alcanzó los $543.400.002 y estuvo destinada a un servicio integral de comunicación durante nueve meses. La segunda fue por $203.499.999 y correspondió a publicidad programática en sitios de noticias. Los actos administrativos que aprobaron esas operaciones dejaron constancia de la intervención de Información Pública dentro de los fundamentos utilizados para seleccionar a la firma.
En uno de esos expedientes quedó asentado que la elección de Smart Consumer se apoyó, entre otros elementos, en lo informado por el subsecretario respecto de la profesionalidad de su equipo, su idoneidad técnica y su creatividad. El dato permite establecer que Outeda no aparece solamente por ocupar jerárquicamente el área: la documentación oficial registra una intervención de la Subsecretaría en la fundamentación de una contratación directa millonaria.
Ese antecedente debe diferenciarse del contrato por más de $3.020 millones celebrado con Smart Consumer durante 2025, porque ese expediente fue impulsado por la Subsecretaría de Innovación y Mejora de Procesos. Sin documentación adicional que demuestre otra intervención, no corresponde atribuírselo directamente a Outeda por el solo hecho de conducir Información Pública.
De Información Pública al directorio de EPECh
En abril de 2026, Outeda sumó otra función dentro del Estado provincial al ser designado director titular de Energía Pública del Chubut S.A.U., la empresa creada por la Provincia para intervenir en generación, transporte, distribución, almacenamiento, comercialización e infraestructura energética. La sociedad fue constituida con un capital inicial de $1.000 millones y sus directores titulares fueron designados por tres ejercicios.
El primer directorio quedó encabezado por Carlos Fabián Piguala como presidente y José Manuel González Alvado como vicepresidente, mientras que Fernando Nicolás Fantin, Macarena Acuipil y Ramiro Outeda fueron incorporados como directores titulares. De esa manera, el subsecretario de Información Pública pasó a ocupar simultáneamente un lugar en la conducción de una empresa estatal con amplias facultades sobre uno de los sectores económicos más sensibles de Chubut.
La integración de EPECh tiene además un trasfondo financiero que todavía genera interrogantes. La Ley I N.º 815, que creó la empresa, autorizó al Poder Ejecutivo a utilizar total o parcialmente recursos previstos en la Ley I N.º 196, correspondiente al régimen financiero del Ente Regulador de Servicios Públicos, para integrar el capital de la nueva sociedad.
Esos recursos incluyen fondos vinculados a la Tasa de Fiscalización y Control, creada para sostener las tareas de regulación sobre prestadores de servicios públicos. La misma legislación que puso en marcha EPECh abrió así la posibilidad de trasladar recursos de un organismo de control hacia la nueva empresa energética, aunque todavía debe establecerse documentalmente qué monto fue efectivamente utilizado para integrar los $1.000 millones de capital inicial.
La incorporación de Outeda al directorio se produjo, por lo tanto, en una sociedad que nació con una estructura patrimonial importante, capacidad para administrar negocios energéticos y una ley que habilitó al Ejecutivo a recurrir incluso a fondos originalmente asignados al ENRE. Desde su constitución, la principal intervención concreta conocida de EPECh ha sido el proyecto fotovoltaico de Paso de Indios, adjudicado en 2026 por más de US$5,4 millones.
La pregunta por las dos funciones
La presencia simultánea de Outeda en Información Pública y en EPECh introduce además una cuestión legal que depende de un dato que el Gobierno todavía no transparentó públicamente: si cobra por integrar el directorio de la empresa energética.
La Ley I N.º 231 de Ética y Transparencia en la Función Pública establece que ninguna persona puede desempeñarse en más de un empleo, cargo o función públicos remunerados dentro de la administración estatal provincial, salvo la excepción prevista para la actividad docente. En el caso de Outeda, su remuneración como subsecretario está fuera de discusión porque ocupa formalmente ese cargo; lo que no aparece determinado públicamente es si recibe una dieta, honorarios, sueldo u otra contraprestación económica por su función en EPECh.
La diferencia es determinante. Si la función dentro de la empresa es ad honorem, el análisis sobre una eventual incompatibilidad cambia sustancialmente. Si existe una segunda remuneración, el Ejecutivo debería explicar qué evaluación jurídica se realizó antes de designarlo, bajo qué criterio se consideró compatible la acumulación y qué organismo intervino para autorizar la coexistencia de ambas funciones.
El crecimiento de Outeda dentro de la gestión puede seguirse a través de actos concretos: ingresó al gabinete con una remuneración equivalente a subsecretario, semanas después fue formalizado al frente de Información Pública, durante su gestión esa dependencia intervino en contrataciones directas por casi $747 millones y, dos años más tarde, fue incorporado al primer directorio de EPECh.
A esa acumulación de responsabilidades se suma el lugar que ocupa frente a los medios, un terreno que conoce desde mucho antes de convertirse en funcionario y en el que hoy actúa desde el otro lado. Saber cuánto cobra por cada función, qué participación concreta tiene en las decisiones del directorio de EPECh y cuáles son los criterios utilizados desde Información Pública para distribuir y contratar comunicación oficial son datos que el Gobierno puede precisar con documentación administrativa. Hasta ahora, parte de esa información sigue sin estar públicamente disponible.
Antes del Gobierno, también buscó tener una licencia de FM
La relación de Ramiro Daniel Outeda con el mundo de la comunicación no se limitó a su trabajo como periodista, conductor y responsable de distintos espacios en medios. En 2021 su nombre apareció también en documentación oficial del Ente Nacional de Comunicaciones, dentro de un concurso público simplificado para la adjudicación de una licencia de frecuencia modulada en Trelew.
El expediente EX-2019-99874309-APN-DNSA#ENACOM registró a Outeda como oferente para la instalación y explotación de un servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia. Finalmente, el organismo nacional resolvió rechazar la propuesta presentada. El antecedente permite sumar otro elemento a su trayectoria previa al ingreso al Gobierno provincial: además de desempeñarse profesionalmente en radio y televisión, había intentado avanzar formalmente sobre la explotación de una emisora propia dentro del sistema regulado de medios.
Un antecedente de 2009 en una polémica por subsidios del IPV
El nombre de Outeda también había aparecido varios años antes en una controversia política vinculada con subsidios otorgados por el Instituto Provincial de la Vivienda. En septiembre de 2009, la entonces diputada radical Marta Raso cuestionó públicamente el mecanismo utilizado para distribuir determinados beneficios y anunció que el bloque llevaría el tema ante la Fiscalía Anticorrupción.
Dentro de la nómina difundida en aquella oportunidad figuraba “OUTEDA, Ramiro Daniel”. La denuncia política apuntaba de manera general a la existencia de subsidios concedidos a empleados, funcionarios y personas vinculadas con estructuras estatales, aunque la inclusión de un nombre en aquel listado no permite atribuir por sí sola ninguna conducta irregular individual.
