Intiman al Batallón de Ingenieros 9 por una deuda de energía que ya rondaría los $60 millones
La unidad del Ejército Argentino con asiento en Río Mayo mantiene seis períodos impagos por el suministro eléctrico. El atraso comenzó en marzo y hasta julio ya se acercaba a los $50 millones; con la factura de agosto también vencida, el pasivo rondaría actualmente los $60 millones. La Cooperativa inició gestiones formales para lograr la regularización de la deuda.
El Batallón de Ingenieros Mecanizado 9 “Zapadores del Chubut”, con asiento en Río Mayo, atraviesa una situación de deuda con la Cooperativa de Servicios Públicos por el suministro de energía eléctrica, luego de acumular varios meses consecutivos sin regularizar las facturas correspondientes.
El atraso comenzó en marzo y continuó durante abril, mayo, junio y julio. Hasta ese último período, el capital acumulado se encontraba próximo a los $50 millones, una cifra considerable que motivó a la prestataria local a avanzar con un reclamo formal para encauzar la situación.
A esos cinco meses se sumó posteriormente la factura correspondiente a agosto, que también se encuentra vencida. Con ese nuevo período incorporado, la unidad militar acumula seis meses pendientes y el monto total rondaría actualmente los $60 millones, aunque la cifra definitiva dependerá del consumo facturado durante agosto y de las actualizaciones que correspondan.
La Cooperativa decidió avanzar por la vía administrativa para que el Ejército tome intervención y pueda gestionar los recursos necesarios para cancelar las obligaciones pendientes. El objetivo, en esta instancia, es alcanzar una regularización antes de que el pasivo continúe incrementándose.
El reclamo involucra al Batallón de Ingenieros Mecanizado 9, actualmente bajo la conducción del teniente coronel Leonardo Martín Sakamoto, y apunta a que la situación pueda encontrar una respuesta dentro de la estructura administrativa de la fuerza.
El caso presenta además una particularidad por tratarse de una dependencia de las Fuerzas Armadas. Ante una eventual suspensión por falta de pago, existe un procedimiento específico establecido por el Decreto Nacional 1174/2002, que obliga a las empresas prestadoras a comunicar previamente la decisión tanto al establecimiento afectado como a la autoridad nacional correspondiente. La norma establece una anticipación mínima de 30 días hábiles administrativos antes de concretar la interrupción.
Esto significa que el reclamo iniciado por la Cooperativa no supone un corte inmediato del servicio. Para llegar a esa instancia debería existir una decisión posterior de suspensión y comenzar entonces el procedimiento especial previsto para establecimientos de las Fuerzas Armadas.
El antecedente más cercano se produjo este año en Neuquén, donde la Cooperativa CALF llegó a interrumpir el suministro a dependencias del Ejército por una deuda millonaria. Entre las unidades alcanzadas se encontraba el Batallón de Ingenieros de Montaña 6, y posteriormente se abrió una instancia administrativa para encauzar los pagos.
En Río Mayo, la situación se encuentra por ahora en una etapa administrativa. La deuda comenzó a acumularse en marzo, agosto ya se convirtió en el sexto período vencido y el saldo, que hasta julio se acercaba a los $50 millones, ya se ubicaría en torno a los $60 millones a la espera de su consolidación definitiva.
