Carta documento, acusaciones de “estafa” y una respuesta inmediata: el cruce entre COOPSAR y El Sarmientino
El enfrentamiento entre la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Sarmiento y el portal digital El Sarmientino escaló al plano legal luego de que el presidente de la entidad, Jorge Ariel Ñancucheo, enviara una carta documento al periodista Juan Manuel Castro por una publicación difundida el pasado 7 de junio. La intimación fue respondida por el titular del medio, quien además desarrolló públicamente su postura a través de distintas publicaciones en las que rechazó las acusaciones y cuestionó la difusión de la documentación realizada por la cooperativa.
La disputa pública entre la conducción de COOPSAR y el portal digital El Sarmientino, que desde hace varios meses mantiene una línea crítica hacia la gestión de la cooperativa por cuestiones vinculadas a la prestación de los servicios, sumó un nuevo capítulo y pasó del intercambio de publicaciones en redes sociales a un cruce de cartas documento acompañadas por comunicados y posteriores publicaciones de ambas partes.
El origen inmediato del conflicto se remonta al 7 de junio. Ese día, con motivo del Día del Periodista, COOPSAR publicó un saludo institucional en sus redes sociales. Horas más tarde, El Sarmientino respondió con una publicación titulada “Entre el saludo y la realidad: las preguntas que COOPSAR no logra responder”, en la que cuestionó distintos aspectos de la gestión de la entidad, entre ellos los reiterados cortes de energía, las interrupciones del servicio de internet, el sistema de tarifa plana, el cobro del alumbrado público y otros reclamos que, según el portal, forman parte de las inquietudes de usuarios y vecinos de Sarmiento.
El Sarmientino es un portal digital local con presencia en Facebook que, en los últimos meses, publicó de manera sostenida artículos y opiniones críticas sobre la conducción de COOPSAR, abordando temas vinculados a los servicios que presta la entidad y distintos reclamos de usuarios.
Dentro de aquella publicación aparecieron expresiones como “vinculado con el hampa”, al referirse al Consejo de Administración, y la frase “la realidad de la ESTAFA”, términos que motivaron la posterior intimación de la cooperativa.
La intimación de COOPSAR
La respuesta institucional llegó a través de un comunicado difundido en la página oficial de Facebook de COOPSAR, acompañado por la carta documento enviada a Juan Manuel Castro. En ese texto, la cooperativa sostuvo que desde hace un tiempo algunos “operadores” intentan hostigar y defenestrar a la institución mediante críticas que considera intencionalmente distorsionadas. Aclaró que valora las críticas que ayudan a mejorar, pero afirmó que en este caso se trataba de publicaciones que, bajo el amparo de la libertad de expresión, perseguían otros fines y habían traspasado “los límites de lo tolerable” con acusaciones que calificó como difamatorias hacia los integrantes del Consejo de Administración.
En ese mismo comunicado informó que, en defensa del honor de los consejeros, de sus familias y de los asociados que les confiaron la conducción de la entidad, había resuelto enviar una carta documento al periodista Juan Manuel Castro, la cual fue publicada íntegramente junto al comunicado. Además, adelantó que evaluaría el inicio de las acciones legales que sus asesores consideraran pertinentes.
En la carta documento, firmada por el presidente Jorge Ariel Ñancucheo, la cooperativa sostuvo que las expresiones “vinculado con el hampa” y “la realidad de la ESTAFA” excedían el marco de la crítica periodística y constituían afirmaciones que lesionaban el honor de los integrantes del Consejo de Administración y la imagen institucional de COOPSAR. En ese contexto intimó a Castro a ratificar o rectificar públicamente sus dichos dentro del plazo de 48 horas, utilizando la misma plataforma y otorgando a esa publicación una visibilidad equivalente a la original, bajo apercibimiento de iniciar las acciones civiles y penales que considerara correspondientes.
La respuesta de Juan Manuel Castro
Juan Manuel Castro respondió también mediante una carta documento, cuyo contenido hizo público a través de sus redes sociales. En su presentación rechazó íntegramente la intimación, negó haber cometido calumnias o injurias contra COOPSAR o contra los integrantes del Consejo de Administración y sostuvo que la publicación cuestionada constituye una opinión periodística sobre un asunto de interés público. Asimismo, afirmó que las expresiones observadas fueron utilizadas como recursos de crítica social en sentido metafórico e hiperbólico y rechazó que puedan interpretarse como la atribución concreta de delitos.
Junto a la difusión de esa respuesta calificó la intimación como “maliciosa e improcedente” y cuestionó que la cooperativa hubiera publicado en su página oficial de Facebook la carta documento recibida. Según expresó, esa decisión expuso datos personales protegidos por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, afectó su derecho a la intimidad y lo expuso a eventuales riesgos, por lo que advirtió que también evaluará las acciones administrativas y judiciales que considere pertinentes.
Castro profundizó públicamente su postura
La respuesta mediante carta documento no fue la última intervención pública de Juan Manuel Castro sobre el conflicto. Luego de difundir ese documento acompañado de una publicación en sus redes sociales, el titular de El Sarmientino continuó desarrollando su posición a través de nuevos artículos publicados en su portal digital.
En esas publicaciones amplió los argumentos jurídicos que ya había adelantado en su respuesta. Sostuvo que la difusión de la carta documento realizada por COOPSAR habría vulnerado la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales, analizó distintas disposiciones del Código Penal y del Código Civil y Comercial y expuso su interpretación sobre las eventuales acciones administrativas, civiles y judiciales que, según considera, podrían promoverse frente a esa situación.
En otra de esas publicaciones también cuestionó la posibilidad de que la cooperativa impulse acciones penales por calumnias e injurias. Allí desarrolló su interpretación respecto del alcance de esas figuras cuando se trata de personas jurídicas y de expresiones vinculadas a asuntos de interés público, insistiendo en que las críticas formuladas en sus publicaciones se encuentran amparadas por la libertad de expresión.
Con esa serie de publicaciones, el conflicto dejó de limitarse al intercambio inicial entre una publicación periodística y una carta documento. Mientras COOPSAR hizo pública su intimación y sostuvo que las expresiones difundidas lesionan el honor de la institución y de su conducción, Castro respondió formalmente y luego desarrolló una serie de artículos en los que profundizó los fundamentos jurídicos de su posición, manteniendo el debate tanto en el plano legal como en el ámbito de la discusión pública.
