Chubut entre la emergencia y la entrega: el costo oculto del desendeudamiento

El gobernador Ignacio Torres acaba de firmar con Nación un acuerdo que se presenta como “el mayor desendeudamiento en la historia de Chubut”. Una adenda al convenio que, según el discurso oficial, libera a la provincia de intereses asfixiantes y habilita la ejecución de obras largamente reclamadas. La foto en Buenos Aires sonríe. La narrativa es impecable. Pero detrás del anuncio queda la pregunta incómoda: ¿qué estamos entregando los chubutenses a cambio?

La emergencia como excusa hacia adentro

Hace apenas tres meses, la Legislatura aprobaba la Ley de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa, por pedido expreso del Ejecutivo. Con ese marco, se justificó la imposibilidad de recomponer salarios estatales y de asumir compromisos básicos. La frase repetida fue: “no hay plata”.

Con la emergencia en mano, Torres pudo congelar paritarias y esquivar el conflicto salarial. Se le pidió austeridad a los trabajadores estatales, que cargan sobre sus espaldas el costo del ajuste.

La abundancia como discurso hacia afuera

De golpe, con la firma en Nación, aparece otra postal. Se anuncia una quita de deuda por 101.000 millones de pesos y un ahorro de 3.000 millones mensuales en intereses. Cada peso liberado, se promete, irá a obras prioritarias: rutas, doble trocha, mantenimiento urbano.

¿No había plata? ¿Cómo se pasa de la asfixia a la inversión en cuestión de semanas? La respuesta es política: la emergencia se usa como excusa para ajustar hacia adentro, y el desendeudamiento como bandera para mostrarse gestor hacia afuera.

El silencio sobre los combustibles

Lo más grave es lo que no se dice. Cada chubutense paga, en cada litro de nafta o gasoil, un impuesto a los combustibles líquidos cuyo destino legal es la infraestructura vial. Se estima que sólo en Chubut se recauda más de 25.000 millones de pesos anuales.

Ese dinero no se ve en nuestras rutas. Nación lo recauda, pero no lo devuelve en obras. Y el gobernador, que debería denunciar esta apropiación, calla. Peor aún: acepta el traspaso de rutas nacionales inconclusas a la órbita provincial, sin reclamar por los fondos que legalmente corresponden. Es la paradoja máxima: se resigna lo que es un derecho de los chubutenses y se celebra como victoria lo que en realidad es una entrega.

Responsabilidades indelegables

Las rutas nacionales son competencia de Nación. Delegarlas a una provincia sin transferir recursos es violar el espíritu del federalismo. No se trata de un gesto administrativo: es una renuncia a reclamar lo que nos corresponde como provincia. Nación se queda con la caja del impuesto al combustible; Chubut con el gasto futuro de obras que ya dijo que no puede afrontar.

El trasfondo electoral

No hay que ser ingenuos: este anuncio es propicio para ambos gobiernos.

Nación muestra que el plan de ajuste funciona, que se ordena la deuda con las provincias y que hay acuerdos históricos.

Provincia exhibe gestión y resultados, justo cuando necesita justificar la emergencia y evitar el desgaste de los conflictos salariales.

Los dos buscan la misma meta: llegar a las elecciones de octubre con aire político, aunque el costo real se termine pagando después.

El costo oculto

Más tarde que temprano, los chubutenses veremos el verdadero saldo de este acuerdo. Menos deuda, sí. Pero más obligaciones a cargo de una provincia que ya declaró que no tiene recursos. Menos intereses, sí. Pero más silencio frente a la retención de fondos que por ley deberían volver en forma de rutas.

En nombre del desendeudamiento, Torres se arroga el mandato de los chubutenses, pero evita el reclamo que nos corresponde a todos ante Nación. La foto sonriente en Buenos Aires no es gratis: el costo lo pagaremos en los próximos años, cuando las promesas de obras se transformen en deudas provinciales y las rutas sigan dependiendo de un impuesto que nunca vuelve.

En definitiva, el desendeudamiento es menos un hito histórico que un pacto político oportuno. Un puente electoral para octubre, construido sobre la espalda de los estatales y la resignación silenciosa de los derechos provinciales.