El Consenso Fiscal que firmó Loyaute con Torres terminó en el archivo del Concejo
Apenas 48 horas antes de que Ignacio Torres llegara a Río Mayo, el Consenso Fiscal que había firmado con Gustavo Loyaute terminó archivado. Después de ocho reuniones de comisión y del rechazo del SOEMRM, los concejales hicieron valer la autonomía municipal y dejaron sin ratificación local el acuerdo. Dos días después, gobernador, intendente y ediles compartieron los festejos por el 91° aniversario, sin que trascendiera si Torres sabía que en Río Mayo su pacto fiscal ya había quedado en el camino.
El Consenso Fiscal Provincial que Gustavo Loyaute había firmado con Ignacio Torres a comienzos de año terminó sin ratificación del Concejo Deliberante de Río Mayo. Después de varios meses de tratamiento, el jueves 20 de agosto el expediente fue incorporado entre los temas destinados a archivo, cerrando un recorrido político que comenzó con la adhesión del intendente al acuerdo provincial y terminó con una decisión distinta dentro del cuerpo legislativo local.
Loyaute había suscripto el Consenso Fiscal el 20 de enero junto al gobernador y otros intendentes de Chubut. El Gobierno provincial presentó aquel instrumento como una herramienta para coordinar políticas fiscales y presupuestarias, ordenar el gasto y establecer determinadas pautas comunes entre Provincia y municipios. Posteriormente el acuerdo recibió tratamiento legislativo provincial, pero en Río Mayo debía atravesar su propia instancia institucional para quedar ratificado a nivel municipal.
El documento incluía compromisos tributarios y de administración del gasto, pero también cuestiones especialmente sensibles para los empleados municipales, entre ellas criterios sobre incorporación de personal, coordinación de políticas salariales, contención del gasto corriente y cumplimiento de obligaciones con SEROS. Fue allí donde comenzaron las principales objeciones y donde el tratamiento dejó de ser exclusivamente fiscal para involucrar directamente a los trabajadores.
El sindicato puso el freno
El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Mayo llevó formalmente sus cuestionamientos al Concejo y participó de una reunión de comisión para exponerlos directamente ante los concejales. El SOEMRM objetó especialmente cualquier condicionamiento que pudiera alcanzar las negociaciones paritarias, futuras incorporaciones de personal y la capacidad del municipio para establecer su propia política salarial.
El planteo fue concreto: el sindicato pidió que el acuerdo no fuera aprobado en esas condiciones. Aquella reunión terminó marcando un punto de inflexión en el tratamiento porque, a partir de entonces, ya no alcanzaba con analizar el Consenso Fiscal como una decisión administrativa del intendente. Los concejales debían determinar si estaban dispuestos a ratificar compromisos que habían generado un rechazo explícito entre los empleados municipales.
Hubo una intención de encontrar una salida intermedia. Algunos concejales evaluaron la posibilidad de acompañar aquellos puntos que no afectaban directamente los intereses cuestionados por el sindicato y dejar afuera los aspectos más conflictivos. Sin embargo, los compromisos estaban concatenados dentro de un mismo instrumento y esa alternativa no prosperó.
Según la información surgida durante el tratamiento, una instancia de asesoramiento habría advertido que el Consenso Fiscal debía ser ratificado en su totalidad para producir los efectos correspondientes y que una aprobación parcial no resultaba suficiente. La salida que permitía acompañar una parte del acuerdo y tomar distancia de otra quedó así prácticamente descartada.
Ese escenario colocó al Concejo frente a una decisión mucho más incómoda: aprobar completo el acuerdo que Loyaute había firmado con Torres o no ratificarlo. Los votos necesarios para acompañarlo en su totalidad nunca aparecieron.
Ocho reuniones y siempre la misma respuesta
Desde entonces el expediente comenzó a quedar congelado dentro de la comisión. Durante meses siguió apareciendo en los despachos, pero el resultado se repetía: “continúa en comisión”. Fueron ocho reuniones en las que el Consenso Fiscal permaneció abierto sin conseguir una definición favorable, mientras otros proyectos avanzaban, eran modificados y llegaban finalmente al recinto.
Aquella demora fue dejando en evidencia que el problema ya no era únicamente técnico. El intento de aprobar algunos puntos había quedado descartado y tampoco existía el consenso político suficiente para respaldar el documento completo. El expediente permaneció allí hasta que el último despacho cambió finalmente su destino: “Consenso Fiscal Provincial” apareció entre los temas para archivo.
La resolución adquiere mayor significado al recordar lo que los propios concejales oficialistas habían expresado cuando la discusión tomó estado público. Silvia Muñoz defendió entonces la autonomía del cuerpo para analizar las iniciativas enviadas desde el Ejecutivo, Micaela Selesky sostuvo que ningún proyecto tenía aprobación automática y Leonardo Silva fue particularmente explícito al referirse a los trabajadores: “si algo no los favorece, no lo vamos a acompañar”.
Finalmente ocurrió eso. No hubo una votación estridente contra Loyaute ni discursos enfrentando al gobernador, pero cuando quedó planteada la necesidad de respaldar integralmente el acuerdo, el oficialismo del intendente no logró llevarlo hasta una ratificación y los demás sectores del Concejo tampoco aportaron el acompañamiento necesario para mantenerlo con vida.
En el círculo sindical, Néstor “Tito” Biss interpretó el desenlace como un resultado favorable de la posición sostenida durante estos meses y destacó que lo ocurrido era “una demostración que juntos se puede seguir consiguiendo muchas cosas”. Dentro del sector también se habló de que el pacto fiscal había quedado sin efecto, aunque jurídicamente corresponde hacer una distinción: lo que terminó archivado fue el trámite de ratificación local y no la vigencia provincial del Consenso Fiscal.
Un archivo que casi no apareció en la comunicación pública
La definición tuvo además una particularidad que ayuda a explicar por qué pasó prácticamente inadvertida. El Consenso Fiscal no estaba mencionado expresamente en el orden del día difundido para la sesión del jueves 20 de agosto. La convocatoria solamente informaba el Despacho N° 11/2026 de la Comisión de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, sin explicar todos los expedientes contenidos dentro de ese trabajo.
Para cualquier vecino que no siguiera el detalle de las reuniones de comisión era prácticamente imposible advertir que ese día podía cerrarse el tratamiento del acuerdo firmado por Loyaute con Torres. No aparecía una referencia al Consenso Fiscal, tampoco se anticipaba su archivo y la comunicación pública se limitaba a una identificación administrativa del despacho.
El nombre del acuerdo recién surgió durante la lectura de la comisión, cuando fue mencionado dentro de los “temas para archivo”. La forma utilizada habitualmente por el Concejo para publicar sus órdenes del día puede resultar comprensible para quienes siguen expedientes, actas y números de despacho, pero ofrece muy poca información a cualquier vecino que pretenda conocer de antemano qué asuntos políticos serán tratados en una sesión.
No existen elementos que permitan afirmar como un hecho que se buscó deliberadamente ocultar la decisión. Lo que sí puede señalarse es su resultado concreto: un tema políticamente sensible quedó diluido dentro de un despacho genérico y terminó archivado prácticamente sin exposición pública, pese a involucrar directamente un acuerdo que el intendente había firmado con el gobernador.
En Alto Río Senguer ocurrió lo contrario
El desenlace contrasta con lo sucedido en Alto Río Senguer, otro de los municipios cuyos intendentes habían adherido al Consenso Fiscal. Según información aportada desde el sector vecinalista de esa localidad, allí el expediente fue trabajado en comisión el 3 de marzo y solamente dos días después llegó al recinto, durante la sesión N° 941/26 del 5 de marzo, donde terminó aprobado.
El vecinalismo no acompañó y fundamentó su oposición en argumentos que tienen puntos de contacto con los cuestionamientos surgidos posteriormente en Río Mayo: defensa de la autonomía municipal, condicionamientos sobre salarios y contratación de personal y reparos sobre las obligaciones vinculadas a SEROS. Pese a esas diferencias, el oficialismo de Alto Río Senguer consiguió los votos y respaldó legislativamente el compromiso asumido por su Ejecutivo.
La comparación muestra dos comportamientos políticos diferentes ante el mismo instrumento. En Senguer hubo discusión, posiciones enfrentadas y una mayoría que finalmente ratificó el acuerdo. En Río Mayo, después del planteo de los trabajadores y del intento por encontrar una aprobación parcial, el documento permaneció durante ocho reuniones sin conseguir respaldo suficiente y terminó archivado.
A 48 horas de recibir a Torres
El momento elegido para cerrar el expediente terminó agregando una particularidad política todavía mayor. La decisión se produjo el jueves 20 de agosto y apenas 48 horas después Ignacio Torres llegó a Río Mayo para encabezar junto a Gustavo Loyaute los festejos centrales por el 91° aniversario de la localidad.
Los concejales también estuvieron allí. Oficialistas, opositores y representantes de los distintos espacios compartieron actividades institucionales con el gobernador y el intendente cuando el Consenso Fiscal ya había quedado en el archivo. Durante los actos no tomó estado público ninguna referencia a la decisión adoptada dos días antes.
No hay elementos para saber si Loyaute le comunicó personalmente a Torres que el acuerdo que ambos habían firmado no había conseguido superar el Concejo Deliberante. Tampoco puede asegurarse que el gobernador desconociera lo ocurrido. La cercanía entre ambos acontecimientos, sin embargo, deja una incógnita política difícil de ignorar: Torres llegó a Río Mayo y compartió escenario con quienes apenas dos días antes habían decidido no ratificar localmente uno de los acuerdos impulsados por su Gobierno.
El resultado atravesó al arco político local. Los concejales vinculados al oficialismo de Loyaute no sostuvieron hasta el final la firma de su propio intendente, los sectores opositores con cercanía al Gobierno provincial tampoco rescataron el expediente y el resto de las representaciones coincidieron en dejarlo concluir su recorrido legislativo. Luego todos compartieron normalmente los festejos junto a Torres, sin que esa diferencia adquiriera exposición pública.
El episodio terminó mostrando, además, el peso de la autonomía del Concejo frente a una decisión que ya había sido tomada por el Ejecutivo. La firma de un intendente no obligaba a los concejales a acompañarla y, cuando debieron resolver sobre el documento completo, hicieron valer esa facultad y el acuerdo no obtuvo la ratificación local.
El Consenso Fiscal había llegado a Río Mayo con la firma de Gustavo Loyaute y el impulso político de Ignacio Torres. Encontró el rechazo del sindicato, un intento fallido por salvar parcialmente su contenido y ocho reuniones de comisión sin consenso para aprobarlo completo. Finalmente terminó en el archivo.
Dos días después, Torres llegó a Río Mayo y todos celebraron juntos el aniversario de la localidad. Para entonces, su Consenso Fiscal ya había quedado en el camino.
