El déficit inducido y los casos testigos del saqueo

En Chubut, el relato oficial se repite con peligrosa precisión: las cooperativas de servicios públicos son acusadas de estar quebradas y mal administradas, pero lo que hay detrás es una maniobra política y financiera. El Estado provincial acumula deudas millonarias con estas entidades, demora transferencias y retiene fondos; acto seguido, utiliza el ahogo financiero que él mismo provocó como excusa para intervenirlas.

El caso de COOPSAR en Sarmiento es hoy el más visible. La provincia le debe más de 22 mil millones de pesos por la energía del acueducto. Esa deuda no es de los socios ni de la cooperativa, sino del propio Estado. Sin embargo, en vez de saldar sus compromisos, el gobernador Ignacio Torres intenta intervenir la institución, borrando de un plumazo lo que debe y presentándola como inviable. La cooperativa lo resumió en una frase que ya recorre la provincia: “Torres nos quiere robar COOPSAR”.

Pero Sarmiento no está solo. En Rawson, la intervención se justificó en supuestas irregularidades administrativas y convenios leoninos que generaron un perjuicio millonario. En Trelew, la medida fue prorrogada por 160 días bajo el argumento de “ordenar las cuentas”. Distintos motivos en la superficie, pero una misma consecuencia: el control político de instituciones que pertenecen a los socios y a las comunidades.

Son los llamados “casos testigos”: intervenciones que buscan disciplinar al sistema cooperativo, instalar el miedo y mostrar que nadie está exento. El mensaje es claro: si una cooperativa se resiste, será exhibida como deficitaria; si reclama deudas, será acusada de mala gestión; si insiste en su autonomía, será intervenida.

Lo que está en juego no son balances ni asambleas, sino la soberanía de las comunidades sobre sus servicios básicos. Desde 1946, COOPSAR en Sarmiento, como tantas otras cooperativas en Chubut, fue construida con esfuerzo solidario, trabajo honesto y compromiso de sus socios. Hoy, ese legado se ve amenazado por un modelo que, en lugar de fortalecerlas, busca centralizar poder y manejar las cajas desde un escritorio en Rawson.

La pregunta es incómoda pero inevitable: ¿queremos cooperativas fuertes, autónomas y en manos de sus socios, o queremos instituciones intervenidas, vaciadas y subordinadas a los caprichos del gobierno de turno? La respuesta marcará no solo el destino de COOPSAR, Rawson o Trelew, sino el futuro de todo el sistema cooperativo en Chubut.

Porque si dejamos que el déficit inducido justifique el saqueo, habremos renunciado a nuestra dignidad como pueblos. Y la dignidad, como la autonomía, no se entrega.