“No se estaba moderando contenido ofensivo, se estaba silenciando una voz política”
Tras un comunicado del espacio Alternativa Vecinal denunciando un presunto hecho de censura en la localidad de Sarmiento, el dirigente político local Matías Prieto explicó los motivos de su planteo y cuestionó el rol de un medio digital en el marco del conflicto institucional que atraviesa el Concejo Deliberante.
Luego del comunicado difundido por la Secretaría del Partido Alternativa Vecinal y el bloque de concejales del espacio, en el que se denunció un presunto hecho de censura por parte de un medio digital de Sarmiento, el dirigente político local y presidente del vecinalismo Matías Prieto brindó precisiones sobre el episodio y explicó los motivos que lo llevaron a intervenir públicamente en una publicación que luego fue eliminada.
El comunicado, fechado el 3 de febrero, advertía sobre la eliminación de comentarios y el bloqueo a un dirigente del espacio en redes sociales, y convocaba a un debate público sobre el rol de los medios de comunicación, la pauta oficial y la pluralidad de voces en la vida democrática de la ciudad.
En ese marco, Prieto explicó que el comentario que realizó —y que posteriormente fue eliminado— tenía como único objetivo aportar información relevante vinculada al conflicto institucional que atraviesa el Concejo Deliberante de Sarmiento, actualmente en instancia judicial.
“Lo que hice fue señalar que existía un dictamen del Procurador General Adjunto del Ministerio Público Fiscal, el doctor Marcos Germán Fink, donde se solicita la suspensión de los actos realizados por el concejal Rubén Camarda en su carácter de supuesto presidente del Concejo Deliberante”, expresó. “Aporté un dato concreto, verificable y de enorme relevancia institucional que no estaba siendo mencionado en esa publicación”.
Según relató, su intervención se produjo al advertir que en la cobertura mediática se estaba omitiendo un elemento central del conflicto. “Se estaba construyendo una narrativa incompleta. Ningún medio se estaba haciendo eco de ese dictamen y cuando se omite algo central para el debate público, se distorsiona la comprensión de los hechos”, sostuvo.
Prieto explicó además que la publicación en la que comentó hacía referencia directa o indirecta al espacio político que representa, motivo por el cual consideró legítimo expresar su postura. “Cuando un medio se refiere a una persona o a un espacio político, nada debería impedirle ejercer su derecho a opinar y aportar su mirada. Esto se vincula directamente con principios básicos de nuestra Constitución Nacional y con el derecho a réplica”, señaló.
En relación con el trasfondo institucional, afirmó que su comentario apuntaba al núcleo del conflicto. “El comentario se refería al corazón de la cuestión: un dictamen del Ministerio Público Fiscal que pide suspender los actos de quien dice ser presidente del Concejo Deliberante y que, en consecuencia, pone en discusión la validez de los actos administrativos y políticos derivados de esa situación”.
Desde su perspectiva, otro de los aspectos que no estaban siendo debidamente explicados es que “no se trata de una disputa personal ni partidaria, sino de un problema estrictamente institucional que mantiene a la comunidad en alerta”.
Tras la publicación del comentario, Prieto aseguró que el contenido fue eliminado y que posteriormente fue bloqueado por el medio digital Informativa Digital, lo que le impidió continuar accediendo al contenido informativo que allí se difunde. “No se estaba moderando contenido ofensivo, se estaba silenciando una voz política que buscaba ampliar el debate sobre la base de hechos verificables”, expresó.
En ese sentido, advirtió que este tipo de prácticas trascienden lo personal. “Esto podría sucederle a cualquier dirigente o vecino que quiera aportar una mirada distinta”, remarcó.
Prieto consideró que el episodio no es aislado y lo inscribió en un contexto más amplio de tensión entre algunos medios y determinados espacios políticos. “Desde hace tiempo se percibe una cobertura desigual, donde determinadas voces tienen mayor espacio que otras y donde algunas aparecen invisibilizadas o deslegitimadas. Eso empobrece el debate público y termina manipulando la opinión pública”, afirmó.
Respecto al impacto en la comunidad, sostuvo que “limitar voces políticas afecta directamente el derecho de los vecinos a informarse, porque se pierde pluralidad de miradas y se empobrece la posibilidad de construir una opinión informada”.
Finalmente, recordó que el comunicado emitido por Alternativa Vecinal tuvo como objetivo llamar a la reflexión colectiva. “Se trata de un antecedente grave en términos de libertad de expresión y calidad democrática”, señaló, y concluyó: “Los medios deberían informar con equilibrio, rigor y responsabilidad, explicar los antecedentes y contextualizar los hechos. No están para tomar partido ni hacer relaciones públicas, sino para garantizar que la sociedad esté bien informada”.
