Violencia de género en Ricardo Rojas: investigan a un hombre por privar de la libertad, agredir y abusar de su expareja en una estancia
La mujer intentó escapar caminando ocho kilómetros, pero fue interceptada y obligada a regresar al establecimiento rural, donde habría sufrido amenazas, agresiones físicas y abuso sexual. Logró pedir ayuda a través de su abogada y fue auxiliada por la Policía durante un operativo sobre la Ruta Nacional 26, cuando viajaba con el acusado hacia Comodoro Rivadavia. El hombre tenía vigente una prohibición judicial de acercamiento.
Un hombre de 44 años quedó sometido a una investigación penal por una serie de hechos de violencia de género denunciados por su expareja en la estancia Los Manantiales, ubicada en la zona rural de Ricardo Rojas, departamento de Río Senguer. La acusación incluye privación ilegítima de la libertad, desobediencia judicial, amenazas, abuso sexual simple y lesiones agravadas por el contexto de violencia de género.
La intervención policial permitió auxiliar a la mujer cuando se trasladaba junto al acusado en una camioneta hacia Comodoro Rivadavia. El vehículo fue interceptado durante un operativo de control sobre la Ruta Nacional 26, en el ingreso a Sarmiento, después de que la víctima lograra comunicarse con su abogada particular para advertir que se encontraba privada de su libertad.
Según la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, los acontecimientos comenzaron el sábado 24 de octubre, cuando el imputado, identificado mediante las iniciales G.D.S., convenció a su expareja de viajar desde Comodoro Rivadavia hasta la estancia Los Manantiales. El hombre tenía vigente una medida judicial que le prohibía acercarse y mantener contacto con ella, dispuesta por el juez Pablo José Pérez durante seis meses en el marco de una causa por violencia familiar.
La situación se agravó durante la tarde del jueves 29 de octubre. De acuerdo con la acusación, el hombre comenzó a insultar y descalificar a la mujer, quien decidió abandonar el establecimiento y emprendió una caminata de aproximadamente ocho kilómetros para alejarse del lugar.
Cuando llegó a una tranquera de acceso a la estancia, fue interceptada por su expareja, que se desplazaba en una camioneta. La Fiscalía sostiene que el acusado la obligó a subir al vehículo y regresar al casco del establecimiento, donde posteriormente habría ejercido nuevas amenazas, violencia física y una agresión sexual, impidiéndole recuperar su libertad.
La ubicación del establecimiento, en una zona rural alejada de los centros urbanos, formó parte de las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos investigados. La mujer había intentado retirarse por sus propios medios, pero fue alcanzada antes de conseguir salir del predio.
La posibilidad de pedir ayuda llegó mediante una comunicación telefónica con su abogada particular en Comodoro Rivadavia. La profesional tomó conocimiento de que su representada se encontraba privada de su libertad y se activó la intervención policial. Cuando los efectivos llegaron a la estancia, fueron informados de que ambos se habían retirado en dirección a esa ciudad.
Ante esa situación se dispuso un operativo sobre la Ruta Nacional 26. En el acceso a Sarmiento, los policías localizaron la camioneta en la que viajaban el sospechoso y la denunciante. Al descender del vehículo, la mujer comenzó a llorar y pidió ayuda al personal policial, según la información presentada durante la audiencia judicial.
Durante el procedimiento también se constató que el acusado había sido notificado de la prohibición de acercamiento y contacto que continuaba vigente. Ese antecedente fue incorporado por la Fiscalía a la imputación por desobediencia judicial, debido a que el hombre habría mantenido contacto con su expareja pese a la restricción impuesta previamente.
La causa llegó a una audiencia de apertura de investigación realizada en la Oficina Judicial de Sarmiento, ante el juez penal Alejandro Rosales. El Ministerio Público Fiscal, representado por la procuradora Luciana Coppini y el funcionario Alexis Ubilla, solicitó formalizar la investigación por los delitos atribuidos al acusado.
La calificación legal propuesta comprende privación ilegítima de la libertad, desobediencia a la autoridad, amenazas, abuso sexual simple y lesiones agravadas por el contexto de violencia de género. La Fiscalía también solicitó un plazo de seis meses para desarrollar la investigación y medidas sustitutivas de la privación de libertad.
La defensa particular, ejercida por el abogado Alejandro Fuentes, cuestionó la apertura de la investigación por el delito de desobediencia judicial y objetó el procedimiento mediante el cual se secuestró la camioneta utilizada por el imputado.
Después de escuchar a las partes, el juez Alejandro Rosales hizo lugar a la apertura de investigación con la calificación legal propuesta por la Fiscalía y declaró legal la detención del sospechoso, al considerar la gravedad de los hechos denunciados.
La investigación deberá determinar las circunstancias en que la mujer fue trasladada y retenida en el establecimiento rural, las agresiones que denunció y el incumplimiento de la restricción judicial que ya pesaba sobre su expareja. La apertura de investigación no constituye una condena y los hechos atribuidos deberán ser acreditados durante el proceso penal.
El caso presenta además un antecedente que forma parte de la acusación: la existencia de una medida judicial de protección anterior a los hechos denunciados. Pese a esa prohibición de contacto, el hombre y su expareja viajaron juntos hasta la estancia el 24 de octubre y, cinco días después, se produjo el episodio que motivó la intervención policial y la nueva investigación penal.
