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Rubén Napoleón Cáceres y placa sobre su propuesta para taxis, remises y aplicaciones en Trelew.

Cáceres propone eliminar los cupos de taxis y remises, liberar las tarifas y habilitar aplicaciones en Trelew

El proyecto busca terminar con las restricciones que durante años limitaron la competencia en el transporte de pasajeros. Taxistas y remiseros perderían los cupos protegidos y las tarifas oficiales, mientras las aplicaciones podrían operar legalmente bajo controles municipales. La iniciativa también prevé beneficios fiscales para los prestadores tradicionales y una tasa del 3% sobre las comisiones de las plataformas.

El concejal Rubén Napoleón Cáceres, del bloque Libertad y Compromiso, presentó este miércoles 18 de noviembre un proyecto de Ordenanza de Movilidad Urbana y Modernización del Transporte que propone modificar el funcionamiento del servicio privado de pasajeros en Trelew. La iniciativa plantea eliminar los cupos cerrados de taxis y remises, permitir el ingreso de nuevos prestadores, liberar las tarifas y establecer un régimen de habilitación para las aplicaciones digitales, con controles municipales sobre vehículos, conductores y empresas.

La propuesta contiene 82 artículos distribuidos en once capítulos y apunta a reemplazar un sistema basado en licencias limitadas, tarifas oficiales y restricciones para operar mediante plataformas tecnológicas. El nuevo régimen permitiría que cualquier prestador que cumpla los requisitos establecidos pueda ofrecer servicios de transporte, sin depender de la disponibilidad de un cupo municipal. La Municipalidad conservaría las facultades de habilitación, inspección y sanción, pero dejaría de determinar cuántos vehículos pueden trabajar en el sector.

En los fundamentos del proyecto, Cáceres cuestionó el funcionamiento del sistema vigente y sostuvo que “el esquema actual de cupos rígidos, tarifas fijadas centralmente y prórrogas constantes a la antigüedad vehicular resulta insuficiente frente a las demandas actuales de los vecinos, además de fomentar la clandestinidad ante el avance tecnológico”. El concejal considera que las prohibiciones no lograron impedir el crecimiento de las aplicaciones y que mantenerlas fuera de la regulación municipal reduce las posibilidades de controlar las condiciones en que se presta el servicio.

Uno de los cambios que mayor impacto tendría sobre el sector es la eliminación de las tarifas oficiales obligatorias. Cada prestador podría establecer libremente el precio de sus viajes, con la obligación de informar al pasajero cuánto deberá pagar antes de iniciar el recorrido o, cuando no sea posible determinarlo con exactitud, proporcionar una estimación razonable. Esto permitiría que taxis, remises y aplicaciones compitan mediante diferentes precios y modalidades de contratación, sin que el Municipio establezca una tarifa uniforme.

La iniciativa también habilita formalmente a las Empresas de Redes de Transporte, denominadas ERT, que organizan o intermedian viajes mediante aplicaciones digitales. Estas compañías deberán inscribirse en un registro municipal, obtener autorización para operar, identificar a los conductores y vehículos vinculados y conservar información que permita fiscalizar las operaciones. La propuesta distingue las responsabilidades de las plataformas, los propietarios de automóviles y los conductores, con obligaciones específicas para cada uno.

El proyecto establece requisitos de seguridad comunes para todos los vehículos afectados al transporte de pasajeros. La antigüedad máxima general sería de diez años, sin nuevas excepciones individuales, mientras que la Revisión Técnica Obligatoria deberá realizarse cada seis meses. También se exigirá un seguro específico para el transporte oneroso de personas, documentación vigente y condiciones técnicas de seguridad. Los vehículos que actualmente cuentan con excepciones de antigüedad podrán conservarlas hasta su vencimiento, pero no renovarlas bajo ese régimen.

Para facilitar la identificación de los prestadores, se propone crear un Registro Municipal del Servicio Privado de Transporte, que incluirá empresas, vehículos, conductores e intermediarios. Cada unidad habilitada deberá contar con un distintivo municipal y un código QR que permita verificar su situación desde un teléfono celular. El sistema deberá mostrar los datos necesarios para comprobar la habilitación sin exponer domicilios particulares, documentos personales ni otra información protegida.

La propuesta excluye inicialmente el transporte de pasajeros mediante motocicletas. Cáceres fundamenta esa decisión en las condiciones actuales de infraestructura vial y seguridad, aunque contempla que la restricción pueda revisarse mediante una futura modificación normativa. También incorpora obligaciones de accesibilidad: no podrán aplicarse recargos por el traslado de personas que utilicen sillas de ruedas, ayudas técnicas o perros guía, y los vehículos adaptados tendrán una exención temporal de tasas municipales vinculadas con la actividad.

Uno de los capítulos está dedicado a los actuales taxistas y remiseros, que dispondrían de un período de transición de tres años para adaptarse al nuevo sistema. Durante ese plazo conservarían sus denominaciones, colores, identificaciones y modalidades tradicionales. Los taxis podrían continuar levantando pasajeros en la vía pública y utilizando las paradas reconocidas, mientras que los remises mantendrían sus bases y sistemas de contratación previa. Ambos quedarían habilitados para trabajar simultáneamente con una o más aplicaciones digitales.

La eliminación de los cupos también modifica el valor económico que históricamente se atribuyó a determinadas habilitaciones. El proyecto establece que las licencias no constituyen derechos de propiedad sobre una porción del mercado ni generan un derecho automático a indemnización por los cambios regulatorios. Sin embargo, contempla un mecanismo de compensación fiscal para facilitar la reconversión de los prestadores que actualmente se encuentran habilitados.

Ese beneficio se denomina Bono de Reconversión de Movilidad Urbana y consiste en un crédito fiscal municipal nominativo, divisible y transferible. Para los taxis tendría un valor equivalente a 400 módulos generales de la Ordenanza Tarifaria vigente, mientras que para los remises sería de 240 módulos. Los beneficiarios podrían utilizarlo para cancelar obligaciones fiscales municipales o transferirlo a otros contribuyentes, sin necesidad de entregar la habilitación ni abandonar la actividad. El bono no podría convertirse directamente en dinero.

La propuesta también establece que las plataformas digitales deberán tributar una Tasa Operativa Digital equivalente al 3% de la comisión o retribución que perciban por cada viaje iniciado en Trelew. El porcentaje no se aplicaría sobre el precio total pagado por el pasajero, sino sobre los ingresos propios de la empresa intermediaria. El proyecto prohíbe trasladar esa obligación a los conductores como una deuda propia y exige declaraciones mensuales que permitan controlar la recaudación.

Los fondos provenientes de esa tasa ingresarían a las Rentas Generales de la Municipalidad y podrían financiar programas de fiscalización, seguridad, accesibilidad y modernización del transporte, de acuerdo con las asignaciones presupuestarias correspondientes. Las empresas deberán conservar registros de sus operaciones y proporcionar información suficiente para verificar los importes declarados, respetando las disposiciones sobre protección de datos personales.

El texto también contempla un régimen de infracciones y sanciones para plataformas, titulares de vehículos y conductores. Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves, con multas expresadas en unidades fiscales. Entre las conductas sancionables figuran prestar servicios sin habilitación, utilizar vehículos sin seguro, presentar documentación falsa, incumplir las condiciones de seguridad u obstaculizar las inspecciones municipales. Según la gravedad de cada caso, podrán aplicarse suspensiones, bajas o revocaciones de las autorizaciones.

La implementación del sistema sería progresiva. El proyecto establece plazos para organizar el registro, incorporar las herramientas digitales y permitir que los prestadores existentes regularicen su situación. Durante los primeros tres años, los taxis y remises conservarían determinadas facultades transitorias, pero una vez vencido ese período quedarían sujetos al régimen general. La propuesta también contempla la derogación de disposiciones anteriores que resulten incompatibles con el nuevo esquema.

La iniciativa de Cáceres introduce una reforma que afecta directamente el modelo económico bajo el cual trabajan actualmente taxis y remises. La posibilidad de fijar precios libremente, operar mediante aplicaciones y permitir el ingreso de nuevos vehículos modificaría las condiciones de competencia, mientras que la eliminación progresiva de los cupos terminaría con las restricciones que hasta ahora limitaron el acceso de otros prestadores al servicio.

El proyecto fue presentado ante el Concejo Deliberante el 18 de noviembre y deberá atravesar el correspondiente tratamiento legislativo. Su aprobación dependerá de las decisiones que adopten los concejales y de las modificaciones que puedan surgir durante el debate con taxistas, remiseros, empresas de plataformas y usuarios. Mientras tanto, las disposiciones vigentes continúan regulando el transporte privado de pasajeros en Trelew.

Fuente: información sobre el proyecto remitida a Río Mayo 1935.

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