Siembra de nubes: el Gobierno simplificó las autorizaciones y estableció permisos sin vencimiento
El régimen permite tramitar habilitaciones mediante declaraciones juradas y contempla su aprobación por silencio administrativo, aunque mantiene requisitos técnicos y la posibilidad de revocarlas. La intervención sobre las precipitaciones tiene antecedentes de décadas en el país. En Chubut, la legislación ambiental exige evaluar las actividades que modifiquen la atmósfera.
Las reformas que el Gobierno nacional aprobó entre 2024 y 2026 simplificaron las condiciones para desarrollar trabajos aéreos, entre ellos la siembra de nubes destinada a intentar aumentar lluvias o nevadas, reducir daños por granizo y dispersar niebla. El esquema incluye presentaciones digitales, declaraciones juradas y certificados sin fecha de vencimiento. Esas disposiciones regulan el acceso comercial a una actividad que interviene sobre fenómenos atmosféricos, pero no transfieren a una empresa la propiedad de las lluvias ni eliminan las obligaciones ambientales aplicables.
El Decreto 599/2024, firmado por Javier Milei el 8 de julio y publicado dos días después, aprobó el Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales. En el artículo 11 de su anexo incluyó expresamente la modificación artificial del tiempo atmosférico entre las actividades de trabajo aéreo. La enumeración comprende investigación y control meteorológico, siembra de nubes para incrementar precipitaciones, dispersión de niebla y prevención de granizo.
La ANAC actualizó después los requisitos operativos mediante la Resolución 313/2026, firmada por Oscar Alfredo Villabona el 21 de mayo y publicada el 22. La norma aprobó una nueva edición de la Parte 137 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil, que reúne las disposiciones para trabajo agrícola, combate contra incendios y modificación artificial del tiempo. El organismo fundamentó la reforma en la apertura del mercado a nuevos operadores y el mantenimiento de la seguridad operacional. Al presentar ese conjunto de cambios, el ministro Federico Sturzenegger defendió la eliminación de exigencias administrativas y operativas para distintas actividades aéreas.
La eliminación del vencimiento de los permisos había sido establecida antes, por la Resolución 265/2025, publicada el 11 de abril de ese año. Su artículo 7 dispone que los Certificados de Explotador de Trabajo Aéreo, conocidos como CETA, “no tendrán vencimiento ni requerirán renovación”. La vigencia depende, sin embargo, de que se mantengan los requisitos legales, operacionales y de seguridad. El artículo siguiente permite suspender o retirar la autorización ante incumplimientos.
El trámite exige identificar al solicitante y declarar capacidad técnica y económica, base de operaciones, aeronaves y tripulantes con sus licencias. También requiere contratar los seguros correspondientes antes de comenzar las operaciones. Por eso, describir el procedimiento como una declaración jurada sin ninguna otra condición omite exigencias que la propia reglamentación conserva.
El Decreto 599/2024 sí establece un mecanismo de aprobación por silencio administrativo. La autoridad aeronáutica tiene quince días hábiles para resolver o formular observaciones. Si no responde ni presenta objeciones, el interesado puede pedir pronto despacho; transcurridos otros cinco días hábiles sin pronunciamiento, la solicitud se considera aprobada y corresponde emitir el certificado. Este mecanismo alcanza al régimen de trabajo aéreo en el que está comprendida la siembra de nubes.
La práctica tampoco comenzó con estas reformas. La Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza documenta experiencias de siembra desde 1958, cuando se instalaron generadores terrestres que dispersaban yoduro de plata. Su reconstrucción histórica registra operaciones con aviones desde la etapa iniciada en 1998 y distintas modalidades de participación estatal y privada. La novedad de las disposiciones nacionales está en las condiciones administrativas y operativas, no en la aparición de una técnica hasta entonces inexistente en Argentina.
La siembra consiste en introducir partículas en nubes que presentan condiciones adecuadas para favorecer determinados procesos de formación de precipitación. Uno de los agentes más utilizados es el yoduro de plata. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, conocida como GAO, lo identifica como el compuesto habitual; por eso resulta incorrecto señalar al cloruro de plata como la sustancia principal de estas operaciones. En un informe publicado en diciembre de 2024, el organismo encontró estimaciones de precipitación adicional de entre cero y veinte por ciento en los estudios revisados, aunque advirtió sobre las dificultades para medir el efecto real de la intervención. Ese rango no constituye una garantía de resultados.
La Organización Meteorológica Mundial explica que estas técnicas no permiten crear sistemas nubosos lluviosos de la nada ni transportar humedad hacia una región a voluntad. Reconoce evidencia de eficacia para determinadas intervenciones invernales sobre nubes asociadas al relieve, pero advierte que los resultados dependen de las condiciones naturales y no pueden trasladarse automáticamente de una experiencia a otra. Para la reducción del granizo, la evidencia experimental todavía presenta limitaciones.
Tampoco está demostrado que toda siembra produzca contaminación tóxica o quite necesariamente lluvia a otra localidad. La OMM señala que los estudios publicados sobre las operaciones analizadas no encontraron impactos significativos sobre la salud o el ambiente por el uso de yoduro de plata y otros agentes habituales. Recomienda evaluar especialmente el empleo de cantidades mayores o sustancias nuevas. Los posibles efectos fuera de la zona intervenida, incluidas las áreas hacia las que se desplazan las masas de aire, requieren más investigación.
El antecedente militar durante la guerra de Vietnam es real, aunque la técnica ya se practicaba en Estados Unidos desde la década de 1940. Un memorando del Departamento de Estado fechado el 13 de enero de 1967 describe pruebas del Proyecto Popeye realizadas en Laos durante octubre de 1966 y una propuesta para sostener las operaciones sobre rutas de abastecimiento. El objetivo era aumentar las precipitaciones para dificultar el tránsito militar entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Ese documento acredita su utilización con fines bélicos, pero no permite afirmar que la siembra de nubes haya nacido en aquella guerra.
El alcance jurídico de los permisos aeronáuticos también debe distinguirse de las decisiones sobre los recursos naturales. El artículo 124 de la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos existentes en su territorio. La Ley General del Ambiente 25.675 exige una evaluación previa para las actividades susceptibles de provocar una degradación ambiental significativa o afectar de esa manera la calidad de vida de la población. Por lo tanto, una habilitación de la ANAC no sustituye las aprobaciones ambientales que correspondan al proyecto.
En Chubut existe una disposición directamente relacionada con este tipo de intervención. El Código Ambiental, Ley XI Nº 35, incluye en su artículo 31, inciso h, a las actividades que “modifiquen cuali-cuantitativamente la atmósfera y el clima” entre aquellas degradantes o susceptibles de degradar el ambiente. El artículo 30 las somete a evaluación de impacto ambiental, tanto si son impulsadas por organismos públicos como por particulares. Una eventual operación de siembra de nubes tendría que examinarse también bajo ese régimen provincial.
El artículo 32 del mismo código establece qué debe contener esa evaluación: identificación del proyecto y sus responsables, descripción del ambiente antes de la intervención, estimación de impactos y detalle de las emisiones previstas. También exige medidas de prevención, planes de contingencia y un programa de monitoreo durante las distintas etapas de la actividad. Son obligaciones que deben considerarse al analizar cualquier propuesta concreta para intervenir sobre las precipitaciones en territorio chubutense.
Fuentes consultadas: Decreto 599/2024; resoluciones ANAC 265/2025 y 313/2026; Constitución Nacional; Ley General del Ambiente 25.675; Código Ambiental del Chubut, Ley XI Nº 35; Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza; declaración de la Organización Meteorológica Mundial sobre modificación del tiempo; informe GAO-25-107328; documentación histórica del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el Proyecto Popeye.
