En medio del debate por la Ley Bases, Mayans no logró los votos para frenar la privatización de Nucleoeléctrica
El senador formoseño José Mayans propuso tratar sobre tablas un proyecto que buscaba impedir la venta de Nucleoeléctrica Argentina S.A., en un contexto de creciente tensión por las facultades que la Ley Bases otorga al Ejecutivo para desprenderse de activos estatales. La UCR y senadores alineados con gobernadores provinciales bloquearon la moción.
Durante la última sesión del Senado, el jefe del bloque peronista, José Mayans, intentó sin éxito introducir sobre tablas un proyecto destinado a proteger a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) frente a los planes de privatización impulsados por el Gobierno nacional. El tratamiento urgente de la iniciativa requería una mayoría especial de dos tercios, que el oficialismo no consiguió reunir debido a la falta de apoyo de la UCR y de varios senadores referenciados en mandatarios provinciales.
El trasfondo del intento está directamente vinculado a la Ley Bases, que habilita al Poder Ejecutivo a vender o incorporar capital privado en empresas estatales consideradas no estratégicas. Entre ellas figura Nucleoeléctrica, operadora de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, pieza clave del sistema energético argentino. La posibilidad de que sea transferida al sector privado generó alarma entre especialistas y sectores políticos que advierten sobre el riesgo de perder soberanía tecnológica y control estratégico en materia nuclear.
Mayans sostuvo que la propuesta buscaba “resguardar el patrimonio de todos los argentinos”, pero la moción fue rechazada al no alcanzar los votos necesarios. Según trascendió, los senadores de Chubut se contaron entre quienes no acompañaron el pedido de tratamiento, en sintonía con la posición de la UCR y de varios gobernadores que prefirieron no habilitar el debate.
Con el resultado, el proyecto deberá seguir el trámite legislativo tradicional y ser analizado en comisión. Mientras tanto, continúa abierto el debate sobre el futuro de las empresas públicas y el alcance real de las facultades que la Ley Bases concede al Ejecutivo para avanzar en su desinversión.
