Chubut: los sueldos millonarios de la cúpula provincial frente a la realidad de los trabajadores del Estado
Una investigación sobre la estructura salarial del Estado provincial, su contraste con los haberes de los trabajadores y las contradicciones políticas que deja al descubierto.
Mientras los gremios estatales discuten con la administración de Ignacio Torres una recomposición que apenas intenta alcanzar la canasta básica, los listados del portal de Transparencia del Gobierno del Chubut (sistemas.chubut.gov.ar/sueldos) exhiben un cuadro que choca con la vida del trabajador público promedio. Con corte de septiembre de 2025 —según se visualiza en la plataforma oficial— aparecen haberes de dos cifras millonarias en un puñado de agentes que ocupan posiciones jerárquicas dentro de la administración.
La propia página aclara que la columna “Salario” no necesariamente coincide con el “neto a pagar”, porque agrega rubros de liquidación que pueden inflar el monto del mes observado. Aun con ese reparo, la magnitud y la concentración de esos números alcanzan para encender la discusión: la cúspide del Estado provincial percibe ingresos que no se parecen a la escala pública tradicional.
En la punta del listado figura Graciela Alejandra Ponce, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos, con $19.804.275, el monto más alto detectado hasta ahora en la administración provincial. Le siguen Germán Schreyer, identificado por diversas fuentes como personal de carrera de la misma repartición, con $18.722.008,90, y Miguel Ángel Jones, de la Administración de Vialidad Provincial, con $18.195.962,15. Un poco más abajo aparece Rodrigo Alexis Melinao, dentro de la estructura administrativa central, con $15.630.527,88.
La franja siguiente vuelve a subrayar la centralidad de Servicios Públicos en la pirámide salarial: María Curiqueo, del área social, con $14.169.195,53; Karina Beatriz Gueinasso, subtesorera de la Dirección General de Servicios Públicos, con $13.798.441,69; Diana Elizabeth Evans, con $13.433.962,24; y Celeste Candela Silbering, integrante del Ministerio de Gobierno, que percibe $11.368.290,33. Completan el grupo Verónica Necul, con $10.653.539,19; Sebastián Gelvez Granillo, de la Dirección de Impresiones Oficiales, con $10.477.358,31; Daniel Alberto López, con $10.201.945,78; y Marcelo Luis Lizurume, Escribano General de Gobierno, con $10.159.789,00.
La ubicación institucional es un dato político de peso: salvo excepciones como Vialidad (Jones) y Escribanía General (Lizurume), la mayoría de los sueldos más altos se concentran en la Subsecretaría de Servicios Públicos, bajo el Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación. Esa precisión fue reforzada por publicaciones recientes en InfoCordillera y Chubut Digital, que publicaron respectivamente los listados del “top 20” y “top 12” de los sueldos de Servicios Públicos, ambos extraídos del portal oficial.
Los registros posteriores del portal oficial —ya correspondientes a los meses de julio y agosto— revelan que la tendencia no sólo se mantuvo, sino que se acentuó. En esa misma dependencia figuran Tomás Benavídez ($16.198.823,09), Delfor Óscar Laspiur ($16.178.638,07) y Raúl Morón ($14.488.847,70), todos con categorías jerárquicas altas dentro de la estructura energética. El listado confirma que el área de Servicios Públicos y Energías Renovables se consolidó como la de mayor nivel adquisitivo del Estado, muy por encima de sectores esenciales como Salud, Educación o Seguridad, cuyos promedios salariales —según datos oficiales— se ubican entre uno y dos millones mensuales.
Las cifras del propio portal de Transparencia ayudan a dimensionar el contraste. En una misma planilla oficial —correspondiente a julio de 2025— aparece, por ejemplo, personal del ámbito educativo con salarios que apenas superan los $740.000, mientras que en esa misma nómina figuran funcionarios de Servicios Públicos que superan los $18 y $19 millones. Un docente de jornada simple ronda hoy esos valores, un médico de planta del sistema público provincial alcanza aproximadamente $1.700.000 incluyendo guardias, y un enfermero profesional difícilmente supere el millón de pesos. En seguridad, incluso la Plana Mayor de la Policía del Chubut se mueve muy por debajo de los diez millones: los últimos anuncios oficiales hablaban de mejoras, pero no existen registros de sueldos que se acerquen a los 10–19 millones observados en Servicios Públicos. La proporción final es elocuente: entre diez y quince veces de diferencia dentro del mismo Estado.
Muchos de los funcionarios que figuran en este tramo tienen rango de dirección o funciones de toma de decisiones. Desde esos despachos se diseñan políticas para el interior provincial, se definen presupuestos y se regulan servicios que afectan directamente a las comunidades. El problema no es que un profesional cobre bien —nadie discute la responsabilidad técnica ni la antigüedad—, sino la brecha de experiencia cotidiana que se abre cuando los que deciden sobre los destinos del interior viven una realidad económica completamente distinta. Esa distancia termina reproduciendo un Estado que piensa desde el centro y legisla desde el confort, mientras los pueblos del sur, del valle o de la meseta siguen lidiando con salarios que no alcanzan, servicios que no llegan y precios que crecen.
A modo de comparación, los diputados provinciales del Chubut perciben actualmente entre cinco y ocho millones mensuales, según estimaciones parlamentarias y publicaciones de medios provinciales. Por su parte, el gobernador Ignacio Torres ha declarado públicamente que dona sus haberes, pero esa decisión nunca fue debidamente transparentada: no se conoce de manera oficial el monto exacto de su salario, ni el mecanismo ni los destinatarios de la presunta donación. Tampoco existen, al menos de forma pública y accesible, informes o resoluciones administrativas que acrediten si esa práctica continúa vigente o si fue un gesto acotado al inicio de su gestión. Esa falta de claridad, en un gobierno que se presenta como abanderado de la transparencia, debilita el discurso de ejemplaridad y refuerza la necesidad de revisar los datos oficiales como una cuestión de derecho ciudadano.
Estos valores —que corresponden a los cargos políticos de mayor jerarquía— quedan muy por debajo de los salarios de 14, 16 o incluso 19 millones que se pagan en dependencias técnicas como la Subsecretaría de Servicios Públicos. Esa desproporción no sólo pone en cuestión el principio de equidad dentro del Estado, sino que desdibuja la lógica de las responsabilidades públicas: funcionarios o técnicos jerárquicos, en áreas administrativas o energéticas, terminan ganando más del doble que quienes definen políticas, sancionan leyes o conducen los destinos de la provincia. Es, en definitiva, un espejo del desfasaje estructural que atraviesa la administración chubutense: el esfuerzo y la responsabilidad no siempre se traducen en una escala salarial coherente.
Esta situación, además, colisiona con el discurso oficial del propio gobernador Ignacio Torres, quien ha hecho de la lucha contra la corrupción y la defensa de la justicia uno de los pilares de su narrativa pública. Sin embargo, estos haberes desorbitantes se dan frente a sus ojos, bajo la órbita de su propio gobierno, y amparados por el mismo Estado que promueve la equidad. Esto no implica que se haya cometido una ilegalidad: la mayoría de los casos responde a derechos adquiridos, escalas construidas a lo largo de años, acuerdos paritarios y regímenes específicos que han sido avalados por los propios gremios que nuclean a esos trabajadores. Por eso, la discusión no es jurídica ni personal, sino ética y política: ¿cómo sostener un discurso de justicia social cuando dentro del mismo Estado hay salarios que multiplican por quince o veinte los haberes de un docente, un policía o un enfermero?
El desafío —si el mensaje de “igualdad para todos los chubutenses” quiere hacerse realidad— pasa por revisar integralmente la estructura salarial del Estado, para que quienes hoy perciben sueldos de miseria, muchas veces cumpliendo funciones esenciales y de riesgo, puedan acceder a una retribución justa. Porque también ellos son servidores públicos, y su compromiso cotidiano con la salud, la seguridad o la educación merece ser reconocido con dignidad. La intención de este trabajo no es señalar ni desacreditar a quienes perciben los salarios más altos, sino visibilizar una desigualdad estructural que impacta en la confianza del contribuyente hacia el Estado. En definitiva, todos los mencionados —como cualquier empleado público— son parte de un mismo sistema que necesita transparencia, proporcionalidad y coherencia entre lo que predica y lo que paga.
Nota de responsabilidad editorial
Este artículo se basa en información pública y oficial del Gobierno del Chubut y en publicaciones periodísticas (InfoCordillera, Chubut Digital, Diario Jornada y el portal de Transparencia estatal*). Las cifras citadas corresponden al período julio a septiembre de 2025 y pueden incluir componentes remunerativos y no remunerativos informados en los listados oficiales. La mención de nombres y dependencias responde exclusivamente a fines informativos y de interés público, conforme a la Ley 25.326 (Protección de Datos Personales), la Ley 27.275 (Acceso a la Información Pública) y la Ley Nacional 12.908 (Estatuto del Periodista Profesional). No se realiza imputación ni valoración personal alguna sobre los agentes mencionados, cuyos datos provienen de registros de acceso público.
