Consignas, no convicciones: la política del simulacro
En este medio venimos analizando desde hace tiempo tres temas que hoy se entrelazan para desnudar el verdadero rostro del poder en Chubut: la reforma de los fueros, la publicidad oficial y la estrategia de comunicación del gobierno provincial.
Detrás del relato del “fin de los privilegios” y la promesa de “transparencia institucional” se construyó un dispositivo político que combinó oportunismo, marketing y manipulación informativa.
Nada de lo ocurrido fue inocente: cada paso respondió a una estrategia cuidadosamente planificada.
Primero, crear un discurso moralizador; después, blindar mediáticamente ese discurso; y finalmente, ocultar los números reales del gasto público hasta después de las elecciones.
El resultado fue una victoria aparente en las urnas, pero una derrota silenciosa para la calidad democrática.
El gobernador Ignacio Torres entendió como pocos el hartazgo social con la política.
Leyó el enojo de la gente ante los privilegios y supo traducirlo en consignas diseñadas por consultoras y focus groups.
Su gobierno es el ejemplo perfecto de una política que ya no se construye sobre convicciones, sino sobre frases testeadas para encajar en la sensibilidad del momento.
De esa lectura nació su bandera más mediática: “El fin de los fueros”.
Un eslogan poderoso, eficaz, casi inapelable.
Pero también profundamente engañoso.
La eliminación de los fueros fue presentada como una revolución moral.
Sin embargo, lo que el pueblo votó el domingo 26 de octubre de 2025, durante las elecciones de medio término, fue una reforma parcial, una enmienda constitucional que dejó intactos los privilegios del gobernador y del vicegobernador.
El referéndum, que obtuvo el 63 % de apoyo, fue la culminación de una campaña publicitaria donde el mensaje se impuso al contenido.
Los ciudadanos creyeron estar votando por la igualdad ante la ley, pero en los hechos, el poder se reservó para sí mismo la excepción.
En la Constitución del Chubut, los artículos 252 y 253 siguen vigentes.
El primero establece que, ante una causa penal contra el gobernador o el vice, el juez debe solicitar a la Legislatura el inicio de juicio político, y el proceso queda suspendido hasta que haya decisión.
El segundo dispone que, sin desafuero, la acción penal se paraliza y se retoma recién una vez terminado el mandato.
Dicho en palabras simples: los fueros que se eliminaron no fueron los del Ejecutivo.
Y sin embargo, Torres firmó la promulgación de la enmienda y se lanzó a los medios nacionales con la frase que perseguía desde el inicio:
“Chubut es la primera provincia que se anima a eliminar los fueros.”
Un título breve, vendedor, pero falso en su alcance.
El poder político no se despojó de privilegios; se los reservó.
La maniobra no solo fue política: fue ética y jurídicamente peligrosa.
Los ciudadanos de Chubut no votaron con información completa, votaron bajo una consigna reducida y sesgada.
Durante toda la campaña, el mensaje oficial fue uno solo: “eliminar los fueros”.
Nunca se explicó —ni en los medios oficiales ni en la publicidad institucional— que los fueros del gobernador y del vicegobernador permanecerían intactos.
Esa omisión no fue un descuido: fue parte del plan.
Porque si el votante hubiese sabido que la reforma no incluía a las máximas autoridades del Ejecutivo, el “sí” no habría alcanzado la contundencia que se presentó como respaldo popular.
En términos democráticos, eso equivale a viciar la voluntad popular.
Cuando el ciudadano vota desinformado, no elige libremente: es inducido a elegir.
Pero el uso de la consigna no fue el único mecanismo.
Hubo un complemento necesario: el blindaje mediático.
Durante meses, los medios de la provincia —e incluso muchos nacionales— fueron sostenidos con una pauta oficial sin rendición pública.
La estrategia fue clara: quien paga el mensaje, controla el silencio.
Los medios que debían fiscalizar al poder se convirtieron en sus voceros, y los periodistas que se animaron a señalar las inconsistencias fueron aislados o invisibilizados por los algoritmos y las granjas de cuentas falsas que operan desde el aparato comunicacional estatal.
El resultado: una ciudadanía informada solo por los canales del propio gobierno.
Mientras tanto, los pedidos de informes legislativos se apilaban sin respuesta.
El primero fue presentado el 7 de agosto de 2024 por el bloque Arriba Chubut, solicitando al Ejecutivo el detalle completo de la pauta oficial: montos, medios, agencias y criterios de asignación.
El plazo de cinco días venció, el gobernador pidió prórroga y el tema fue postergado.
La prórroga, a su vez, fue prorrogada.
El silencio no fue burocrático: fue táctico.
Mostrar los números antes de las elecciones hubiera sido suicida.
Por eso el Ejecutivo decidió callar, ganar tiempo y mantener la opacidad hasta pasar las urnas.
En paralelo, la diputada Andrea Toro (PICH) también había solicitado información sobre la distribución de la pauta amparándose en la Ley I Nº 156 de Acceso a la Información Pública.
El primer pedido, ingresado el 6 de septiembre de 2024, jamás fue respondido.
El segundo, del 8 de octubre, tampoco.
Ambos pedían conocer cuántos medios y agencias de publicidad son proveedoras del Estado.
Silencio otra vez.
La falta de respuesta no fue un accidente: fue una política institucionalizada de ocultamiento.
No se trató de un olvido, sino de una decisión: blindar con dinero público el discurso oficial mientras se callan los números que lo sostienen.
Mientras el gobierno seguía sin rendir cuentas, el periodista Luis A. Dupuy, veterano y respetado en la provincia, continuaba un seguimiento diario de la pauta oficial.
Hoy se anima a decir que el gasto publicitario ya superaría los 20 mil millones de pesos, aunque la cifra exacta no puede saberse por la falta de informes oficiales y por la documentación que el Ejecutivo se niega a publicar.
Dupuy advierte que, si no llegan las respuestas a los pedidos de informes del Bloque Justicialista y del diputado Gustavo Fita, el tema será judicializado.
Y aquí aparece la paradoja final.
¿Con qué juez podría judicializarse un caso así en Chubut, si los jueces ya no tienen fueros?
Un juez o un fiscal, con solo una denuncia, puede ser apartado de una causa, suspendido o sometido a un jury de enjuiciamiento, sin siquiera una prueba firme.
Con tan solo poner en duda su idoneidad, una investigación puede quedar empantanada durante años, hasta que aparezca alguien más “conveniente”, más condescendiente, más funcional al poder.
En ese tiempo, los expedientes prescriben, los testigos se olvidan, y la justicia se disuelve.
Así se configura el nuevo mapa de poder: un gobernador con fueros, un vice blindado, una justicia atemorizada y una prensa sostenida por la pauta oficial.
El poder político no solo se blindó con dinero: se blindó con miedo y silencio.
La llamada “eliminación de los fueros” no fue un acto de transparencia, sino una maniobra de concentración de poder.
Y la falta de rendición sobre la pauta oficial no fue un descuido, sino una decisión estratégica para sostener el relato hasta después de las elecciones.
Ahora que los legisladores evalúan judicializar el tema, la pregunta es inevitable:
¿qué juez o fiscal se atreverá a avanzar contra un gobernador con fueros, en una provincia donde los jueces no los tienen?
Ese es el cierre del círculo: sin justicia independiente, sin prensa libre y sin información pública, no hay república posible.
Porque en política, cuando la transparencia se dosifica y la verdad se esconde, el pueblo no vota informado: vota inducido.
Y ese es el punto donde las consignas reemplazan a las convicciones, y la democracia se vacía de contenido.
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