Sarmiento: parálisis institucional prolongada tras elecciones municipales de medio término
Entre empates, autoproclamaciones, renuncias y suspensiones de servicios, Sarmiento atraviesa semanas de tensión política e institucional mientras se aguarda el pronunciamiento de la Justicia.
Tras las elecciones municipales de medio término, la conformación del Concejo Deliberante presentaba un escenario inédito. En la sesión preparatoria para designar autoridades, se produjo un empate en la votación para definir quién sería el presidente: Rubén Camarda, del oficialismo, o Martín Fernández, del vecinalismo.
El oficialismo interpretó que, según la Carta Orgánica Municipal, Camarda podía ejercer el doble voto y asumir la presidencia, mientras que la oposición sostuvo que debía aplicarse el Reglamento Interno del Concejo, que establece de manera clara que, en caso de empate en la sesión preparatoria, el presidente corresponde al primer concejal de la lista que se proclamó ganadora en la última elección, en este caso Martín Fernández. De confirmarse esta interpretación, sería un hecho inédito, ya que la oposición asumiría el control del Poder Legislativo local. La controversia fue elevada a la Justicia por Alternativa Vecinal, que espera un pronunciamiento sobre la legitimidad de la presidencia del Concejo.
Días después, la situación se agravó con la autoproclamación de Rubén Camarda como presidente del Concejo, atribuyéndose la potestad del doble voto con el acompañamiento de concejales oficialistas y aliados. La oposición consideró esta acción una irregularidad institucional, y propuso que la presidencia fuese ejercida de manera provisoria por la vicepresidenta segunda, Paola Natalia Aguiar, hasta que la Justicia se expida.
El 30 de diciembre de 2025, los concejales de Alternativa Vecinal presentaron una nota formal en la que dejaron constancia de su oposición a todas las resoluciones, actos administrativos y convocatorias a sesiones dictadas por Camarda, incluidas las extraordinarias. Advirtieron que la continuidad de esas acciones podría generar nulidades y afectar la legalidad de las decisiones del cuerpo. En paralelo, se registró un cuarto intermedio que se prolongó aproximadamente cuatro días, profundizando la parálisis institucional.
La tensión se mantuvo cuando renunció el concejal Carlos Camargo, abriendo un nuevo conflicto sobre la integración del Concejo. Según la oposición, el reemplazo no respetó el orden de suplencias ni los criterios de paridad de género, lo que volvió a poner en discusión la legitimidad de las decisiones del cuerpo. Según un dictamen de la Secretaría Electoral Permanente de Chubut, el concejal suplente que debe asumir es Lucas Gognat, primer suplente electo, cumpliendo con la normativa electoral provincial. De concretarse la asunción, el Concejo Deliberante completaría nuevamente sus nueve miembros, fortaleciendo su funcionamiento institucional.
En paralelo, el Departamento Ejecutivo municipal informó a la comunidad que, debido a que el Concejo Deliberante aún no había aprobado la nueva Ordenanza General Impositiva 2026, el municipio no podrá cobrar impuestos ni tasas del año en curso. La medida afecta la emisión de habilitaciones y rehabilitaciones comerciales, la entrega y renovación de licencias de conducir, el cobro de patentes automotor y las autorizaciones de obras y visado de planos. También quedan suspendidos los sellados y resellados por faena de animales y otras autorizaciones de bromatología, la emisión de libretas sanitarias y carnets de manipulación de alimentos, así como el cobro de ingresos a Camping Municipal, Parque Paleontológico, Museo y otros espacios públicos hasta que se definan por ordenanza los costos de acceso. La suspensión alcanza también a planes de pago permanentes incluidos en la tarifaria y al ingreso de distribuidores de otras jurisdicciones.
Desde Alternativa Vecinal se insistió en que existe presupuesto vigente, con un incremento superior al 40 por ciento que supera los 40 mil millones de pesos. Recordaron el artículo 61 de la Carta Orgánica, que establece la prórroga automática del presupuesto del año anterior hasta su aprobación, con los ajustes correspondientes a las paritarias municipales. Además, reiteraron que la única forma de garantizar la validez legal de una sesión del Concejo es que sea presidida por Paola Aguiar, y no participarán de sesiones que consideren irregulares, llamando a todas las fuerzas políticas a buscar una salida institucional respetando la normativa vigente hasta que se expida el Poder Judicial.
La crisis institucional se da en un marco político marcado por la pérdida de la mayoría del oficialismo tras las elecciones municipales de medio término, lo que ha intensificado la presión entre los bloques y ha generado suspensiones de servicios, retrasos en la toma de decisiones y cuestionamientos cruzados sobre la presidencia del Concejo y la aprobación de la nueva ordenanza tarifaria.
En Sarmiento, los hechos que incluyen la controversia por la sesión preparatoria, la autoproclamación de la presidencia, los cuartos intermedios prolongados, la renuncia de concejales, los reemplazos cuestionados y la suspensión de servicios municipales configuran un escenario de conflicto político e institucional prolongado, mientras la Justicia sigue analizando los planteos de la oposición sobre la legalidad de las decisiones adoptadas.
