Senguer: un explosivo pedido de informes acorrala al oficialismo y al PJ por la ordenanza Mallmann
La oposición presentó un extenso pedido de informes para reconstruir cómo se redactó, ingresó y aprobó sobre tablas la ordenanza que cedió un terreno ribereño municipal a la Fundación “Restaurant Escuela Francis Mallmann”. El planteo puso bajo presión al oficialismo y al PJ dentro del recinto, donde —según fuentes presentes en la sesión— el clima comenzó a tensarse a medida que avanzaba la lectura del documento y crecían los interrogantes sobre el expediente, la documentación técnica y el procedimiento legislativo utilizado para aprobar la norma.
Durante la sesión ordinaria realizada el pasado jueves 7 de mayo en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Alto Río Senguer, los concejales Fernando Becerra y Juan Amarrilla, del bloque Acción Vecinal Senguer, presentaron un extenso y contundente pedido de informes para que se remita toda la documentación vinculada al procedimiento de formación, tratamiento y aprobación de la Ordenanza N° 1.197/26, normativa que autorizó la cesión en comodato gratuito de un terreno ribereño municipal a favor de la Fundación “Restaurant Escuela Francis Mallmann”.
La presentación se da en medio de una discusión pública que ya trascendió el ámbito local y comenzó a instalarse con fuerza en redes sociales, medios regionales y distintos espacios políticos. Con el correr de los días, el eje del debate dejó de pasar únicamente por el emprendimiento gastronómico y turístico en sí, para empezar a concentrarse sobre otro punto mucho más sensible: cómo se construyó y aprobó una ordenanza que, según sostiene la oposición, nunca atravesó el tratamiento legislativo previo correspondiente dentro del Concejo Deliberante.
En ese contexto, el pedido de informes presentado por Acción Vecinal Senguer no sólo profundiza el conflicto político abierto tras la aprobación sobre tablas de la norma el pasado 23 de abril, sino que además traslada la discusión hacia un terreno mucho más incómodo para el oficialismo alineado al intendente Miguel Mongilardi y para la concejal Mirta Levrier, del PJ – Arriba Chubut, cuyo acompañamiento terminó siendo clave para alcanzar la mayoría simple que permitió aprobar la ordenanza.
Porque ahora el eje empieza a correrse hacia los expedientes, los dictámenes, la documentación técnica y la reconstrucción administrativa de cómo se arribó a la votación final. Y eso fue justamente lo que comenzó a sentirse dentro del recinto durante la lectura del pedido.
Según pudo reconstruir este medio a partir de distintas fuentes presentes en la sesión, el nivel de detalle y profundidad del planteo terminó sorprendiendo a parte del oficialismo y también a sectores que acompañaron la aprobación de la norma, quienes no esperaban que la oposición avanzara tan a fondo sobre el procedimiento legislativo y administrativo de la ordenanza.
Fuentes consultadas señalaron que, a medida que avanzaba la lectura del documento, comenzaron a percibirse cambios en los gestos y en el clima dentro del recinto. Lo que inicialmente parecía un nuevo cuestionamiento político terminó transformándose en un planteo mucho más complejo: la reconstrucción documental de cómo se redactó, ingresó y terminó aprobándose una ordenanza que hoy sigue generando fuertes interrogantes públicos.
El pedido solicita el expediente administrativo completo desde su ingreso hasta la aprobación final, constancias de tratamiento en comisión, órdenes del día, actas de sesión, dictámenes emitidos y “toda versión previa o borrador que haya sido considerado” respecto del texto finalmente aprobado.
Sin embargo, uno de los puntos más sensibles del planteo apunta directamente al origen de la redacción sancionada. Allí, los concejales solicitaron expresamente la “identificación del origen y autoría de la redacción del texto aprobado, indicando si el mismo fue elaborado en el ámbito del Concejo Deliberante o remitido por el Departamento Ejecutivo u otro organismo”.
Ese tramo se conecta directamente con las declaraciones públicas que viene realizando el concejal Fernando Becerra, quien sostuvo que “la ordenanza nunca pasó por comisión”, asegurando además que la oposición desconocía el origen del texto que terminó siendo aprobado sobre tablas.
A partir de ahí, el conflicto comienza a cambiar de escala política. Porque el pedido de informes no se limita a cuestionar el contenido de la ordenanza ni el emprendimiento anunciado, sino que obliga ahora al oficialismo y al PJ a exhibir qué documentación existía efectivamente al momento de levantar la mano y aprobar la cesión del terreno ribereño.
En paralelo, el documento avanza sobre otro de los ejes más delicados de toda la discusión: la falta de respaldo técnico integral dentro del expediente. Allí se solicitó formalmente la remisión de proyecto ejecutivo, planos, memoria descriptiva, estudios ambientales, informes técnicos del Instituto Provincial del Agua, evaluaciones vinculadas al riesgo hídrico y toda documentación relacionada con infraestructura, efluentes y desarrollo urbanístico del sector involucrado.
De hecho, uno de los párrafos centrales del pedido sostiene que el cuerpo deliberativo debe “velar por el cumplimiento del procedimiento legislativo previsto en su reglamento interno, así como por la debida fundamentación técnica y legal de los actos que involucren la disposición de bienes del dominio municipal, especialmente cuando los mismos se encuentran en áreas ambientalmente sensibles como la ribera del Río Senguer”.
El pedido también requiere información vinculada a la constitución y situación institucional de la Fundación “Restaurant Escuela Francis Mallmann”, incluyendo acta constitutiva, inscripción, autoridades y documentación legal correspondiente. Todo esto ocurre en momentos donde distintos sectores vienen señalando que muchas de las definiciones expuestas posteriormente por el Ejecutivo municipal no aparecen incorporadas dentro del expediente legislativo tratado por el Concejo.
Otro de los puntos que comenzó a generar preocupación política dentro del recinto fue el tramo donde Acción Vecinal Senguer solicitó conocer si existió intervención de asesoría letrada y, en caso contrario, los “fundamentos de su ausencia”, abriendo otro frente de discusión sobre las condiciones jurídicas con las que se avanzó en el tratamiento y aprobación de la ordenanza.
La presentación fija además un plazo perentorio de cinco días hábiles administrativos para la remisión de la documentación solicitada y deja expresamente reservada la posibilidad de impulsar acciones administrativas y judiciales ante eventuales irregularidades o incumplimientos normativos.
Así, el pedido de informes presentado por Acción Vecinal Senguer empieza a transformar una discusión política local en un conflicto institucional mucho más amplio, donde el centro de la escena ya no pasa solamente por el anuncio del restaurant escuela, sino por la necesidad de reconstruir documentalmente cómo se redactó, bajo qué condiciones se incorporó al recinto y con qué respaldo técnico, administrativo y legal terminó aprobándose una de las ordenanzas más debatidas de los últimos años en Alto Río Senguer.
