Judiciales y magistrados piden el juicio político contra Javier Raidan
El Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut y la Asociación de la Magistratura presentaron ante la Legislatura un nuevo pedido de juicio político contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia. La denuncia, respaldada por un expediente de 70 páginas, sostiene que incurrió en mal desempeño al comprometer la independencia del Poder Judicial, impulsar aumentos salariales cuestionados y adoptar decisiones administrativas que, según los denunciantes, vulneran la Constitución y la legislación provincial. La presentación reaviva uno de los conflictos institucionales más profundos de los últimos años y vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del máximo tribunal chubutense.
El nombre de Javier Raidan vuelve a quedar en el centro de la escena política y judicial de Chubut. Esta vez no por un fallo del Superior Tribunal de Justicia ni por una decisión administrativa del máximo órgano judicial de la provincia, sino porque dos de las organizaciones más representativas del Poder Judicial —el Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut (SITRAJUCH) y la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial— resolvieron avanzar nuevamente sobre la vía institucional más severa que prevé la Constitución: solicitar su juicio político y pedir su destitución.
La presentación ingresó a la Legislatura con el patrocinio de los abogados José Raúl Heredia y Alfredo Pérez Galimberti y constituye el segundo intento de llevar al presidente del Superior Tribunal al proceso previsto en el artículo 198 de la Constitución Provincial. No se trata de una denuncia basada en un único episodio. Por el contrario, reúne una extensa reconstrucción de hechos ocurridos durante los últimos meses, acompañada por acordadas, resoluciones, legislación, jurisprudencia nacional e internacional y antecedentes administrativos con los que los denunciantes buscan demostrar la existencia de un patrón de conducta incompatible con la función que ejerce Raidan.
El expediente dedica buena parte de su contenido a una cuestión que, para quienes impulsan la denuncia, trasciende cualquier discusión salarial o administrativa: la independencia del Poder Judicial. Los denunciantes sostienen que un juez no solamente debe actuar con imparcialidad, sino también ofrecer garantías de independencia frente a los demás poderes del Estado. Sobre esa base citan fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y principios aprobados por las Naciones Unidas para afirmar que, durante la gestión de Raidan, esa garantía comenzó a deteriorarse.
Ese argumento encuentra uno de sus principales apoyos en el conflicto salarial que atravesó al Poder Judicial durante 2025. Todo comenzó cuando trascendió que los ministros del Superior Tribunal habían aprobado distintos acuerdos plenarios mediante los cuales incorporaban adicionales a sus remuneraciones. Según la denuncia, esos incrementos fueron establecidos por fuera del régimen fijado por la Ley de Porcentualidad, norma que regula cómo deben determinarse los salarios dentro del Poder Judicial.
El expediente sostiene que esas decisiones permitieron que el presidente del Superior Tribunal incrementara su remuneración en aproximadamente un 50%, mientras que los vicepresidentes alcanzaron un aumento cercano al 45% y el resto de los ministros alrededor del 20%. Esos porcentajes fueron cuestionados por el gremio judicial, que denunció que no existía respaldo legal suficiente para incorporar esos adicionales y que se alteraba un sistema salarial vigente desde hacía casi dos décadas.
La reacción no tardó en llegar. SITRAJUCH declaró el estado de alerta y movilización, realizó asambleas en toda la provincia, dispuso retenciones de servicios y posteriormente convocó a paros. Mientras el conflicto escalaba, el propio Raidan convocó al sindicato a una reunión para intentar encontrar una salida. Sin embargo, cuando las partes debían volver a encontrarse, el presidente del Superior Tribunal comunicó que la situación quedaba sujeta a una resolución dictada por la entonces Secretaría de Trabajo del Poder Ejecutivo.
Es precisamente ese episodio el que ocupa uno de los capítulos más extensos de la denuncia. Los denunciantes consideran que aceptar la intervención de una dependencia del Poder Ejecutivo en un conflicto interno del Poder Judicial significó resignar una facultad propia del máximo tribunal provincial y quebrar el principio de división de poderes. A partir de esa decisión, el sindicato promovió una acción de amparo en la que cuestionó la competencia de la Secretaría de Trabajo para intervenir en esa controversia, un planteo que todavía forma parte de los antecedentes citados en el expediente.
La denuncia también reconstruye otro momento clave del conflicto: las declaraciones públicas del gobernador Ignacio Torres cuando el aumento de los ministros ya había generado una fuerte repercusión política y mediática. El mandatario reclamó públicamente que el Superior Tribunal retrotrajera esos incrementos salariales y pidió además que el Poder Judicial se incorporara al censo de empleados públicos impulsado por el Ejecutivo.
Los denunciantes destacan que pocos días después de esas declaraciones el Superior Tribunal dejó sin efecto las acordadas que habían originado el conflicto salarial y posteriormente resolvió adherir al censo. Para quienes impulsan el juicio político, esa secuencia demuestra una subordinación institucional frente al Poder Ejecutivo que resulta incompatible con la autonomía que la Constitución reconoce al Poder Judicial. Incluso incorporan declaraciones posteriores del propio gobernador en las que sostuvo que muchas veces podía anticipar cómo fallaría un juez según quién lo hubiera designado, afirmaciones que, según sostienen, nunca recibieron una respuesta institucional por parte del presidente del Superior Tribunal.
El expediente no limita sus cuestionamientos al conflicto salarial. También pone bajo análisis varias decisiones adoptadas durante la gestión de Raidan en materia de organización interna del Superior Tribunal. Una de ellas fue la creación de la figura de los llamados “ministros referentes”, mediante la cual determinadas funciones administrativas comenzaron a distribuirse entre distintos integrantes del cuerpo.
Para los denunciantes, esa decisión carece de respaldo constitucional porque la Ley Orgánica asigna determinadas facultades exclusivamente al presidente del Superior Tribunal y no habilita su delegación. En el mismo sentido cuestionan el sistema implementado para la firma digital de sentencias y resoluciones, al sostener que permite que un mismo fallo sea firmado por distintos ministros en días diferentes e incluso desde lugares distintos al asiento del tribunal, alterando —según afirman— requisitos esenciales previstos por la legislación procesal.
Otro de los antecedentes incorporados al pedido de juicio político es la denuncia penal promovida por la Asociación de la Magistratura respecto de distintas decisiones administrativas adoptadas dentro del Superior Tribunal. Aunque esa causa fue desestimada por el Ministerio Público Fiscal, los denunciantes sostienen que la responsabilidad penal y la responsabilidad política siguen caminos diferentes y que la Legislatura conserva plena facultad para evaluar si los hechos descriptos configuran mal desempeño en el ejercicio de la función pública.
La nueva presentación coincide además con un momento de fuerte exposición pública de Javier Raidan. Durante los últimos meses mantuvo reuniones institucionales con autoridades nacionales, entre ellas el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. Paralelamente, distintos medios comenzaron a mencionar su nombre como posible candidato para ocupar una futura vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa posibilidad no fue confirmada oficialmente, pero el contexto político agrega un elemento más a un escenario ya atravesado por fuertes tensiones dentro del Poder Judicial chubutense.
Ahora será la Legislatura la que deberá resolver si el expediente reúne los requisitos necesarios para poner en marcha el procedimiento de juicio político. Si la denuncia supera esa primera instancia, el proceso abrirá una nueva etapa institucional en la que deberán analizarse uno por uno los hechos denunciados y las responsabilidades atribuidas al presidente del Superior Tribunal. Mientras tanto, el documento presentado por judiciales y magistrados vuelve a instalar un debate que excede a una sola persona: el alcance de la independencia judicial, la transparencia en la conducción del máximo tribunal y los mecanismos de control previstos cuando quienes quedan bajo cuestionamiento son los propios integrantes del órgano que tiene la última palabra en la Justicia provincial.
