Comodoro llevó a YPF a la Justicia: rechaza ponerle US$25 millones al pasivo y exige la remediación integral
La Municipalidad inició una demanda para obligar a YPF a identificar, dimensionar y remediar los daños ambientales dejados dentro del ejido de Comodoro Rivadavia. El planteo busca además que ningún acuerdo entre la petrolera y el Gobierno de Chubut pueda limitar esa responsabilidad. Mientras el convenio Provincia-YPF contempla US$25 millones vinculados al pasivo ambiental, desde el Municipio consideran imprudente tomar esa cifra como medida del daño sin conocer primero su verdadera dimensión. El caso también fue llevado ante la Comisión Nacional de Valores.
La salida de YPF de las áreas maduras de Chubut abrió ahora un frente judicial de peso. Por decisión del intendente Othar Macharashvili, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia demandó a la petrolera para exigirle la identificación, caracterización, evaluación y remediación integral de los pasivos ambientales existentes dentro del ejido de la ciudad, producto de más de un siglo de explotación hidrocarburífera.
La presentación no reclama, al menos en esta instancia, una indemnización económica. El objetivo es determinar primero qué dejó realmente YPF sobre y debajo del territorio comodorense, establecer la extensión del daño y obligar posteriormente a la compañía a ejecutar un Plan Integral de Remediación Ambiental a su exclusivo costo, bajo control de la Justicia y con participación del Municipio.
La subsecretaria de Ambiente de Comodoro Rivadavia, Jordana Mrla, definió la demanda como una “decisión institucional sin precedentes” y explicó que antes de establecer cualquier valor económico deberá realizarse un relevamiento capaz de determinar la magnitud efectiva del pasivo, tanto en superficie como en subsuelo.
Esa precisión introduce un elemento sensible en medio de la discusión por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Chubut e YPF. Consultada específicamente sobre los US$25 millones contemplados en ese entendimiento, Mrla evitó asociar esa cifra con el valor real del daño ambiental y consideró que hacerlo en este momento sería imprudente, porque todavía no existe una determinación integral de aquello que debe ser remediado.
La posición municipal es que primero debe realizarse el inventario, caracterización y evaluación de los pasivos y, a partir de allí, establecer el correspondiente plan de remediación. Recién una vez conocida esa dimensión podría trasladarse el problema a una valoración económica, si correspondiera.
El planteo judicial adquiere todavía mayor relevancia porque Comodoro pretende impedir que cualquier convenio entre YPF y el Gobierno provincial pueda ser utilizado para extinguir, reducir o sustituir las obligaciones ambientales de la petrolera dentro de la ciudad.
La demanda solicita expresamente que se declare inoponible frente al Municipio cualquier convenio, acuerdo o acto administrativo celebrado entre terceros que pretenda limitar la obligación constitucional de recomponer. En términos concretos, Comodoro busca que lo firmado entre Chubut e YPF no pueda cerrar la discusión sobre los daños ambientales existentes dentro de su ejido.
Desde el Municipio sostienen que la responsabilidad ambiental no desaparece con la salida de una concesión ni puede transferirse simplemente junto con las áreas petroleras. Mrla fundamentó esa posición en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en el artículo 28 de la Ley General del Ambiente, bajo el principio de que quien causa un daño ambiental tiene la obligación de recomponerlo.
El reclamo alcanza un problema que atraviesa buena parte de la estructura urbana de Comodoro. Pozos, ductos, instalaciones abandonadas, suelos degradados y otros vestigios de la actividad hidrocarburífera quedaron incorporados al crecimiento de la ciudad y condicionan actualmente la planificación territorial, la infraestructura pública y el aprovechamiento de determinadas tierras.
Por eso, la Municipalidad sostiene que no está reclamando por una actividad que simplemente pertenece al pasado. Mientras permanezcan sus consecuencias sobre el territorio, argumenta, también permanece vigente la obligación de recomponerlas.
La estrategia de Comodoro tampoco quedó limitada a los tribunales provinciales. El Municipio realizó además una presentación ante la Comisión Nacional de Valores para informar formalmente la existencia de la controversia ambiental que mantiene con YPF.
El planteo ante la CNV incorpora una dimensión diferente del conflicto. Al tratarse de una compañía que participa de los mercados de capitales nacionales e internacionales, Comodoro considera que una controversia de esta magnitud podría representar una contingencia jurídica, económica, patrimonial, regulatoria y reputacional que debe ser conocida por accionistas, inversores y organismos de supervisión.
La presentación también pone bajo análisis los compromisos ambientales y de sustentabilidad comunicados por el grupo YPF al mercado. Desde el Municipio sostienen que una compañía que exhibe compromisos ambientales frente a sus inversores debe mantener el mismo estándar de transparencia respecto de los pasivos históricos que todavía permanecen pendientes de recomposición.
Macharashvili sostuvo que Comodoro aportó petróleo y energía al desarrollo del país durante más de cien años y remarcó que la ciudad no aceptará que, después de ese proceso de explotación, los daños permanezcan en su territorio mientras el costo de repararlos termina recayendo sobre los propios comodorenses.
El intendente también diferenció el reclamo de cualquier pretensión económica inmediata: la demanda apunta a que YPF recomponga aquello que corresponda recomponer, mientras que la presentación ante la Comisión Nacional de Valores busca que la controversia sea conocida en un ámbito donde la compañía tiene obligaciones de información y transparencia.
La ofensiva judicial se produce además después de las diferencias públicas entre funcionarios municipales y el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce. Mrla confirmó que posteriormente no hubo nuevos contactos con representantes provinciales, aunque aclaró que la demanda impulsada por Comodoro excede la discusión puntual alrededor del convenio firmado entre Provincia e YPF.
El Municipio pretende discutir una cuestión más profunda: determinar cuál es efectivamente el daño acumulado después de décadas de actividad, quién debe hacerse cargo de repararlo y evitar que una negociación entre la Provincia y la petrolera pueda cerrar obligaciones ambientales que Comodoro considera todavía pendientes.
La diferencia no es menor. Mientras el acuerdo entre Chubut e YPF ya incorporó una cifra de US$25 millones vinculada al pasivo ambiental, Comodoro llevó el problema a la Justicia sin aceptar que ese monto pueda utilizarse, por sí solo, para dimensionar lo que dejó más de un siglo de explotación petrolera.
Ahora será el Poder Judicial el que deberá intervenir sobre un terreno que hasta aquí estuvo dominado por las negociaciones políticas y administrativas. Comodoro pretende que primero se determine qué daño existe, cuál es su extensión y qué trabajos requiere su reparación. Y recién después, con esa información sobre la mesa, podrá saberse cuánto cuesta realmente remediar lo que YPF dejó en la ciudad.
Fuentes: El Patagónico y ABC Diario.
