Gayone apuntó al Estado provincial por la deuda del ISSyS y cuestionó la baja de un crédito de $852 mil millones
La jubilada de Rawson sostuvo que el conjunto de los municipios representa menos del 15% de los aportes y contribuciones que recibe el sistema y afirmó que el mayor volumen de deuda corresponde al Estado provincial. Cuestionó al Directorio por no ejecutar los mecanismos de cobro previstos en la legislación, advirtió sobre gastos cargados al régimen previsional y puso especial atención en el balance 2025, donde dejó de reconocerse como activo un crédito por actualización e intereses que en 2024 superaba los $852 mil millones. La documentación oficial confirma ese cambio contable, aunque el Instituto fundamentó la decisión en una revisión del criterio utilizado para determinar esa acreencia.
Blanca Gayone, jubilada de Rawson, cuestionó con dureza la administración de los recursos del Instituto de Seguridad Social y Seguros y planteó que la discusión sobre las deudas previsionales está concentrándose sobre los municipios cuando, según los números que maneja, el principal incumplimiento corresponde al propio Estado provincial.
Durante una entrevista con el periodista Jorge Pose, de Chubut Noticias, sostuvo que “los municipios, sumados en su totalidad, no llegan a un 15% de lo que significa el 100% de los ingresos por aportes personales y contribuciones patronales” y afirmó que “ese más de 85% es deuda del Estado provincial”.
Gayone no desconoció que existen municipios con obligaciones pendientes y mencionó particularmente a Puerto Madryn, cuya deuda calificó como “monstruosa”, pero insistió en que la proporción es sustancialmente menor frente a lo que deberían ingresar los tres poderes del Estado y otros organismos provinciales.
“Ellos son los que tienen la mayor deuda, no los municipios, que también la tienen, por supuesto”, remarcó. La documentación pública del balance 2025 no presenta en un único cuadro una discriminación que permita comprobar directamente la proporción 15%-85% mencionada por la jubilada, por lo que ese porcentaje debe ser considerado como parte de su análisis hasta contar con el detalle completo por organismo aportante.
Los $852 mil millones que dejaron de figurar como activo
El punto más delicado de su exposición apareció cuando comparó los dos últimos balances del Instituto. Gayone aseguró que en 2024 existía registrado un crédito histórico por aproximadamente $852 mil millones correspondiente a aportes, contribuciones, actualizaciones e intereses, y que al revisar el balance 2025 encontró que esa acreencia había dejado de integrar el activo.
“Nos hemos llevado una sorpresa tremenda porque se publicó finalizando julio el balance del 2025 y nos hemos encontrado con que han eliminado del balance esa deuda”, afirmó.
En este punto, la documentación oficial respalda una parte central de lo señalado por Gayone. El balance previsional 2024 registró $852.058.916.895,20 bajo el concepto “Créditos por Actualización e Intereses de Aportes”. Sumado un crédito de $501.195.518,17 correspondiente a aportes y contribuciones, el rubro alcanzaba los $852.560.112.413,37.
El mismo balance explica que durante aquel ejercicio se había contabilizado la actualización e intereses de aportes personales y contribuciones patronales correspondientes al período 1998-2023.
Gayone cuestionó que ese reconocimiento desapareciera un año después y sostuvo que, lejos de reducirse, debería haberse incrementado con las obligaciones posteriores. “A esa deuda de 852.000 millones de pesos debería haberse sumado, por el mismo concepto, lo correspondiente a los aportes personales y las contribuciones patronales”, planteó, para luego definir la decisión como “una barbaridad”.
A su entender, se trataba de “un crédito a favor que es de la caja previsional y de la obra social” y no correspondía retirarlo de los estados contables.
El balance 2025 efectivamente confirma la baja, aunque incorpora una explicación que resulta necesaria para entender qué hizo contablemente el Instituto. El documento señala que se revisó el criterio con el cual habían sido reconocidas las actualizaciones e intereses calculados sobre bases actuariales y concluyó que esas estimaciones globales no constituían, por sí mismas, deudas individualizadas, líquidas, exigibles y realizables con las condiciones necesarias para permanecer registradas como activo.
Por esa razón se resolvió dar de baja el crédito, mantener su cuantificación con carácter informativo y reunir los antecedentes y metodología de cálculo en el Expediente N.º 2619/2026.
La precisión es importante: el balance no dice que las obligaciones de los aportantes hayan sido perdonadas o que hayan dejado de existir, sino que explica por qué las actualizaciones e intereses calculados actuarialmente dejaron de reconocerse como un activo contable en la forma en que habían sido incorporados durante 2024.
Esa diferencia no modifica el cuestionamiento de Gayone, que justamente objeta que un derecho económico que un año antes integraba el patrimonio del Instituto por más de $852 mil millones haya sido retirado al ejercicio siguiente y trasladado a una exposición informativa.
Gayone atribuyó esa decisión al Directorio y señaló directamente la Resolución N.º 950/2026. La Memoria y los Estados Contables del ejercicio 2025 indican en su propia portada que fueron aprobados mediante esa resolución.
“Con la Resolución 950, firmada por la totalidad del Directorio, donde estamos representados por el vocal de activos y por la vocal de pasivos, han firmado de conformidad que se eliminara esta deuda”, cuestionó, y reclamó que el tratamiento contable sea revisado por el Tribunal de Cuentas.
La jubilada avanzó todavía más y rechazó la explicación basada exclusivamente en una falta de recursos. “El Instituto no tiene déficit en la caja, lo que tiene es apropiación ilegal de los fondos”, afirmó.
Esa expresión corresponde a su denuncia y no coincide literalmente con la exposición contable oficial. El balance 2025 informa un déficit previsional de $137.022 millones luego de incorporar los gastos de administración y un resultado contable final negativo de $245.704 millones, fuertemente incidido por resultados financieros, por tenencia y el ajuste por inflación.
El propio documento advierte, sin embargo, que un déficit contable no equivale automáticamente a una falta de dinero disponible, porque resultado económico y flujo efectivo son conceptos diferentes.
Dentro de esa discusión, Gayone cuestionó además qué gastos terminan cargándose al régimen previsional. Mencionó como ejemplo obligaciones pendientes relacionadas con el acto eleccionario de los vocales y sostuvo que buena parte del funcionamiento general del organismo también termina soportado por Previsión.
“El organismo no tiene un presupuesto aparte, le hacen cargo al régimen previsional. Y luego nos hablan de que son insuficientes los fondos. Es gravísimo”, afirmó.
El balance 2025 confirma, al menos respecto del planteo general, que para calcular el resultado previsional se incluyen los “gastos de funcionamiento atribuibles al régimen previsional” y registra $25.931 millones en gastos de administración durante el ejercicio.
La deuda de los municipios, la Legislatura y las herramientas para cobrar
El planteo de Gayone tuvo además un correlato inmediato con lo sucedido en la Legislatura. El diputado Gustavo Fita presentó el 4 de agosto el proyecto de resolución PR125/2026, solicitando al Ejecutivo un informe sobre el cumplimiento de aportes y contribuciones previsionales de los municipios con el ISSyS.
Dos días después, durante la sesión del 6 de agosto, fue aprobado el pedido para conocer localidad por localidad los montos adeudados, períodos impagos, intereses y convenios existentes. El requerimiento también preguntó qué acciones administrativas, judiciales o extrajudiciales había realizado el Directorio para recuperar esas acreencias.
Gayone cuestionó precisamente que la mirada legislativa quedara concentrada sobre los gobiernos locales. “Acá los diputados tienen que ver esto, porque ellos lo que han hecho es un pedido de informes que no tiene absolutamente nada que ver con esto que nos está pasando de haber eliminado este crédito tan importante”, sostuvo.
Aunque el pedido aprobado sí reclama información sobre las medidas de recupero adoptadas por el Instituto, su objeto principal está dirigido a conocer las deudas de municipios y comunas rurales, mientras la jubilada reclama que el mismo nivel de detalle se aplique a las obligaciones del Estado provincial.
Otro de sus cuestionamientos estuvo dirigido a la falta de utilización de las herramientas que la propia legislación le entrega al ISSyS para cobrar. “El Directorio del Instituto no reclama a quienes adeudan en el marco de la ley y con las herramientas que la propia ley previsional les otorga”, sostuvo.
La Ley XVIII N.º 32 efectivamente establece mecanismos concretos. El artículo 11 faculta al Instituto a ordenar retenciones sobre las participaciones impositivas y de regalías que correspondan a municipios y corporaciones de fomento cuando mantengan deudas, mientras que el artículo 14 obliga a depositar aportes y contribuciones dentro de los cinco días corridos posteriores al pago de los salarios y contempla otro mecanismo de retención frente al incumplimiento.
Gayone se refirió a este último mecanismo como una “medida autosatisfactiva” y reclamó que sea aplicado, aunque la ley no utiliza específicamente esa denominación.
“Si los fondos no ingresan al quinto día en que han cobrado los activos de cada uno de los sectores, el Directorio del Instituto está facultado para ordenar al banco que retenga la cantidad de fondos necesarios”, explicó.
Su crítica apunta a una situación que considera contradictoria: que se invoque la falta de aportes para demorar prestaciones mientras, a su entender, las autoridades del organismo no ejecutan con suficiente firmeza las herramientas previstas para cobrarlos.
Puerto Madryn aparece en ese punto como un caso concreto. Gayone aseguró que existen jubilados municipales a quienes se les demora el traslado de aumentos porque los aportes y contribuciones no fueron ingresados, pero responsabilizó también al Instituto por no obtener previamente esos recursos.
“A los jubilados de la Municipalidad de Madryn les dicen en el Instituto que ellos no cobran los aumentos porque el municipio no ha depositado los aportes y contribuciones patronales”, relató.
El propio balance 2025 reconoce demoras vinculadas particularmente a Puerto Madryn y señala que al cierre del ejercicio afectaban a 334 beneficios, asociados a la falta de ingreso total de aportes y contribuciones correspondientes a 2.270 aportantes.
También se refirió a los $48.000 millones acordados con ANSES por deudas con la caja provincial y aseguró que, de acuerdo con lo expresado por un diputado durante la sesión del 6 de agosto, esos recursos no habían ingresado a las cuentas bancarias del Instituto.
Sobre este punto existe una versión oficial distinta. El ISSyS informó el 10 de junio que el primer desembolso, por $4.000 millones, ya se había efectivizado y había sido destinado a la Caja Previsional mediante una fuente específica de financiamiento, dentro de un convenio de doce transferencias mensuales por igual monto.
La información pública disponible no permite determinar por sí sola si existe una diferencia entre la registración presupuestaria informada oficialmente y el ingreso efectivo a una cuenta bancaria concreta del Instituto.
Gayone cerró su exposición vinculando toda la discusión con la autarquía del organismo y la obligación de preservar los recursos para el destino con el que fueron recaudados.
Aunque durante la entrevista mencionó el artículo 76, el texto actualizado de la Ley XVIII N.º 32 ubica la autarquía del ISSyS en el artículo 2, que le reconoce patrimonio propio e independencia administrativa y financiera. A su vez, el artículo 13 establece que ninguna autoridad puede disponer de los fondos del Instituto para una aplicación distinta a la fijada por la ley ni retener su entrega bajo ninguna justificación.
“Eso está sucediendo hace muchísimos años, no es nuevo”, sostuvo Gayone, quien finalmente responsabilizó al Directorio por la falta de ejecución de las acreencias y llegó a considerar que sus integrantes estarían incumpliendo sus deberes como funcionarios públicos.
Su denuncia coloca así dos cuestiones concretas bajo la lupa: por un lado, las deudas que mantienen los distintos organismos aportantes y las herramientas legales disponibles para cobrarlas; por otro, la decisión contable de sacar del activo en 2025 un crédito por actualizaciones e intereses que un año antes superaba los $852 mil millones y cuyo respaldo quedó concentrado en el Expediente N.º 2619/2026.
