Comerciantes abrieron un frente por las ferias y los feriantes respondieron: la discusión menos pensada le cae al municipio
Comerciantes abrieron un frente por las ferias y los feriantes respondieron: la discusión menos pensada le cae al municipio
La Cámara de Comercio venía trabajando con el gobierno de Sebastián Balochi en busca de medidas que alivien la situación del sector, golpeado por la caída de las ventas, los impuestos y el aumento de los costos. En esas conversaciones apareció el reclamo contra las ferias en establecimientos educativos, que derivó en la suspensión de la actividad prevista en la Escuela 739. Los feriantes respondieron con firmas, una propuesta de regulación y una movilización convocada para hoy sábado 15 de agosto, a las 14, en Plaza San Martín. El municipio ya había tenido este tema entre manos: años atrás hubo gestiones para establecer un canon y reunir a feriantes y comerciantes, pero aquella iniciativa no avanzó. “Las gestiones se hicieron pero nos quedamos sin respuesta”, recordó una de sus impulsoras. Ahora los dos sectores reclaman una intervención del Gobierno municipal.
La Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle de Sarmiento, acompañada por la Federación Empresaria del Chubut (FECh), cuestionó la realización de ferias comerciales dentro de establecimientos educativos al considerar que representan una competencia desigual para los negocios habilitados. El planteo llegó al Ministerio de Educación y también será presentado ante la Municipalidad de Sarmiento.
El reclamo aparece en un momento complicado para la actividad económica local. Los negocios soportan una caída de las ventas mientras deben seguir pagando impuestos, servicios, alquileres, proveedores y salarios. Al mismo tiempo, cada vez más vecinos recurren a pequeños emprendimientos y ferias para completar ingresos que no alcanzan para cubrir los gastos mensuales. La discusión enfrenta así a dos sectores afectados, por razones diferentes, por la misma falta de dinero circulando.
El comercio formal reclama igualdad de condiciones
La posición de los comerciantes parte de una diferencia concreta. Mantener un local habilitado implica una estructura de gastos permanente, aun cuando las ventas disminuyan. A los impuestos nacionales y municipales se suman tarifas comerciales de los servicios, alquiler cuando corresponde, mantenimiento, proveedores y los costos laborales de quienes tienen empleados.
Por eso la presencia de vendedores que comercializan productos con gastos considerablemente menores genera malestar. Una feria que en otro momento podía convivir sin mayores conflictos con el comercio tradicional adquiere otra importancia cuando el consumo se achica y los negocios necesitan sostener cada venta para mantener abiertas sus puertas.
El planteo surge además mientras la Cámara viene reuniéndose con el municipio para buscar alternativas que alivien la situación del sector formal. Durante las últimas semanas se analizaron cuestiones tributarias y otros costos que afectan directamente a los negocios de Sarmiento. El reclamo por las ferias apareció, por lo tanto, en medio de una negociación que ya estaba abierta con el gobierno de Sebastián Balochi.
En ese contexto se conoció la suspensión de la actividad prevista para este fin de semana en la Escuela 739. Los feriantes señalaron que, tras la intervención del área educativa, dentro del establecimiento solamente podrían participar alumnos de la institución. La medida frenó la feria programada, pero inmediatamente generó la reacción de quienes utilizaban ese espacio para comercializar sus productos.
Los feriantes respondieron y hoy se movilizan
La suspensión no cerró la discusión. Los emprendedores comenzaron a reunir firmas, prepararon una presentación para el Ministerio de Educación, las supervisiones escolares y la Municipalidad de Sarmiento, y decidieron llevar el reclamo a la calle. Para hoy sábado 15 de agosto, a las 14, convocaron a una movilización en Plaza San Martín, donde anticiparon que explicarán lo ocurrido y reclamarán una solución que les permita continuar trabajando.
La convocatoria fue creciendo con el correr de las horas. En las redes comenzaron a circular consignas como “Feriantes unidos”, “Defendamos nuestra feria”, “No a la quita de nuestra feria” y “Defendemos nuestra fuente de trabajo”. El pedido ya no se limita a recuperar la actividad de la Escuela 739: los feriantes quieren que se les garantice un espacio y que se establezcan reglas para poder seguir realizando este tipo de encuentros.
Los organizadores sostienen que más de 200 familias están vinculadas de alguna manera con las ferias. La cifra corresponde a una estimación realizada por el propio sector y no existe por el momento un registro público que permita establecer cuántas personas participan regularmente, pero sirve para dimensionar el alcance que los emprendedores atribuyen a esta modalidad de trabajo.
Su planteo tampoco consiste en funcionar sin controles. En el documento que prepararon proponen autorizaciones, identificación de organizadores y participantes, requisitos sanitarios y bromatológicos, medidas de seguridad, limpieza, horarios establecidos y registros cuando corresponda. También piden reglas claras para la administración de fondos cuando intervengan cooperadoras escolares.
La diferencia está en las obligaciones que deberían aplicarse. Los feriantes consideran que una actividad eventual no puede recibir exactamente el mismo tratamiento que un negocio que funciona durante todo el año, aunque aceptan que debe existir una regulación. El planteo obliga a distinguir entre quien participa algunos fines de semana para generar un ingreso complementario y quien utiliza las ferias como una actividad comercial permanente.
Silvana Vega, quien estuvo al frente del Original Paseo de Compras y luego formalizó su propia actividad, conoce las dos situaciones. Reconoció que los comerciantes tienen motivos para sentirse en desventaja por los costos que deben afrontar, pero también recordó que numerosos negocios comenzaron alguna vez vendiendo desde una vivienda, un quincho o una feria antes de poder instalarse formalmente.
Vega aportó además un antecedente que alcanza directamente al municipio. Según relató, años atrás se hicieron gestiones para establecer un canon que permitiera ordenar a los feriantes y se habló incluso de generar una reunión con la Cámara de Comercio. Aquello no avanzó. “Las gestiones se hicieron pero nos quedamos sin respuesta”, sostuvo, y agregó que nunca volvió a ser convocada para continuar trabajando sobre la propuesta.
El problema, entonces, no comenzó con la Escuela 739. La necesidad de establecer condiciones para el funcionamiento de las ferias había sido planteada anteriormente, pero no terminó traducida en una regulación que determinara lugares, periodicidad, obligaciones y controles. La falta de una definición reaparece ahora cuando el escenario económico hace mucho más difícil la convivencia entre las distintas formas de comercialización.
Betiana Chiquelli también expresó públicamente la posición de los emprendedores. Cuestionó que todos sean considerados automáticamente una competencia desleal y contó que existen jornadas en las que algunos participantes ni siquiera recuperan el valor abonado por el puesto. Habló de familias sin ingresos suficientes, alquileres, hijos y cuentas pendientes para explicar por qué una feria puede representar mucho más que una actividad ocasional.
Los feriantes sostienen además que existía una relación con la cooperadora de la Escuela 739 y que parte de las contribuciones realizadas durante las actividades colaboraban con necesidades del establecimiento. Ese aspecto requiere todavía precisiones sobre la forma de recaudación, los montos y el destino de esos fondos, pero también forma parte de los argumentos con los que el sector defiende la continuidad de la feria.
ATE Sarmiento se sumó al conflicto respaldando a los emprendedores. El sindicato cuestionó la presentación encabezada por el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Lema, y criticó también la actuación de autoridades educativas. La organización pidió una instancia de diálogo y anticipó su acompañamiento a las familias que hoy saldrán a reclamar públicamente una solución.
Una regulación que ahora tendrá que resolver el municipio
El gobierno de Sebastián Balochi quedó frente a dos reclamos que tienen argumentos concretos. Por un lado están los comerciantes, con quienes ya venía discutiendo medidas para reducir costos y sostener la actividad formal. Por otro aparecen los feriantes, que ahora reclaman que la suspensión de un espacio no signifique directamente quedarse sin la posibilidad de vender.
El comerciante formal pide que se tenga en cuenta lo que cuesta mantener una estructura habilitada durante todo el mes y reclama que esa formalidad no lo coloque en desventaja. El feriante trabaja con gastos mucho menores, pero en muchos casos llega a esos espacios porque su salario, jubilación u otros ingresos no alcanzan y necesita generar dinero adicional para afrontar los gastos cotidianos.
La salida requiere una normativa que determine qué condiciones corresponden a una feria eventual y cuándo una actividad, por su volumen o continuidad, debe pasar al régimen de un comercio. También deberá definirse dónde pueden realizarse las ferias, cuántas jornadas pueden funcionar, qué rubros admiten, qué controles corresponden y qué responsabilidades asumen quienes las organizan.
Un esquema de regulación podría incluir un registro de participantes, lugares autorizados, controles sanitarios y bromatológicos, periodicidad y un canon relacionado con las características de la actividad. También permitiría fijar criterios para el uso de edificios públicos y establecimientos educativos, y establecer mecanismos claros cuando haya cooperadoras involucradas en la recaudación.
La discusión llegó al municipio en un momento particular. Mientras la Cámara buscaba respuestas para aliviar los costos del comercio formal, el planteo contra las ferias provocó una reacción que puso a otro sector frente al Ejecutivo. Los feriantes no se quedaron atrás y hoy llevarán ese reclamo a la Plaza San Martín para exigir que la respuesta no termine únicamente con la suspensión de la actividad.
El antecedente mencionado por Vega muestra que hubo una oportunidad anterior para comenzar a ordenar esta convivencia y no prosperó. Ahora la situación es distinta: hay comerciantes organizados reclamando condiciones de competencia, feriantes dispuestos a movilizarse para conservar una fuente de ingresos y una crisis que achicó el margen económico de ambos.
El municipio tendrá que sentarlos a una misma mesa y establecer reglas. Los comerciantes reclaman condiciones que reconozcan el costo de trabajar formalmente; los feriantes piden un espacio y obligaciones que puedan cumplir. Detrás de la discusión por la Escuela 739 hay dos sectores tratando de sostenerse en una economía que los aprieta de distinta manera, y desde hoy el problema ya no estará solamente en las redes o en los despachos: también estará en la calle.
