Alesi denunció un “pacto político” entre el STJ y Menna por la reforma procesal: “La Legislatura no puede ser una escribanía”

El abogado de familia de Trelew volvió a cuestionar el proyecto del nuevo Código General de los Procesos impulsado por el Superior Tribunal de Justicia. Esta vez, además de insistir con sus críticas al contenido de la reforma, apuntó directamente contra el vicegobernador Gustavo Menna, a quien acusó de asumir un rol de promotor político de una iniciativa que todavía debe ser debatida por la Legislatura.

El abogado Martín Alesi profundizó sus cuestionamientos al proyecto del nuevo Código General de los Procesos y, en una nueva publicación difundida en sus redes sociales, amplió el eje del debate. Si en su anterior análisis había centrado las críticas en las facultades que la reforma otorga a los jueces y en la reducción de los mecanismos de control sobre las decisiones judiciales, ahora puso el foco en el proceso político que acompaña el tratamiento legislativo de la iniciativa.

Bajo el título “El pacto oscuro entre el STJ y el vicegobernador detrás de la reforma procesal”, Alesi sostiene que existe una coordinación institucional entre el Superior Tribunal de Justicia y el vicegobernador Gustavo Menna que, a su entender, excede el funcionamiento habitual entre poderes del Estado.

El abogado aclara que no está denunciando reuniones secretas ni acuerdos ocultos. Por el contrario, afirma que “no hace falta imaginar reuniones clandestinas ni acuerdos inconfesables” porque, según su mirada, la relación entre ambos poderes “está a la vista”. En ese sentido, recuerda que el Superior Tribunal redactó e impulsó el proyecto mientras que Menna asumió públicamente la defensa política de la iniciativa y coordina su tratamiento desde la Legislatura.

Para Alesi, “lo oscuro no es necesariamente lo secreto. También es aquello que ocurre frente a todos, pero nadie se ocupa de explicar”. A partir de esa premisa sostiene que el proyecto no constituye una reforma menor, sino una modificación estructural de los procesos civiles, comerciales, laborales y de familia mediante casi seiscientos artículos que redistribuyen facultades, modifican el rol de los abogados y reorganizan buena parte del ejercicio del poder jurisdiccional en Chubut.

“Menna aparece más como promotor que como árbitro institucional”

Uno de los principales cuestionamientos apunta al papel asumido por el vicegobernador durante el tratamiento del proyecto.

Según Alesi, la función institucional de quien preside la Legislatura debería limitarse a garantizar un debate amplio y preservar la autonomía de los diputados, permitiendo que todas las posiciones puedan expresarse en igualdad de condiciones.

Sin embargo, considera que Menna “aparece mucho más cerca del papel de promotor que del de árbitro institucional”. Señala que mantuvo reuniones con autoridades del Superior Tribunal, difundió públicamente las virtudes de la iniciativa y comenzó a presentar la reforma como una herramienta “histórica, moderna y necesaria” incluso antes de que los legisladores iniciaran formalmente su discusión.

Desde esa perspectiva, el abogado plantea una serie de interrogantes. Se pregunta por qué el presidente de la Legislatura se involucra con semejante intensidad en la promoción de un proyecto redactado por otro poder del Estado, qué compromisos políticos existen alrededor de su aprobación y por qué la conducción parlamentaria trabaja junto al Superior Tribunal en la construcción de consenso sobre un texto que todavía debe ser debatido por los diputados.

Para Alesi, esas preguntas no constituyen una acusación sino “un pedido de transparencia” frente a una coordinación institucional que, según advierte, puede vaciar de contenido el verdadero debate legislativo.

“La oposición de los abogados cambió el escenario”

En otro tramo del documento, Alesi sostiene que las reuniones informativas convocadas por la Legislatura no alcanzan para garantizar una participación efectiva de los distintos sectores involucrados.

Afirma que convocar a abogados, académicos y especialistas cuando el proyecto ya fue elaborado, enviado y respaldado políticamente puede terminar convirtiéndose en “una forma elegante de escuchar objeciones sin poner en discusión la decisión ya adoptada de llevar la reforma hasta su aprobación”.

En ese contexto, considera que la posición asumida por los Colegios Públicos de Abogados modificó el escenario político alrededor de la iniciativa.

“La oposición frontal de la matrícula impide seguir hablando de una construcción consensuada”, sostiene, y agrega que ya no existe una unanimidad técnica sobre el proyecto, sino “un proyecto del STJ, una conducción legislativa comprometida con su impulso y una abogacía provincial que advierte sobre sus riesgos”.

Según su interpretación, allí aparece “la verdadera dimensión del pacto”. Mientras el Superior Tribunal logra que la máxima autoridad política de la Legislatura presente el proyecto como una reforma indispensable, el vicegobernador obtiene la posibilidad de mostrarse como impulsor de una modernización judicial. “Ambos construyen una narrativa conveniente: ellos representan el cambio; quienes objetan el texto aparecen como defensores del atraso”, afirma.

En el tramo final de su publicación, Alesi sostiene que la Legislatura “no debería funcionar como escribanía política del Superior Tribunal” y recuerda que los diputados fueron elegidos para controlar las iniciativas que llegan al recinto, especialmente aquellas mediante las cuales otro poder del Estado pretende ampliar sus propias atribuciones.

Por esa razón entiende que Gustavo Menna debería apartarse del rol de impulsor político de la reforma y demostrar, con hechos, que el proyecto puede ser modificado, dividido o incluso rechazado durante el debate parlamentario.

“La apertura se prueba aceptando que quienes fueron convocados pueden tener razón”, escribe.

Finalmente, concluye que la discusión ya no pasa únicamente por el contenido del nuevo Código Procesal. “También importa el entramado institucional que pretende conducirlo hasta su sanción”, afirma, y advierte que “un Poder Judicial que escribe las reglas con las que ejercerá más poder y un vicegobernador que se compromete a impulsar esas reglas conforman una sociedad política que merece ser observada con máxima desconfianza”.