ANDIS bajo la lupa: denuncian maniobras irregulares con pensiones y represalias contra un trabajador
Un trabajador de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) llevó a la Justicia Federal una denuncia que expone presuntas irregularidades en el otorgamiento de pensiones por discapacidad y un posterior cuadro de hostigamiento laboral. La presentación, que ya fue judicializada, pone en discusión no solo hechos puntuales sino el funcionamiento de un sistema sensible del Estado.
Fernando Martín Rodríguez Benavídez, empleado del organismo, afirmó haber detectado inconsistencias en la tramitación de beneficios y aseguró que, tras elevar informes internos entre enero y marzo de 2024, comenzó a sufrir persecución dentro del ámbito laboral. La denuncia menciona un deterioro progresivo de sus condiciones de trabajo luego de haber advertido las anomalías.
Según surge de la documentación incorporada al expediente, uno de los puntos más críticos es el volumen de pensiones gestionadas en un lapso inusualmente corto: alrededor de 23 mil beneficios tramitados en apenas dos semanas. Ese nivel de actividad es considerado “atípico” para la capacidad operativa del organismo y abre interrogantes sobre los controles aplicados y la verificación de beneficiarios.
El planteo judicial también señala fallas en los mecanismos de validación técnica y administrativa, lo que podría haber permitido aprobaciones discrecionales sin cruces de información adecuados. En ese marco, se investiga la posible existencia de beneficiarios irregulares y la intervención de distintos sectores internos en el circuito de aprobación y liquidación.
La causa quedó radicada en la Justicia Federal, donde ya interviene el juez Daniel Rafecas. Desde el Ministerio Público Fiscal se analiza además la eventual conexión con otras investigaciones en curso vinculadas al funcionamiento del organismo.
Otro elemento que suma tensión al caso es la posible pérdida de documentación relevante tras un incendio en un depósito en Ezeiza, donde se almacenaban expedientes vinculados a pensiones. Ese hecho podría impactar directamente en auditorías e investigaciones, en un contexto donde la trazabilidad de los expedientes es clave.
El trasfondo no es menor. La ANDIS es el organismo encargado de administrar políticas públicas vinculadas a la discapacidad, incluyendo la gestión de pensiones no contributivas, lo que la convierte en una estructura crítica dentro del sistema de asistencia social del Estado.
La denuncia, en definitiva, no se limita a un conflicto laboral individual. Expone un posible esquema de funcionamiento irregular en un área altamente sensible y abre un escenario judicial que puede escalar, sobre todo si se comprueba que las anomalías no fueron aisladas sino parte de un patrón más amplio dentro del organismo.
