Comerciantes llevan al Juzgado de Faltas un reclamo directo por la venta ambulante sin control
El encuentro será el viernes 17 de abril a las 9. Apuntan a la falta de inspecciones sobre vendedores sin habilitación y denuncian un trato desigual frente a los controles permanentes que sí recaen sobre los comercios locales.
Comerciantes de Río Mayo se presentarán ante el Juzgado Administrativo de Faltas con un planteo puntual: la falta de controles sobre la venta ambulante en la localidad. Ese será el eje de la reunión. Van a pedir explicaciones sobre cómo se está fiscalizando —o por qué no se está haciendo— una actividad que, según marcan, crece sin regulación mientras los comercios habilitados atraviesan inspecciones constantes.
Ahí aparece el núcleo del reclamo: el trato desigual. Los comerciantes describen un esquema donde a ellos se los controla de manera permanente. Inspecciones por habilitación, revisiones de seguridad, exigencias sobre matafuegos, controles bromatológicos, actas y decomisos. Un circuito que se repite. Del otro lado, aseguran, hay vendedores que se instalan en espacios públicos o en puntos concurridos sin cumplir requisitos mínimos: sin habilitación, sin controles, sin pago de canon.
El punto más incómodo del planteo apunta directamente al rol del Estado. Sostienen que el control no se activa de oficio, sino que aparece recién cuando alguien va y denuncia. Es decir, el sistema termina necesitando un “chivo expiatorio”: un comerciante que se exponga, haga la queja y empuje la intervención. Después, remarcan, el accionar oficial se justifica como respuesta a esa denuncia, cuando en realidad —según la propia ordenanza de habilitaciones— es el municipio el que tiene la obligación de controlar y hacer cumplir las normas.
Esa lógica los deja en un lugar incómodo. Compiten en desventaja y, al mismo tiempo, quedan señalados como quienes provocan las sanciones. Mientras tanto, la falta de controles sostenidos permite que la situación se repita. El reclamo no desconoce la realidad social: reconocen que hay una necesidad creciente y que mucha gente sale a vender como puede, incluso a través de redes sociales, grupos de WhatsApp o desde domicilios particulares.
Pero lo que ya no están dispuestos a aceptar es otra cosa: que el propio Estado termine siendo, por acción u omisión, el que habilite situaciones irregulares en el espacio público. “Una cosa es lo que pasa en una casa o en un grupo de WhatsApp. Otra es que te instalen un puesto en la plaza y nadie controle nada”, repiten. Con ese panorama, buscan respuestas concretas y un cambio en la lógica de control, con presencia real en la calle.
El trasfondo económico explica por qué el reclamo se volvió más duro. La presión sobre el comercio formal creció fuerte: aumento de impuestos municipales que este año escalaron hasta un 50%, subas en las tarifas de energía y gas en categoría comercial, costos de traslado elevados y, en muchos casos, la responsabilidad de sostener empleados. A eso se suma una caída marcada del consumo, vinculada a la falta de empleo genuino y a un nivel de morosidad cada vez más alto.
En ese escenario, la competencia informal ya no se limita a la calle. Se multiplicó la venta desde domicilios particulares: comidas elaboradas en casas, venta de ropa, publicaciones en redes sociales. Para los comercios habilitados es otro frente más, difícil de controlar y atravesado por la necesidad económica. A eso se suma otra crítica que empieza a tomar fuerza: el rol del propio municipio en el circuito económico local.
Los comerciantes plantean que el Estado recauda en Río Mayo, pero no necesariamente reinvierte en la localidad. Cuestionan que compras vinculadas a asistencia social o insumos se realicen fuera del pueblo, ya sea en ciudades más grandes o a través de plataformas digitales, lo que termina sacando recursos del circuito interno en lugar de fortalecerlo. En un contexto de caída del consumo, ese punto pega directo.
Con la llegada del invierno, el escenario se vuelve todavía más delicado. La actividad estacional empieza a frenarse, el consumo cae aún más y sostener un comercio se vuelve cada vez más cuesta arriba. Una vez terminado este primer planteo, no descartan avanzar con una nota colectiva dirigida al Concejo Deliberante y al Ejecutivo municipal.
La idea es llevar propuestas concretas: reforzar controles, discutir alivios impositivos en temporada baja y empezar a ordenar un esquema que hoy sienten desbalanceado. Lo que dejan en claro es que no se trata de un problema aislado ni de un solo rubro: el impacto atraviesa a todo el entramado comercial, desde la gastronomía hasta la hotelería, la indumentaria, los taxis, los almacenes y los servicios en general.
Las pérdidas se acumulan y el margen se achica. Detrás de este conflicto puntual por la venta ambulante, lo que aparece es un desgaste más amplio que golpea al comercio en su conjunto.
