COOPSAR: el presidente defendió las contrataciones cuestionadas y reconoció que no existe un manual de procedimientos para las compras
La conferencia de prensa comenzó con la lectura de un documento de 36 páginas elaborado por consejeros de la Lista Blanca para responder a las denuncias por presuntos sobreprecios y contrataciones direccionadas. La presentación incluyó explicaciones sobre reparaciones de vehículos, compras de indumentaria, luminarias y materiales, además de un respaldo al tesorero. Durante las preguntas, la dirigencia confirmó que existe un Reglamento Interno aprobado por Asamblea, pero no un manual específico para compras y contrataciones. También aseguró que continúa entregando información a la Sindicatura, reconoció dificultades para presentar los informes mensuales de Tesorería y vinculó los cuestionamientos con la próxima renovación de autoridades.
La Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Sarmiento (COOPSAR), en Chubut, realizó este miércoles 28 de octubre, pasadas las 12:30, una conferencia de prensa en sus instalaciones para responder a los cuestionamientos sobre contrataciones, reparaciones de vehículos y gastos administrativos que comenzaron a conocerse públicamente a fines de septiembre. El encuentro estuvo encabezado por el presidente del Consejo de Administración, Jorge Ariel Ñancucheo, quien inició su intervención con la lectura de un documento de 36 páginas elaborado por consejeros de la Lista Blanca, antes de abrir una instancia de preguntas junto al tesorero, ingeniero Ariel Ramírez.
La presentación, titulada «Respuestas a las recientes OPERACIONES contra la Cooperativa de Sarmiento», reúne explicaciones sobre las reparaciones realizadas durante 2026, la contratación del taller mecánico R y R, las compras de luminarias, indumentaria y repuestos, además del funcionamiento de la Tesorería. El escrito también contiene una defensa de la gestión de Ramírez y cuestionamientos hacia los consejeros denunciantes y determinados sectores de la prensa, a quienes sus autores atribuyen la intención de perjudicar a la cooperativa.
El documento había sido elaborado como respuesta a las observaciones formuladas por la consejera titular Yessica de Lourdes Uribe Gallardo, quien durante septiembre denunció presuntos sobreprecios, contrataciones direccionadas y operaciones administrativas que consideró necesario investigar. Los antecedentes fueron presentados ante el Consejo de Administración y posteriormente elevados a la Sindicatura, a cargo de Nora Campos Mazquiarán, que durante octubre reiteró requerimientos de información a la Tesorería.
Durante la primera parte de la conferencia, Ñancucheo reprodujo los argumentos de la Lista Blanca sobre el estado del parque automotor, los motivos de las contrataciones y los controles aplicados a las operaciones. Una vez concluida esa exposición, Ramírez amplió las explicaciones sobre la elección de proveedores locales, los costos de traslado de vehículos y la recuperación de equipamiento. Posteriormente, ambos respondieron preguntas sobre las intimaciones de la Sindicatura, los procedimientos internos de contratación, la situación económica de COOPSAR y el proceso electoral previsto para la renovación parcial del Consejo.
El 80% de los vehículos no habría superado la revisión técnica
La recuperación del parque automotor ocupó buena parte de la exposición inicial. El documento de la Lista Blanca sostiene que una auditoría técnica realizada a comienzos de 2026 había determinado que el 80% de los 18 vehículos de COOPSAR no estaba en condiciones de superar una verificación técnica. La situación fue atribuida a la falta de mantenimiento integral durante períodos de entre diez y quince años, sin incorporación de unidades nuevas y con vehículos que permanecían fuera de servicio.
Las reparaciones comprendieron camionetas, camiones, carrozas fúnebres, generadores y equipos hidráulicos utilizados para tareas eléctricas. El escrito incorpora fichas de trabajos, fotografías, referencias a facturas y descripciones de intervenciones sobre motores, sistemas de inyección, embragues, suspensiones y frenos. Los consejeros explicaron que la recuperación de esas unidades se convirtió en una prioridad para mantener la continuidad de los servicios y reducir los riesgos que representaban los desperfectos mecánicos para los trabajadores.
La elección del taller R y R respondió, de acuerdo con la defensa, a las dificultades para conseguir prestadores que garantizaran atención inmediata. Inicialmente se había consultado al establecimiento que venía reparando parte de la flota, pero no podía ofrecer prioridad para los trabajos urgentes. El nuevo taller habría permitido mantener las unidades bajo techo, realizar intervenciones fuera del horario habitual y contar con garantías posteriores, además de emitir las facturas correspondientes.
Ramírez profundizó durante la conferencia en las razones económicas de esa decisión y explicó que los servicios oficiales de varias marcas utilizadas por COOPSAR se encuentran en Comodoro Rivadavia. “En promedio un traslado a Comodoro sale 2.800 pesos por kilómetro. Nos cobran ida y vuelta”, afirmó, al calcular que movilizar una unidad hasta esa ciudad podría representar una erogación inicial de $784.000, sin incluir diagnóstico, repuestos ni mano de obra.
El tesorero insistió en que los vehículos constituyen herramientas necesarias para mantener operativos los servicios, especialmente durante las guardias y las intervenciones sobre las redes eléctricas. “Para la cooperativa un vehículo parado es plata que no está ingresando en las arcas de la cooperativa. Y también es un servicio menos que se está prestando”, expresó. La conducción también informó que evalúa incorporar unidades nuevas, entre ellas un camión equipado con brazo hidráulico y barquilla, cuyo costo superaría los $150 millones.
Cuatro facturas por una reparación y la explicación sobre los números correlativos
La numeración correlativa de los comprobantes emitidos por el taller mecánico fue otro de los cuestionamientos abordados. La Lista Blanca identificó al contador Osvaldo Antoun como el auditor que examinó los movimientos correspondientes a los últimos siete meses y le atribuyó la conclusión de que esa característica de las facturas no representa, por sí misma, una anormalidad ni permite presumir sobrefacturación.
Uno de los ejemplos presentados corresponde a la reparación integral del motor de un Hyundai H100, que requirió trabajos sobre inyectores, cigüeñal, block, sistema de refrigeración, componentes internos y embrague. Para afrontar el importe de la intervención, se habría acordado distribuir el pago mediante cuatro comprobantes consecutivos, identificados con los números 53, 54, 55 y 56, correspondientes a agosto. “El monto total se dividió en 4 facturas con la misma descripción”, señala el detalle técnico incorporado al documento.
La presentación también incluye presupuestos de repuestos, rectificación y mano de obra, además de antecedentes sobre otras reparaciones realizadas durante el año. Respecto de comprobantes que no consignaban las patentes de determinados vehículos, se mencionó una explicación brindada ante el Consejo por Eduardo Langue, responsable del sector Vehículos, quien habría informado que las intervenciones se encontraban correctamente registradas.
Durante su exposición, Ramírez cuestionó las comparaciones de precios realizadas sin que los talleres alternativos hubieran examinado previamente las unidades. “No existe por ahora el diagnóstico virtual, el diagnóstico por teléfono”, expresó, al explicar que una reparación mecánica requiere revisar el vehículo para determinar el desperfecto y elaborar un presupuesto. El tesorero utilizó ese argumento para defender las cotizaciones correspondientes a trabajos complejos de motor y sistemas mecánicos.
Indumentaria observada, pagos retenidos y un reclamo a la proveedora
La adquisición de indumentaria y elementos de seguridad también formó parte de la lectura del documento. La Lista Blanca reconoció que parte de la ropa recibida no cumplía con la calidad acordada, aunque sostuvo que otros elementos incluidos en la contratación, como escaleras, arneses y calzado de seguridad, reunían las características solicitadas. La operación cuestionada fue presentada por un importe de $10.700.000, de los cuales durante la conferencia se afirmó que habían sido abonados aproximadamente $7 millones.
La conducción explicó que se retuvo el saldo restante mientras continuaban los reclamos a la proveedora y que el conflicto fue derivado al abogado de COOPSAR, Carlos Fabricio Petrakosky. El documento incorpora una carta documento en la que se cuestionan las condiciones de la mercadería recibida, se solicita su retiro y se reclama la restitución de fondos. Esa comunicación menciona una contratación más amplia por $33.051.474,04 y un pedido de devolución de $7 millones.
Los consejeros sostuvieron que la elección de la proveedora había respondido a las condiciones económicas ofrecidas para adquirir distintos elementos destinados al sector Energía. Sin embargo, al recibir parte del pedido se detectaron problemas con la calidad de las prendas, motivo por el cual se iniciaron gestiones para obtener su reemplazo. La defensa afirma que el saldo pendiente continúa retenido mientras se busca resolver la operación comercial.
Luminarias Macroled, repuestos locales y trabajos de urgencia por $4 millones
La compra de luminarias LED fue otro de los gastos cuestionados que recibió explicaciones durante la conferencia. La Lista Blanca rechazó que se hubieran abonado precios extraordinarios y sostuvo que la elección de equipos Macroled respondió a una recomendación del sector Energía, después de experiencias con otras marcas que habían presentado fallas prematuras. La conducción argumentó que reemplazar cada luminaria requiere movilizar camiones, barquillas y operarios especializados, por lo que la durabilidad de los equipos fue considerada al momento de seleccionar el producto.
La operación comprendió 300 luminarias, con pagos distribuidos en tres etapas de 100 unidades. Durante la exposición se afirmó que 220 ya habían sido instaladas y que solamente se había abonado el primer tramo. Los consejeros vincularon esa modalidad con las condiciones comerciales acordadas con el proveedor y defendieron la calidad de los equipos adquiridos para el alumbrado público.
También se justificaron las compras de repuestos automotores al comercio local V y V, mediante argumentos relacionados con la disponibilidad inmediata, las facilidades de pago y la posibilidad de resolver urgencias sin esperar envíos desde otras ciudades. La Lista Blanca reconoció que algunos productos pueden conseguirse a menor valor en Comodoro Rivadavia o mediante plataformas digitales, aunque sostuvo que los costos de traslado, los tiempos de entrega y la necesidad de mantener operativos los vehículos también deben considerarse.
Ramírez relató como ejemplo la compra de un enganche para una Chevrolet Montana mediante una plataforma digital. A pesar de haberse proporcionado los datos técnicos, el repuesto recibido no coincidía con las medidas necesarias y debió ser adaptado. El tesorero utilizó esa experiencia para explicar por qué se priorizan los comercios de Sarmiento, especialmente cuando las reparaciones requieren disponer inmediatamente de los materiales adecuados.
La presentación también abordó los trabajos realizados por Riffo, por aproximadamente $4 millones durante seis meses. Entre las intervenciones mencionadas figuran reparaciones de portones, problemas sanitarios en ADECOOP, trabajos en instalaciones de Sepelio, una pérdida de gas y modificaciones de un carro utilizado para fibra óptica. El documento señala que el prestador también mantiene un contrato obtenido mediante concurso de precios para tareas de parquización, riego y mantenimiento de espacios verdes.
Respecto de las compras de materiales sin órdenes previas, la Lista Blanca explicó que algunas se realizaron durante emergencias fuera del horario administrativo. En esos casos, Ramírez autorizaba los retiros y posteriormente se informaba al sector de Compras. Como respaldo se incorporaron comunicaciones con proveedores en las que aparecen los materiales solicitados y las personas autorizadas para retirarlos. Durante la conferencia, el tesorero mencionó las reparaciones sanitarias en ADECOOP como ejemplo de situaciones que requerían una respuesta inmediata, debido a que las instalaciones también eran utilizadas para actividades universitarias.
Confirmaron que existe un Reglamento Interno, pero no un manual para compras y contrataciones
Durante las preguntas de los periodistas surgió uno de los aspectos relacionados con el funcionamiento administrativo de la cooperativa: los procedimientos utilizados para adquirir materiales, contratar proveedores y autorizar reparaciones. Desde la conducción se explicó que esas operaciones se resuelven mediante criterios operativos, sin contar con un manual que establezca los pasos específicos para cada tipo de contratación.
Ante una consulta sobre las normas internas, se confirmó que COOPSAR cuenta con un Estatuto Social y un Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Administración, aprobado por Asamblea. Este último regula el trabajo de las comisiones, la asistencia de los consejeros y distintas responsabilidades dentro de la estructura administrativa. “Tenemos el estatuto, reglamento interno y lo que no tenemos es el manual de procedimientos”, se aclaró durante la conferencia.
La dirigencia explicó que las decisiones principales deben tratarse primero en las comisiones y posteriormente elevarse al Consejo de Administración para su aprobación. También reconoció que las contrataciones se fueron resolviendo mediante criterios prácticos y las necesidades de cada sector, sin una reglamentación específica que determine cómo proceder ante cada compra, reparación o contratación de servicios.
La ausencia de una estructura gerencial completa fue otro de los argumentos expuestos. Las dificultades económicas de COOPSAR habrían impedido incorporar personal para asumir esas funciones, por lo que distintas tareas relacionadas con compras, presupuestos, supervisión de reparaciones y control de equipamiento quedaron a cargo de los propios consejeros. La conducción sostuvo que esa modalidad permitió mantener el funcionamiento de la cooperativa mientras sus integrantes compatibilizaban esas responsabilidades con sus actividades laborales particulares.
Los informes mensuales de Tesorería y las dificultades reconocidas por la Lista Blanca
Otro apartado del documento leído durante la conferencia estuvo dedicado al funcionamiento de la administración económica y a las obligaciones establecidas en el artículo 63 del Estatuto Social. Los consejeros explicaron que desde el comienzo de su gestión, hace aproximadamente cuatro años, se adoptó una modalidad mediante la cual el equipo de Tesorería administra los pagos habituales de COOPSAR. Esa práctica, sostienen, ya se utilizaba durante la gestión de Yessica Uribe Gallardo, quien dejó el cargo en 2025 y continuó como consejera titular.
La Lista Blanca afirmó que los movimientos económicos se informaban cotidianamente a los integrantes del Consejo que concurrían a la cooperativa, aunque reconoció dificultades para cumplir con la presentación formal de los estados mensuales. “La presentación de informes de Tesorería ha sido dificultosa de implementar durante los cuatro años que lleva este consejo, contando solo con algunos meses en que se pudo cumplimentar este requisito estatutario”, expresa el documento.
Los autores relacionaron esas dificultades con la organización interna del Consejo, cuyos integrantes desarrollan otras actividades laborales y disponen de tiempos limitados para las tareas administrativas. También mencionaron que los consejeros perciben gastos de representación por sus funciones y defendieron los resultados económicos obtenidos mediante el trabajo de un grupo de ocho integrantes de la Lista Blanca.
El reconocimiento formó parte de las explicaciones leídas por Ñancucheo y se relaciona con uno de los requerimientos formulados durante octubre por la Sindicatura, que había solicitado los estados mensuales de Tesorería y las autorizaciones de pago correspondientes a la gestión de Ramírez. La presentación también sostuvo que las operaciones económicas eran comunicadas a los consejeros que concurrían habitualmente a la institución.
La conducción aseguró que sigue entregando información a la Sindicatura
La conferencia permitió conocer la posición de COOPSAR sobre los requerimientos de documentación formulados por la Sindicatura durante las últimas semanas. Consultado por los pedidos de informes y las diferencias internas del Consejo, Ñancucheo aseguró que se realizaron reuniones con proveedores, se exhibieron antecedentes de las reparaciones y se entregó documentación al órgano de fiscalización. “Se entregó la información a la síndica, se sigue entregando”, afirmó.
El presidente defendió las atribuciones de la Sindicatura para solicitar nuevos antecedentes y sostuvo que esas actuaciones forman parte del funcionamiento habitual de la cooperativa. “Que requieran más información, totalmente avalable”, expresó, aunque cuestionó que los pedidos sean interpretados públicamente como demostraciones de corrupción. También afirmó que tanto la síndica como el auditor contable estuvieron desempeñando sus funciones durante el período en el que se realizaron las contrataciones cuestionadas.
La respuesta se produjo después de que la Sindicatura reiterara una intimación al tesorero para completar la documentación sobre contrataciones, compras y gastos administrativos. El último requerimiento había otorgado 48 horas, plazo que venció el jueves 22 de octubre al mediodía. Durante la conferencia, la conducción sostuvo que los antecedentes se encuentran a disposición de los asociados y que continuará respondiendo las solicitudes del órgano de fiscalización.
Ñancucheo también cuestionó que las actuaciones internas sean utilizadas para presentar públicamente a COOPSAR como una institución atravesada por hechos de corrupción. Sostuvo que los pedidos de información forman parte de las facultades de la Sindicatura y que, si existen pruebas de conductas delictivas, corresponde presentarlas ante la Justicia. Esa posición fue reiterada durante el intercambio con los periodistas.
Embargos bancarios, pagos a CAMMESA y nuevas inversiones
La situación económica de COOPSAR también fue abordada durante las preguntas. Ramírez informó que la cooperativa mantiene embargos sobre cuentas del Banco Nación y del Banco del Chubut, lo que dificulta acceder a herramientas de financiamiento para renovar vehículos, entre ellas operaciones de leasing. También volvió a referirse a un embargo de $130 millones ocurrido durante 2025, al que atribuyó la imposibilidad de haber incorporado nuevas camionetas al parque automotor.
El tesorero sostuvo que, de no haberse producido aquella pérdida, COOPSAR podría haber adquirido tres Toyota Hilux que ya estarían prestando servicios. También aseguró que la cooperativa logró cancelar cuatro facturas independientes de CAMMESA y que actualmente
