El municipio de El Maitén mantiene una deuda cercana a los 60 millones de pesos con la cooperativa local
Mientras la Cooperativa de Servicios Públicos intenta sostener salarios al día, regularizar una deuda histórica con ARCA y modernizar su sistema administrativo, la entidad asegura que el municipio acumula una deuda millonaria por consumo energético en medio de una negociación cada vez más tensa por la renovación de la concesión de los servicios básicos.
La Cooperativa de Servicios Públicos de El Maitén atraviesa uno de los momentos más sensibles de los últimos años. En medio de negociaciones por la renovación del convenio de concesión de los servicios básicos y de un complejo proceso de saneamiento financiero, el presidente de la entidad, Sergio Guajardo, confirmó en diálogo exclusivo con Río Mayo 1935 que la Municipalidad mantiene una deuda cercana a los 60 millones de pesos por consumo energético y advirtió que el sistema actual se volvió cada vez más difícil de sostener para las cooperativas pequeñas del interior chubutense. Según explicó, el problema combina varios factores que se retroalimentan: tarifas reguladas por Provincia, obligaciones tributarias históricas acumuladas con ARCA, costos operativos crecientes, demoras estatales y municipios que, pese a ser grandes consumidores de energía, muchas veces terminan acumulando deudas durante años sin una resolución definitiva.
“Te deba 100 pesos o 60 millones es lo mismo. Es algo que no tiene que suceder. Un mes, dos meses y acomodamos los números y vamos bien. Porque si no acumula. Y encima a los municipios, como te deben, no les cobrás intereses”, sostuvo Guajardo al describir el escenario que actualmente atraviesa la cooperativa respecto al municipio de El Maitén. La deuda aparece además en medio de otra discusión de fondo: la renovación del convenio de concesión de los servicios públicos de energía y agua, vencido desde 2022. El dirigente recordó que el último acuerdo había sido firmado en 2017 con una duración de cinco años, durante la presidencia de Segundo Avilés al frente de la cooperativa, y que desde entonces comenzaron las gestiones para regularizar la situación. Primero desde el consejo de administración anterior —donde él se desempeñaba como secretario— y luego ya como presidente de la entidad, cargo que ocupa desde hace aproximadamente diez meses.
Según relató, durante todo este tiempo la cooperativa insistió ante el Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante, la Federación de Cooperativas, el ENRE y distintos organismos provinciales buscando avanzar con la firma del nuevo convenio. Sin embargo, las respuestas oficiales nunca terminaron de concretarse plenamente. “Fuimos por la firma de la renovación del convenio de concesión municipal de los servicios públicos básicos, que es luz y agua, y no lo hemos podido lograr”, explicó. Incluso reveló que en un momento el Ejecutivo respondió que existía otra alternativa vinculada a la Agencia Provincial de Energía, aunque cuestionó ese argumento porque —según señaló— la propia agencia todavía ni siquiera se encontraba funcionando plenamente cuando esa respuesta fue emitida.
En paralelo a esa discusión institucional, la deuda municipal siguió creciendo. La cooperativa mantiene además un convenio privado mediante el cual actúa como ente recaudador del servicio de cloacas municipal. A partir de ese mecanismo se realizan conciliaciones entre deudas mutuas: lo que eventualmente la cooperativa pudiera adeudarle al municipio y lo que el municipio adeuda por consumo energético y otros servicios. Sin embargo, Guajardo aseguró que históricamente ese esquema nunca terminó de ordenarse de manera definitiva. “Si la cooperativa le debe a la Municipalidad, tiene que pagar. Y si la Municipalidad le debe a la cooperativa, tiene que pagar. Eso es lo que no se ha logrado. Ahora estamos cerrando ese convenio y donde se cierre, yo le cobro. Es así. Me tiene que pagar”, afirmó.
A lo largo de la entrevista insistió varias veces en que no existe ningún régimen especial que habilite al municipio a sostener atrasos prolongados simplemente por tratarse del Estado. Incluso explicó que dentro del sistema tarifario regulado por Provincia, tanto el Estado provincial como el municipal pagan las tarifas más altas porque justamente no reciben subsidios energéticos, a diferencia de usuarios residenciales de menores ingresos. “No hay nada que te diga que le podés dar un tiempo para los pagos. Después es un usuario más. El Estado provincial y el Estado municipal pagan las tarifas más altas. Un usuario con poco poder adquisitivo tiene subsidio. Bueno, el Estado no tiene subsidio porque el subsidio justamente lo da el Estado”, señaló.
Guajardo planteó además que existe una contradicción estructural dentro del funcionamiento de los servicios públicos en el interior de Chubut. Mientras las municipalidades son el poder concedente de los servicios, es Provincia —a través de Servicios Públicos— quien regula tarifas, distribuye energía y define prácticamente todo el esquema operativo de las cooperativas. “Quien nos provee la energía y nos pone las tarifas es Servicios Públicos provincial. Y resulta que las municipalidades te van a poner un canon porque son el poder concedente. Es medio incongruente”, cuestionó. En ese sentido, explicó que las cooperativas prácticamente trabajan sobre márgenes mínimos porque no tienen autonomía tarifaria real. El ingreso está determinado por valores provinciales y cualquier atraso importante termina desacomodando rápidamente toda la estructura financiera.
“Servicios Públicos te dice cuál es la tarifa que vos tenés que cobrar. Entonces estás en una brecha muy cortita de costos e ingresos. Imaginate en ese contexto que la Municipalidad no te pague los consumos cuando además es la institución más grande del pueblo”, remarcó. El presidente de la cooperativa también dejó una de las comparaciones más gráficas de toda la entrevista al explicar por qué considera que el Estado no debería tener privilegios frente al resto de los usuarios. “Si un vecino no paga dos o tres boletas, se le corta el servicio. Entonces, ¿por qué una Municipalidad puede estar años sin pagar? No hay ningún convenio que diga que el municipio puede dejar de pagar. No paga y lamentablemente habría que cortarle”, expresó.
De todas maneras, aclaró que históricamente existió cierta consideración institucional hacia el municipio para evitar llegar a situaciones extremas que terminarían afectando el funcionamiento general de la localidad. Sin embargo, advirtió que sostener indefinidamente ese esquema también pone en riesgo a la propia cooperativa. “No se ha hecho hasta ahora porque hemos tenido consideración de que las cosas se pueden arreglar. Pero todo llega a un momento crucial. Pienso que el Estado es el que tiene que pagar. Si consumís, pagás”, resumió.
ARCA y una deuda histórica que asfixia a las cooperativas del interior
Pero el problema financiero de la Cooperativa de El Maitén no termina en la deuda municipal. Guajardo también describió el enorme peso que representan las obligaciones acumuladas con ARCA, ex AFIP, una situación que —según sostuvo— afecta a prácticamente todas las cooperativas pequeñas del interior chubutense y condiciona seriamente su funcionamiento operativo. “Las cooperativas del interior, las cooperativas chicas, el peor flagelo que tenemos es ARCA”, afirmó. Según explicó, gran parte de esas deudas históricas se originan en aportes patronales, IVA, Ganancias y obligaciones vinculadas a salarios encuadrados bajo el convenio de Luz y Fuerza. En cooperativas pequeñas, con pocos usuarios y costos elevados, esos compromisos terminan acumulándose durante años hasta generar situaciones extremadamente complejas.
“Al tener sueldos relativamente altos, se nos va muchísimo dinero en aportes y eso nos acumula muchas deudas”, señaló. Cuando la actual conducción comenzó a trabajar sobre la situación financiera de la cooperativa, el escenario era crítico. Guajardo reveló que existían decenas de embargos activos que complicaban directamente el funcionamiento bancario y administrativo de la entidad. “Hace dos años y medio teníamos 67 embargos, todos en AFIP en ese momento”, recordó. A partir de allí comenzaron una serie de reuniones con ARCA buscando sacar embargos del sistema bancario y avanzar hacia un esquema de regularización mediante moratorias y planes de pago.
“Tuvimos siete u ocho reuniones con ARCA y pudimos ordenar un sistema de saneamiento de deuda a través de moratorias. Hoy tenemos siete u ocho planes activos y estamos pagando mensualmente alrededor de 40 millones de pesos”, detalló. Según confirmó, la deuda no consolidada actual ronda los 400 millones de pesos, aunque aclaró que el monto total termina siendo todavía mayor debido a intereses y financiación de las moratorias extendidas en hasta 80 u 84 cuotas. Aun así, sostuvo que la cooperativa logró sostener el funcionamiento operativo gracias a una administración austera y mejoras en la recaudación. En ese marco mencionó renovación de luminarias, incorporación de vehículos, modernización de sistemas de cobro y mejoras en herramientas de trabajo para los empleados.
““Hoy la cooperativa funciona. Se escucha que funciona. Estamos cambiando luminarias, compramos vehículos nuevos y tratamos de darle herramientas eficientes a los empleados”, aseguró. Ese proceso de reequipamiento comenzó a reflejarse durante los últimos meses en distintas incorporaciones realizadas por la entidad. A comienzos de febrero, por ejemplo, la cooperativa presentó oficialmente dos camionetas Toyota Hilux 4×4 idénticas: una destinada al área de líneas eléctricas y otra al servicio de agua, unidades incorporadas para reforzar tareas operativas y de mantenimiento tanto en la localidad como en sectores rurales vinculados a la prestación de servicios. Según explicó Guajardo, la actual conducción también se encuentra trabajando en la incorporación de maquinaria vial con vistas a futuros proyectos de ampliación de la red de gas, dentro de un esquema de fortalecimiento operativo y modernización del equipamiento de la cooperativa.
Guajardo explicó además que una de las transformaciones más importantes de esta etapa fue la bancarización y sistematización administrativa de la cooperativa. Según indicó, actualmente los usuarios cuentan con múltiples herramientas digitales y electrónicas para abonar sus servicios. “Logramos bancarizar todo lo que es cooperativa. Hoy tenemos sistemas de pago normales a cualquier sociedad. Implementamos pago por código de barras, transferencias, billeteras virtuales, postnet y ahora también Pago 360 para que esté todo sistematizado”, detalló.
El presidente sostuvo que esa reestructuración administrativa buscó mejorar tanto las condiciones internas de funcionamiento como la atención y comodidad para los usuarios. Según explicó, otro de los objetivos principales fue regularizar completamente el esquema salarial de los trabajadores de la cooperativa, algo que —afirmó— hoy se encuentra ordenado. “Ya hace un tiempo regularizamos el tema de los salarios. Hoy estamos pagando el salario completo de los empleados el primer día hábil de cada mes. El aguinaldo también se paga normalmente y no se le debe nada a nadie”, afirmó.
Guajardo remarcó además que la actual conducción apunta a consolidar una estructura administrativa más transparente y completamente sistematizada. “Lo principal en la cooperativa son los empleados, que son los que mejor tienen que estar. Y también los usuarios, porque son los dueños de la cooperativa y tienen que tener los beneficios que correspondan”, expresó.
Sin embargo, reconoció que sostener simultáneamente el funcionamiento corriente y el pago de semejantes moratorias sigue siendo extremadamente difícil para cualquier cooperativa del interior. “Para pagar el corriente es muy difícil cuando estás pagando tantas moratorias”, explicó. También señaló que los atrasos provinciales en algunos pagos complicaron todavía más el panorama durante los últimos meses, aunque indicó que parte de esa situación comenzaría a regularizarse.
Pese a todo, Guajardo insistió en que la actual conducción busca sostener una cooperativa con perfil social, administrada por vecinos y con cargos directivos completamente ad honorem. Según explicó, tanto la presidencia como la secretaría, tesorería y vocalías no perciben salarios por las funciones que cumplen dentro de la entidad porque —según sostuvo— el objetivo principal sigue siendo garantizar servicios esenciales y sostener el funcionamiento de la cooperativa. “Los consejeros trabajan ad honorem. No cobramos sueldos. Lo hacemos porque queremos que la cooperativa funcione”, afirmó el dirigente al remarcar el perfil social que intenta sostener la actual conducción. “Pagándolas y saneando, la cosa funciona. Pero lo que nos frena mucho es la deuda con ARCA”, concluyó.
