Inauguración, polémica y silencio: las sombras detrás del Centro de Monitoreo en Río Mayo
La inauguración del centro de monitoreo en Río Mayo se realizó el 22 de agosto en el marco del 90° aniversario de la localidad, con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el gobernador Ignacio Torres y el intendente Gustavo Loyaute. Aunque fue presentada como un avance en seguridad, según publicaciones en redes sociales y testimonios de vecinos, la polémica por la selección de personal, los salarios por debajo de la canasta básica, un despido y las tensiones institucionales expusieron un costado menos visible de la iniciativa. A 41 días de la inauguración, el edificio permanece cerrado: se inauguró y se cerró con llave, las cámaras quedaron encendidas, pero el sistema no está en funcionamiento.
En el marco de los festejos por el 90° aniversario de la localidad, el gobierno provincial inauguró el nuevo centro de monitoreo. El espacio fue montado en el edificio donde antes funcionaba el Centro de Artesanos, reacondicionado para esta nueva función.
Pero tras el acto oficial, el centro no comenzó a operar: el edificio permanece cerrado, las cámaras quedaron encendidas, pero no hay personal trabajando ni sistema de vigilancia en marcha. Según trascendió, a partir de los cuestionamientos que despertó el proceso de selección, la puesta en funcionamiento habría quedado en una suerte de stand-by.
El acto contó con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente local, Gustavo Loyaute.
En el video institucional difundido tras la inauguración, el director de Centros de Monitoreo de la Provincia, Cristian Quijano, junto al videovigilador Axel Corbalán y Mariana Marsilli, fueron los encargados de explicar las funciones del sistema y destacar la importancia del nuevo espacio para la seguridad comunitaria.
En la publicidad oficial se subrayaba:
“Más tecnología y mayor seguridad para nuestros vecinos: inauguramos el nuevo centro de monitoreo en Río Mayo. Dimos un paso importante en el cuidado de la comunidad, fortaleciendo la seguridad de los vecinos y generando nuevos puestos de trabajo. Este espacio está equipado con videovigiladores, cámaras lectoras de patentes y personal policial capacitado para atender diversas emergencias”.
No obstante, tras el acto inaugural comenzaron a circular en redes sociales y medios locales distintos cuestionamientos que pusieron bajo la lupa la iniciativa.
La polémica local por la selección de personal
Según publicaciones en redes sociales, algunos vecinos plantearon que no hubo información clara sobre quiénes quedarían seleccionados y que, incluso el mismo día de la inauguración, varios aspirantes no habrían sido notificados.
Cuando se conoció la lista definitiva, los seleccionados fueron blanco de críticas hostiles en la comunidad. Las publicaciones en redes apuntaban a la falta de oportunidades y a supuestos favoritismos en la designación de los puestos.
Otra versión que circuló en la comunidad indica que el acceso al formulario mediante un código QR habría estado disponible solo durante un lapso limitado, lo que se interpretó como una forma de filtro que impidió a algunos vecinos anotarse a tiempo. Estas afirmaciones no fueron confirmadas oficialmente, pero alimentaron el clima de desconfianza en torno al proceso.
Incluso, una usuaria que planteó su disconformidad relató días después que su publicación había sido denunciada en Facebook:
“Me denunciaron la publicación porque dicen que infringí las normas de Facebook, no sé qué onda… Yo solo dije mi punto de vista de lo que se vio. Muchos van a decir que soy mala persona, pero nadie habla, dejan pasar estas cosas. Creo que no le falté el respeto a nadie, y sigo con mi postura de que se hicieron mal las cosas. La gente habla: algunos no estaban enterados, otros no podían ingresar al link. Mi punto de vista es darle oportunidad al que no tiene trabajo, así todos nos podemos ayudar y progresar en Río Mayo. Pero veo que nunca va a ser así”.
El episodio reflejó no solo el malestar, sino también la sensación de censura y el trasfondo social de un debate que excede lo laboral: el reclamo por oportunidades reales de trabajo en una localidad donde las opciones son limitadas.
Cruce institucional: medios, Concejo y Ministerio
La controversia escaló hasta las instituciones locales. Cable Canal Río Mayo, en carácter de medio plural e independiente, remitió un pedido de informe oficial al Ministerio de Seguridad de la Provincia, donde planteó una serie de interrogantes sobre la selección: quién estuvo a cargo formalmente, cómo se administró el cupo de 30 postulantes, por qué se modificaron varias veces las fechas de la capacitación sin notificar a todos, y cuáles eran en realidad los requisitos de edad y perfil exigidos para el puesto. El Ministerio acusó recibo del planteo, pero hasta la fecha el medio local afirma no haber recibido ninguna respuesta concreta, lo que alimenta las dudas sobre la transparencia del proceso.
En paralelo, el Honorable Concejo Deliberante de Río Mayo envió una nota a la dirección del canal en la que, basándose en un posteo de redes sociales del propio medio, solicitaba que se les entregaran los reclamos en forma “formal” o con nombre y apellido.
El pedido puede interpretarse como un intento de formalizar los reclamos, pero al exigir la identidad de los vecinos que habían manifestado su descontento, roza una vulneración a la libertad de expresión. En lo institucional, el Concejo tendría sustento al reclamar documentación para dar cauce administrativo. En lo periodístico, en cambio, el medio está protegido por ley para no revelar sus fuentes, y en ese punto la solicitud se percibió como una presión indebida, cercana a una “cacería de brujas” contra quienes se animaron a cuestionar el proceso.
A este contrapunto se suma un trasfondo político y social: en Río Mayo muchos vecinos confían más en los medios de comunicación locales que en los canales oficiales del municipio o del Concejo, y por eso habrían elegido acercar sus quejas a la prensa antes que a los funcionarios. Esa falta de confianza institucional explicaría por qué los reclamos no ingresaron por vías formales, sino que se hicieron visibles a través de los medios.
Jornadas agotadoras y contratos cortos
Una trabajadora de Alto Río Senguer relató en sus redes la experiencia laboral:
“Traumados por el horario de trabajo y el sueldito… No les recomiendo trabajar ahí. Entrás a las 2 de la tarde y salís a las 22. Al otro día volvés a las 6 de la mañana hasta las 14, y de nuevo de 22 a 6. Todo eso por 300 mil pesos al mes. Contrato hasta diciembre y después ‘veremos’”.
En la investigación se comprobó que el sueldo bruto actualmente es de $350.000, pero a esa suma se le deben descontar el monotributo y el seguro de vida (unos $40.000), lo que deja en mano poco más de $300.000 netos.
Ese monto, que fue presentado oficialmente como una oportunidad laboral, equivale a menos de una quinta parte de la canasta básica total, estimada en alrededor de $1.500.000 para una familia tipo.
Además, la modalidad de contratación como monotributistas obliga a los operadores a facturar y los ubica en una categoría impositiva que no es compatible con beneficios sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH).
En el marco de la investigación también se destacó lo estricto y exigente del esquema laboral. Según pudo reconstruirse, los turnos que cumplen los operadores serían equivalentes a los de un policía: tres turnos de 8×8 horas con un solo día de franco semanal. A esa dinámica se suma el hecho de que en cada guardia habría personal policial supervisando que no se descuiden las cámaras, lo que volvería la tarea aún más tediosa y estresante.
La falta de tiempo libre es otro factor crítico. En Alto Río Senguer, de los ocho ingresantes iniciales ya renunciaron dos, y se espera que las dimisiones continúen. La razón sería clara: la intensidad de los turnos impediría realizar cualquier otra tarea laboral y generaría un desgaste que muchos no estarían dispuestos a sostener.
El panorama se vuelve aún más crítico si se considera que, para cubrir las necesidades de un hogar, un operador debería anexar otro empleo. Pero la dinámica de los turnos rotativos y el nivel de exigencia haría que esa opción sea casi inviable: sumar horas extra solo significaría terminar destrozado, sin energía para la familia ni para la vida cotidiana.
Reclamar también tiene consecuencias
Otro episodio que generó debate público fue la circulación en redes sociales de una carta de despido emitida por la Subsecretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut. Según se difundió, el documento afectaba a un operador que habría planteado reclamos salariales y denunciado atrasos en los pagos.
El caso fue inicialmente publicado por el medio El Diario de la Bahía, donde se multiplicaron comentarios críticos. Posteriormente, el posteo fue retirado, lo que dio lugar a distintas interpretaciones sobre los motivos de la baja. Aunque no hubo confirmaciones oficiales, en las redes siguieron circulando capturas de pantalla que alimentaron la polémica.
Un problema que se repite en toda la provincia
Lo ocurrido en Río Mayo no sería un hecho aislado. Según informó el diario Jornada el 17 de junio de 2025, los centros de monitoreo de Trelew y Gaiman atravesaron una retención de servicios por parte de los operadores contratados.
El personal civil —no policial, contratado como monotributista por el Ministerio de Seguridad— denunció sueldos de $350.000, de los cuales deben descontar monotributo, seguro de accidentes e ingresos brutos, lo que deja un ingreso neto insuficiente. También señalaron que cumplen turnos rotativos de 8 horas, incluyendo feriados y fines de semana, en condiciones que no les permiten acceder a otro trabajo.
La medida de fuerza comenzó en Trelew el 15 de junio y rápidamente se extendió a todos los turnos y al plantel de Gaiman. Los operadores advirtieron que “estamos trabajando en el mismo horario que personal policial y a nosotros no se nos paga ni la mitad”, reclamando una actualización salarial inmediata.
Estos antecedentes muestran que los conflictos laborales en los centros de monitoreo se repiten en distintos puntos de la provincia, con los mismos reclamos: bajos salarios, contratos frágiles y horarios extenuantes.
Dos discursos enfrentados
Por un lado, el gobierno provincial sostiene que la instalación de centros de monitoreo representa un salto tecnológico y un compromiso con la seguridad ciudadana. Por otro, en redes sociales, medios y testimonios de trabajadores se exponen denuncias de jornadas extenuantes, contratos temporarios, salarios muy por debajo de la canasta básica y despidos que desalientan la protesta.
La contradicción queda planteada: la seguridad pública se anuncia como prioridad, pero según múltiples testimonios y antecedentes en distintas localidades, se apoya en condiciones laborales que generan vulnerabilidad. El debate abierto en la comunidad refleja que la confianza en el sistema de vigilancia no solo depende de cámaras y tecnología, sino también de la dignidad y estabilidad de quienes lo hacen funcionar.
