Jueces federales debatieron en Comodoro sobre presupuesto, transparencia y fueros
Durante dos jornadas se desarrolló en Comodoro Rivadavia la Tercera Reunión Anual de Presidentes de Cámaras Federales de Apelaciones, que reunió a los máximos referentes del Poder Judicial de todo el país. El anfitrión fue el camarista Javier María Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal local y titular de la Junta Nacional de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales. Entre los asistentes se destacó la presencia del ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien disertó sobre el rol del Poder Judicial en el contexto actual.
El temario fue amplio, aunque la situación presupuestaria del Poder Judicial concentró buena parte del debate. Los magistrados expresaron su preocupación por la reducción del 8% en el crédito general y del 74% en el área de Bienes de Uso contempladas en el proyecto del Presupuesto Nacional 2026. Según el documento final, “estas disminuciones podrían afectar la operatividad de los tribunales y, en consecuencia, la independencia judicial”.
El encuentro dejó en evidencia el interés de los jueces por defender la autarquía del Poder Judicial y, al mismo tiempo, sus condiciones laborales. Aunque la discusión se presentó en clave institucional, lo salarial ocupó el trasfondo del debate. Las escalas publicadas por el Consejo de la Magistratura muestran que un juez federal de cámara percibe actualmente un haber total de entre 6 y 7 millones de pesos mensuales como base, que puede elevarse —según antigüedad, zona y adicionales— a más de 10 millones. Distintos informes, como el de Página/12, estiman que los integrantes de cámaras y tribunales orales cobran entre 13 y 15 millones de pesos, y los de Casación pueden superar los 16 millones. A esto se suma un punto que genera controversia incluso dentro del propio sistema judicial: los magistrados designados antes de 2017 están exentos del Impuesto a las Ganancias, beneficio que se mantiene vigente pese a los intentos legislativos por revertirlo.
El reclamo por “suficiencia presupuestaria” se da, así, en un contexto de altos salarios, estabilidad vitalicia y beneficios impositivos que no alcanzan a otros sectores del Estado. Sin embargo, los jueces sostienen que se trata de condiciones necesarias para garantizar la independencia judicial y evitar presiones políticas sobre su función.
Además del presupuesto, los jueces federales analizaron la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, la modernización tecnológica de los tribunales, la capacitación del personal judicial en perspectiva de derechos humanos y género, y la necesidad de fortalecer la cooperación entre fueros. En ese marco, se subrayó la transparencia institucional como eje para recuperar la confianza ciudadana. Fue allí donde el ministro Ricardo Lorenzetti retomó la discusión sobre los fueros judiciales y el vínculo entre independencia y control público.
Lorenzetti, quien ya había visitado Comodoro Rivadavia meses atrás para la inauguración de la Ciudad Judicial, volvió a referirse al tema de los fueros y la transparencia. En aquella oportunidad había señalado:
“Escuché al gobernador cuando vino la última vez a la inauguración de la Ciudad Judicial y él insistió mucho en ese tema. Me parece muy bien, pero es parte de un sistema de transparencia institucional. Necesitamos que las instituciones sean transparentes, que sean creíbles. El tema de los fueros es muy específico; si se denuncia a alguien se lo puede enjuiciar. Pero lo importante es no llegar a eso: hay que prevenir.”
En el reciente encuentro federal, el ministro insistió en que la transparencia es el camino para recuperar la credibilidad social del Poder Judicial. Sin embargo, su exposición volvió a sonar distante respecto de la realidad provincial: en Chubut, tanto el gobernador Ignacio Torres como el vicegobernador Gustavo Menna ya habían renunciado a sus fueros, dando un paso que Lorenzetti pareció no registrar. Desde su lugar en la Corte, habló de la necesidad de prevenir los excesos institucionales sin advertir que, en la provincia, esa decisión política ya se había concretado. Esa distancia entre el discurso nacional y la práctica local reflejó la desconexión entre el centro judicial y las realidades concretas del interior.
En ese mismo escenario, Javier María Leal de Ibarra consolidó su perfil como uno de los jueces con mayor influencia institucional en la Patagonia. Además de presidir la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, fue reelecto en junio de 2024, según publicó Infobae, como titular de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales, organismo que coordina la agenda judicial de todo el país.
Recientemente, la Cámara que encabeza tuvo a su cargo la supervisión del escrutinio definitivo en la provincia de Chubut, tarea que volvió a colocarlo en el centro de la escena política. Bajo su jurisdicción pasaron también causas de alto impacto, como la denominada “Alianza Austral”, por contrabando entre Santa Cruz y Chile, en la que el tribunal permitió que los acusados siguieran el proceso en libertad. En la región, esa decisión fue calificada como “incomprensible” por los investigadores.
Leal de Ibarra también integró la estructura de la DAJuDeCO —la oficina de escuchas judiciales— durante el gobierno de Mauricio Macri, en momentos en que se filtraron grabaciones de conversaciones privadas de dirigentes políticos. En aquel entonces, defendió la actuación del organismo y sostuvo públicamente que “la difusión de una escucha es una irregularidad porque violenta la intimidad”. Su Cámara intervino, además, en etapas del proceso judicial por presunto espionaje ilegal durante la gestión de Macri, expediente en el que los imputados terminaron sobreseídos.
En todos esos episodios, Leal de Ibarra no fue denunciado ni sancionado, pero su nombre quedó asociado a resoluciones y actuaciones que generaron controversia pública. Sus defensores lo describen como un juez técnico y prudente; sus críticos, como un magistrado de vínculos fluidos con el poder político y empresarial.
Fuera de los tribunales, mantiene una activa vida social e institucional. Preside la Asociación Comodorense de Tenis y el Santa Lucía Golf Club, espacios donde confluyen empresarios, jueces y funcionarios. En febrero de este año, el dirigente deportivo César Francis lo mencionó en redes durante el Argentina Open Tenis, presentándolo como “gran amigo y presidente de la Federación de Tenis de Comodoro Rivadavia”. Esa trama de relaciones refuerza su figura como un actor con llegada tanto en los ámbitos judiciales como en los sociales y económicos de la región.
El documento final del encuentro en Comodoro Rivadavia sostuvo que “la suficiencia presupuestaria y la autarquía financiera son condiciones indispensables de la independencia judicial”. Pero más allá de esa definición institucional, el encuentro dejó una lectura política: mientras el país discute recortes, inflación y crisis fiscal, los jueces federales defienden sus recursos como parte del concepto de independencia. El debate sobre presupuesto, transparencia y fueros muestra la tensión entre un poder que reclama autonomía y una sociedad que exige rendición de cuentas.
En Comodoro Rivadavia, el Poder Judicial volvió a exhibir su cohesión interna y su capacidad de influencia. Y aunque el discurso se vistió de formalidad institucional, el mensaje de fondo fue nítido: defender su espacio dentro del esquema de poder en un tiempo de desconfianza pública.
Fuentes consultadas: Infobae (07/11/2025); Página/12 (07/11/2025; 26/06/2024); El Chubut; ADNSur; Consejo de la Magistratura de la Nación; declaraciones de Ricardo Lorenzetti; Junta de Presidentes de Cámaras Federales; escalas salariales oficiales; documentación institucional y medios provinciales.
Foto: Quique Galletto
Este artículo se basa en información de dominio público, declaraciones verificadas y fuentes oficiales. No se atribuyen conductas ilícitas a las personas mencionadas. Las referencias a remuneraciones, resoluciones y vínculos institucionales se exponen en el marco del interés público y la transparencia judicial.
