Lo que se vota sin saber
Desde la redacción de riomayo1935.com.ar
El domingo, los chubutenses decidirán si eliminan los fueros provinciales. Pero lo que se presenta como una cruzada moral podría generar un conflicto constitucional con la Nación y los tratados internacionales, afectando el equilibrio entre los tres poderes del Estado y abriendo la puerta a futuras nulidades judiciales.
Este domingo, cuando la gente vaya a votar en Chubut, no solo elegirá diputados nacionales. También decidirá, mediante un referéndum provincial, si se modifican los artículos 247 y 248 de la Constitución para eliminar los fueros que protegen a autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, así como a jueces, fiscales, legisladores y dirigentes sindicales. En la boleta, la pregunta parece sencilla: “¿Aprueba la modificación de la Constitución Provincial sobre los fueros?”. Dos casilleros, uno verde y otro blanco, un “Sí” y un “No”. Tan simple que parece inocente. Pero esa simplicidad es engañosa, porque lo que se vota no es una cuestión moral, sino un cambio estructural del sistema jurídico provincial.
El texto de la boleta indica que se suprime “la inmunidad de proceso y de ejecución de sentencia condenatoria”, y que las causas penales “no estarán sujetas a autorización previa de ningún otro poder del Estado”. A primera vista suena categórico, pero en términos jurídicos es ambiguo e incompleto, porque no deroga ni modifica los artículos siguientes (del 249 al 253) que continúan estableciendo mecanismos de autorización legislativa y control institucional. En otras palabras, se eliminan dos artículos pero se dejan vigentes los que dependen de ellos. Ese vacío crea un escenario de colisión normativa dentro de la propia Constitución del Chubut.
Conviene aclararlo: los fueros no son privilegios personales, sino garantías constitucionales. Están reconocidos en la Constitución Nacional (arts. 68, 69, 110 y concordantes) y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que los entiende como mecanismos que resguardan la independencia de los poderes del Estado y el debido proceso de sus funcionarios. Su finalidad es evitar la persecución política, no impedir el juzgamiento. El fuero no exime de responsabilidad penal, sino que regula el procedimiento para que la acusación sea legítima, imparcial y no arbitraria.
Al eliminar esas garantías sin prever un mecanismo alternativo que garantice el equilibrio entre poderes, se afecta directamente el principio republicano de gobierno consagrado en el artículo 1 de la Constitución Nacional, y se pone en riesgo el debido proceso legal reconocido en los artículos 18 y 33 de la misma, que aseguran la defensa en juicio, la presunción de inocencia y la legalidad del procedimiento.
Además, el artículo 31 de la Constitución Nacional establece la supremacía del orden jurídico federal:
“Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten y los tratados con potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella.”
Por lo tanto, cualquier reforma provincial que contradiga esas garantías es inconstitucional de pleno derecho, porque vulnera el bloque de constitucionalidad federal. Ese bloque está compuesto no solo por la Constitución Nacional, sino también por los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22). Entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que consagran los derechos al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva.
En consecuencia, si se aprueba esta reforma, cualquier persona alcanzada por ella podrá impugnarla judicialmente alegando que viola esos derechos reconocidos por el orden jurídico superior. Es previsible que esas causas escalen desde los tribunales provinciales al Superior Tribunal de Justicia de Chubut, luego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y eventualmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese trayecto, las causas penales quedarán paralizadas, los procesos suspendidos y los plazos dilatados, generando el efecto contrario al que la reforma dice perseguir.
En criollo: esta reforma puede hacer exactamente lo contrario de lo que promete. En lugar de acelerar la justicia, puede multiplicar las nulidades y los amparos, porque los jueces provinciales quedarán ante un dilema: aplicar la nueva Constitución local o respetar el orden jurídico federal y los tratados internacionales. Y en ese dilema, todo se detiene.
Mientras tanto, la campaña oficial lo reduce a una consigna: “Chubut, la primera provincia sin fueros”. Una frase que suena bien, pero carece de sustento jurídico. No hay dictamen técnico que respalde su viabilidad, no hay reglamentación de aplicación ni coordinación con el Gobierno Nacional. Lo que se presenta como una cruzada moral contra los privilegios es, en realidad, una reforma improvisada que puede dejar a la provincia sumida en un conflicto institucional.
No es la primera vez que el gobernador Ignacio Torres apuesta a una maniobra de alto impacto mediático. Al inicio de su gestión, amagó con “cortarle el gas a Buenos Aires”, una medida imposible desde el punto de vista técnico y legal, pero eficaz para instalar su figura en la agenda nacional. Esta reforma tiene el mismo aire: busca el título, la foto, el gesto. Una nueva aventura política, más publicitaria que jurídica, que pone en riesgo la coherencia institucional de Chubut.
Porque lo que realmente se está tocando no es la impunidad, sino el sistema de garantías que hacen posible la justicia. Los fueros, el debido proceso y la independencia de los poderes no son obstáculos para juzgar, son las reglas que evitan que el poder se transforme en persecución. Cuando se los elimina sin reemplazo, lo que se abre no es el camino hacia la justicia, sino un portal hacia la arbitrariedad.
Y cuando los jueces choquen con normas que se contradicen, cuando las causas se caigan por defectos formales, cuando los recursos lleguen a la Corte Suprema o incluso a tribunales internacionales, la gente —cansada y harta— va a volver a decir que nada cambió. Y tendrá razón. Porque los verdaderos privilegios sobrevivirán dentro de la confusión que esta reforma deja abierta.
En criollo: con esta jugada, el gobierno se está pegando un tiro en el pie. O quizás no: quizás lo sabe. Porque hay reformas que se diseñan precisamente para eso, para crear una apariencia de justicia mientras se prepara el terreno de la nulidad. Y cuando todo se caiga, los mismos que la impulsaron tendrán a quién culpar: “la justicia que no cambia”, “los jueces que protegen a los corruptos”.
Por eso, lo que se vota este domingo no es solo un “Sí” o un “No”. Es una definición sobre el respeto al orden jurídico y a la coherencia institucional de la provincia. Y lo que se presenta como un acto de justicia, puede terminar siendo una maniobra de impunidad constitucionalmente insostenible.
