Municipio afronta deuda millonaria con corralón: pagos en cuotas, intereses y un conflicto que podría derivar en discriminación comercial
El intendente Gustavo Loyaute reconoció que el Estado municipal fue intimado judicialmente a cancelar una deuda con Corralón Cantelli, originada hace más de tres años. Si bien un acuerdo permitió regularizar los pagos en cuotas de 5 millones de pesos mensuales, el vínculo comercial no se recompuso y hoy se abre un nuevo debate: la decisión del Municipio de no volver a pedir presupuestos al proveedor podría constituir un caso de discriminación comercial.
En una entrevista, el intendente Gustavo Loyaute confirmó que el Estado municipal se encuentra afrontando los últimos tramos de una deuda con Corralón Cantelli, surgida hace más de tres años. La cancelación se realiza en el marco de un acuerdo alcanzado entre el asesor legal del Municipio y el abogado de la firma comercial, que estableció pagos en cuotas de 5 millones de pesos por mes.
El jefe comunal aseguró que “ya estamos próximos a saldar la deuda”, aunque señaló que resta definir si la empresa avanzará con un reclamo adicional por los intereses acumulados durante este tiempo.
Según la información a la que pudo acceder este medio, en un principio Loyaute habría desconocido la existencia de la deuda, lo que motivó que la empresa recurriera a la vía judicial. En sus presentaciones formales, el corralón reclamó el pago de $39.210.374, más intereses y costas, respaldado con 271 facturas originales.
Los documentos ingresados al expediente precisan que la deuda corresponde a materiales provistos hasta, al menos, el segundo semestre de 2022, sin que el Estado municipal hubiera cancelado el total correspondiente.
Otro dato clave es que, lejos de recomponer la relación comercial tras el acuerdo, el vínculo se habría deteriorado aún más: desde entonces, el Estado municipal no volvió a pedir presupuestos al Corralón Cantelli, proveedor histórico de materiales en la localidad.
Este comportamiento abre un debate sobre la gestión pública. No se trata de una decisión privada, sino de una determinación tomada desde el Estado municipal, que maneja fondos comunes. En los hechos, el Estado municipal habría optado por excluir a un contribuyente local de la competencia comercial, aun después de haber alcanzado un acuerdo judicial que subsanó la deuda.
De esa manera, la decisión podría interpretarse como un perjuicio económico hacia un actor que aporta al propio Estado municipal. Mientras que en el ámbito privado podría leerse como un simple distanciamiento entre partes, en el ámbito público implica que la representación estatal introduce miramientos personales en una relación que, en teoría, había quedado saldada con el entendimiento legal.
Así, el conflicto no solo expone el peso de una deuda millonaria y sus intereses, sino que deja planteado un interrogante mayor: ¿por qué, habiendo alcanzado un acuerdo, el Estado municipal mantiene una postura de distanciamiento que en los hechos prolonga la disputa?
Y aquí aparece con claridad la maniobra: el Estado municipal, tras haber sido obligado judicialmente a reconocer y pagar una deuda, decide dejar de comprarle al mismo contribuyente con el que había alcanzado el acuerdo. Una determinación que, en el terreno de las interpretaciones, puede ser leída como un caso de discriminación comercial, al excluir deliberadamente a un proveedor local de futuras compras.
En este escenario, se abre también un nuevo interrogante: ¿podría el empresario, al verse perjudicado por esta exclusión, iniciar otra demanda contra el Estado municipal por el impacto económico derivado de esta maniobra?
