Río Mayo: una publicación en redes desató un debate sobre el manejo de información pública en el IPVyDU
El intercambio entre la delegada Marina Martín y la vecina Luciana Zalazar expuso las tensiones entre lo personal y lo institucional en la comunicación pública. El caso derivó en la recentralización de la información en la Delegación Sudoeste del IPVyDU, con sede en Comodoro Rivadavia.
Lo que comenzó con tres publicaciones en redes sociales terminó convirtiéndose en un debate profundo sobre la transparencia, la comunicación institucional y los límites entre la vida privada y la función pública.
El 9 de septiembre, la delegada del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) en Río Mayo, Marina Martín, realizó una serie de publicaciones en su cuenta personal de Facebook. En ellas difundía los requisitos y la documentación que debían presentar los inscriptos en los planes habitacionales, junto con datos de pago y transferencias bancarias.
En una de esas publicaciones escribió:
“Esta es la documentación que están solicitando a todos los inscriptos. Por eso mismo presentarse para guiarlos como deben realizar el trámite. Es para todos los inscriptos. Es obligatorio.”
En otra, especificó:
“Para el pago de la solicitud del informe de dominio informo que se debe abonar 17.500, solo ese. Para pagos con transferencia Banco Chubut… Después traer el comprobante del pago del arancel, fotocopia del DNI y los formularios que están disponibles en El Estudiante y en Punto Digital. Viernes mando por bolsín al Registro de la Propiedad.”
Y finalmente, en un tercer mensaje, señaló:
“IPV: todos los que llevaron el formulario pasar por la oficina desde el lunes al miércoles a firmar una planilla. Gracias.”
Las publicaciones, que posteriormente fueron eliminadas, generaron debate en la comunidad por la forma en que se difundía información de carácter institucional desde un perfil personal y de acceso restringido.
El 15 de septiembre, la vecina Luciana Zalazar publicó un texto en sus redes sociales en el que expresó su preocupación por la falta de comunicación oficial y de igualdad de acceso a la información.
“En Río Mayo se repite una situación preocupante: los requisitos para acceder a una vivienda social no se difunden por canales oficiales, sino a través del perfil personal de la delegada del IPVyDU, con publicaciones visibles solo para un círculo de contactos. Un procedimiento que debería garantizar publicidad, igualdad y transparencia termina manejándose de forma restringida”, escribió.
Zalazar añadió que “ya en 2020 había ocurrido una situación similar”, cuando las viviendas se entregaron —según expresó— “entre gallos y medianoches, sin transparencia ni igualdad de condiciones”.
El tema volvió a tomar fuerza el 6 de octubre, cuando Marina Martín abordó el asunto durante una entrevista transmitida en vivo por Cable Canal Río Mayo. En ese espacio explicó su accionar:
“Agarré y tomé la tarea de ayudar, porque mucha gente no podía acceder a la página. Pero es un trámite personal, no institucional, y cada uno debía hacerlo por su cuenta. No lo hice desde la página oficial porque no podíamos hacerlo desde allí.”
Martín agregó que consultó con sus superiores en Comodoro Rivadavia antes de publicar y defendió su accionar:
“Consulté a mi jefe y me dijo que no estaba mal. Igual sabía que podía generar malestar, pero solo quería ayudar. No te pueden sancionar por una cuestión así, porque no estás incurriendo en ninguna falta.”
La delegada también expresó su malestar por la exposición posterior de su imagen y datos personales, y en ese contexto manifestó:
“Mi abogado me dijo justamente porque pusieron mi foto y mis datos personales de mi perfil personal, eso sí es una infracción, porque vos sos un medio y podemos compartir lo del medio, pero yo no puedo agarrar y poner tu foto y tus datos. Eso puede ser grooming o acoso cibernético.”
Finalmente, el 15 de octubre, Luciana Zalazar volvió a responder públicamente, refiriéndose a la entrevista y cuestionando las declaraciones de la funcionaria.
“El día que salió esa entrevista estaban operando a mi hijo. En ese momento elegí acompañarlo y guardar silencio, pero eso no significa que vaya a dejar pasar declaraciones públicas cargadas de errores, contradicciones e interpretaciones legales completamente fuera de lugar”, escribió.
En su texto, Zalazar sostuvo que “la delegada admite que actuó por decisión personal y sin respaldo institucional, difundiendo información pública fuera de los canales oficiales”, lo que —según consideró— “se encuadra en un exceso de función”.
También rechazó la interpretación jurídica expresada por Martín:
“Hablar de ‘infracción’ o de ‘grooming’ es un error grave. Esos términos no aplican a la crítica ciudadana. Usarlos de forma errónea banaliza delitos y genera desinformación social.”
Y concluyó:
“La función pública no se defiende con victimismo, se sostiene con transparencia, conocimiento y respeto por la ley. Quien elige hablar desde un cargo público también elige exponerse a la crítica. Así funciona la democracia: no hay fueros para la incoherencia.”
Más allá de las posiciones personales, el caso puso de relieve una problemática frecuente en las comunidades pequeñas: la delgada línea entre la función pública y la vida privada, donde los perfiles personales de redes sociales suelen convertirse en herramientas de comunicación institucional informal.
Tras la controversia, la Delegación Sudoeste del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) resolvió recentralizar la difusión de toda la información oficial en la sede de Comodoro Rivadavia, desde donde se canalizarán de ahora en adelante los comunicados, instructivos y gestiones administrativas correspondientes a las localidades de Río Mayo, Sarmiento, Alto Río Senguer, Lago Blanco, Facundo y Aldea Beleiro.
La medida busca garantizar igualdad de acceso, evitar la circulación de información no oficial y unificar los criterios de comunicación institucional en toda la zona.
