Tierras frente al Perito Moreno: el decreto de Vidal que abrió una excepción y la orden judicial que frenó su inscripción
La autorización para una operación entre empresas dentro de la Península de Magallanes provocó cuestionamientos políticos y ambientales. El permiso fue otorgado en septiembre para un proyecto turístico, pero en octubre un juez federal ordenó preservar la situación registral de dos parcelas y remitir la causa a la Corte Suprema. Diputados provinciales también presentaron una iniciativa para derogar el decreto. El conflicto enfrenta la promoción de inversiones con las restricciones que rigen sobre un área natural protegida.
La controversia por las tierras de la Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno, involucra una excepción concedida por el gobierno de Claudio Vidal para una operación inmobiliaria entre particulares y una posterior intervención judicial sobre las parcelas involucradas. No se trata de una venta de tierras fiscales por parte del Estado provincial.
El Decreto 915/26, firmado el 1 de septiembre y publicado el 22 de ese mes, exceptuó una compraventa de la restricción prevista en el artículo 2 del Decreto 994/17. Identifica a Lacustre del Sud S.A. como vendedora y a ASB Hospitality Calafate SAU como adquirente, y vincula la operación con el “Master Plan Ecocentro” en la Fracción G, Matrícula 186, del departamento Lago Argentino.
El texto oficial circunscribe la excepción a ese proyecto y establece que no podrá utilizarse automáticamente para justificar otras operaciones. Señala que el emprendimiento cuenta con Declaración de Impacto Ambiental aprobada, pero condiciona su ejecución y funcionamiento al cumplimiento de las normas ambientales, territoriales y de conservación, así como a las restricciones y medidas que determinen las autoridades competentes.
La orden judicial sobre las parcelas G2 y G3
Según la resolución difundida por Ahora Calafate el 16 de octubre, el juez federal de Río Gallegos Claudio Marcelo Vázquez ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble abstenerse de inscribir transferencias de dominio, cesiones o constituciones de derechos reales sobre las parcelas G2 y G3. La decisión tuvo un alcance conservatorio: preservar la situación registral mientras se determina qué tribunal debe intervenir. No anuló el decreto provincial ni resolvió la legalidad definitiva de la operación, y tampoco dispuso por sí misma la paralización material del emprendimiento.
Vázquez se declaró incompetente para resolver el fondo y ordenó remitir las actuaciones a la Corte Suprema. Consideró necesaria la participación del Estado nacional, la Provincia de Santa Cruz y las empresas involucradas. La resolución de octubre constituye un antecedente judicial de la controversia; no se pudo comprobar mediante una decisión posterior si esa restricción fue modificada. Tampoco se verificó una transferencia de dominio consumada.
Diputados propusieron derogar la excepción
El cuestionamiento también llegó a la Legislatura. El proyecto 717, ingresado el 7 de octubre y firmado por Carlos Alegría, Agostina Mora Doldán, Daniel Peralta, Carlos Godoy y Ramón Bodlovic, propone derogar el Decreto 915/26 y dejar sin efecto los actos administrativos derivados de esa autorización.
En sus fundamentos, los legisladores identifican a ASB Hospitality LLC, constituida en Emiratos Árabes Unidos, como accionista de la sociedad compradora. Sostienen que la excepción afecta las atribuciones legislativas y el régimen de protección territorial. Se trata de los argumentos de los autores de una iniciativa parlamentaria, no de una declaración judicial de invalidez.
La propuesta también plantea dar jerarquía de ley al Decreto 994/17 e impedir nuevas excepciones individuales que alteren las restricciones sobre la Península de Magallanes. Su presentación documenta una respuesta política al permiso provincial, pero no equivale a su aprobación.
El área cuenta, además, con un Plan de Gestión aprobado mediante el Decreto 303/22. Ese instrumento contempla la conservación de los ecosistemas, la protección de la fauna y el ordenamiento de las actividades, y somete las habilitaciones a la intervención de la autoridad de aplicación. El debate no se limita, por lo tanto, a quién compra una propiedad: también alcanza a los usos admitidos y a los controles exigibles en un territorio protegido.
Fuentes: Boletín Oficial de Santa Cruz, Decreto 915/26; Decreto 303/22; Cámara de Diputados de Santa Cruz, proyecto 717/26; Ahora Calafate, cobertura judicial del 16 de octubre de 2026.
