Torres instaló el “fin de la usura”, pero el plan no elimina la deuda: la traslada al Banco del Chubut
Ignacio Torres consiguió instalar en medios nacionales una medida presentada como un alivio para los empleados públicos endeudados con mutuales, cooperativas y financieras. Pero las primeras consultas muestran una realidad bastante más restrictiva: evaluación crediticia, mora, préstamos anteriores, un tope de ingresos de seis salarios mínimos y una afectación máxima del 40%. Además, el trabajador no vuelve al capital que recibió originalmente: refinancia el saldo vigente que logre acordar con su acreedor y sobre ese monto comienza una nueva deuda con el Banco del Chubut. Puede bajar la tasa y la cuota, pero el endeudamiento continúa y puede extenderse otros seis años.
Ignacio Torres logró instalar una medida políticamente potente. El gobernador anunció que Chubut dejaría de ser “cómplice de la usura”, denunció tasas superiores al 340% anual y señaló que existían empleados públicos con porcentajes muy elevados de sus ingresos comprometidos. La decisión de quitar los códigos de descuento a mutuales, cooperativas y entidades similares fue presentada junto con una alternativa: el Banco del Chubut ofrecería una refinanciación al 25% anual, hasta 72 cuotas y con doce meses de gracia sobre el capital. La noticia salió rápidamente del ámbito provincial y llegó a medios nacionales bajo la imagen de un gobernador dispuesto a intervenir frente al endeudamiento de los estatales.
La presentación tuvo impacto inmediato, pero las condiciones completas comenzaron a adquirir otra dimensión cuando los empleados se acercaron al Banco. El programa no supone una aprobación automática. Cada caso debe atravesar el análisis crediticio de la entidad y el Banco evalúa la capacidad de pago antes de cancelar la obligación anterior. La línea contempla hasta 72 cuotas y un año de gracia únicamente sobre el capital, no doce meses sin costo financiero. También existe un límite de ingresos equivalente a seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, que con el valor vigente desde agosto coloca el techo en $2.259.600 mensuales.
En Azules Chubut Informa comenzaron a aparecer testimonios de policías, familiares y empleados provinciales que describen otra cara de la operatoria. Hay trabajadores que aseguran haber sido rechazados porque mantienen préstamos con el propio Banco del Chubut, otros dicen que la mora en Patagonia 365 les impidió avanzar y también existen consultas en las que la cuota resultante superaría la capacidad financiera admitida. Otro testimonio sostiene que en sucursales de Esquel y Trevelin recomendaron esperar hasta que desaparezcan del recibo los descuentos de las mutuales. Son experiencias individuales y no pueden convertirse en condiciones generales sin una explicación oficial, pero muestran qué ocurre cuando el anuncio político llega al mostrador del Banco.
El dato resulta especialmente importante porque el propio Gobierno reconoció que muchos trabajadores terminaron recurriendo a mutuales y cooperativas después de agotar su capacidad de endeudamiento en los bancos tradicionales. Esa explicación describe exactamente el problema que ahora enfrenta la nueva línea: personas que llegaron al crédito más caro porque el sistema bancario consideraba comprometida su capacidad de pago deben regresar al mismo sistema y superar otra evaluación para obtener el préstamo que supuestamente les permitirá salir de aquella situación. El mecanismo puede terminar dejando afuera justamente a quienes se encuentran más comprometidos.
El aspecto menos explicado está en el monto que finalmente será refinanciado. El trabajador debe dirigirse primero a la mutual o entidad acreedora, pedir una certificación de la deuda y gestionar una propuesta que contemple una reducción de intereses. Después debe presentar esa obligación ante el Banco del Chubut y, si supera el análisis crediticio, será el propio Banco quien pague directamente al acreedor. Hasta ahora no se conoce una fórmula general que establezca cuánto deben reducir obligatoriamente las entidades, qué porcentaje de intereses debe eliminarse ni qué ocurre cuando el trabajador y la mutual no consiguen acordar un saldo.
Por eso la refinanciación no devuelve automáticamente al trabajador al capital que recibió cuando tomó el préstamo original. Si una persona recibió $2 millones y llega a la negociación con un saldo superior formado por capital pendiente e intereses ya devengados, el nuevo crédito partirá del monto que finalmente resulte reconocido para cancelar esa obligación. Si luego el Banco financia ese saldo al 25%, comienzan a generarse nuevos intereses sobre una deuda que puede contener intereses acumulados del crédito anterior.
Eso no permite afirmar automáticamente que exista una capitalización ilegal de intereses, porque cada contrato debe ser analizado en particular. Pero económicamente el efecto puede ser claro: el empleado pasa a pagar una nueva financiación sobre un saldo construido durante la vida del préstamo anterior. El problema de endeudamiento no desaparece, sino que cambia de acreedor, de tasa y de plazo.
Ahí aparece una diferencia fundamental entre refinanciar y desendeudar. Para quien pueda pasar de una tasa extremadamente elevada a otra del 25%, la operación puede representar una mejora importante y reducir el peso mensual de la cuota. Pero reducir la cuota no significa eliminar la deuda. El trabajador deja de deberle a una mutual, cooperativa o financiera y comienza a deberle al Banco del Chubut, con un compromiso que puede extenderse durante otros seis años.
El denominado año de gracia tampoco significa un año sin pagar. La condición anunciada alcanza solamente al capital. Durante ese período la operación sigue teniendo un costo financiero. La precisión es importante porque la expresión “un año de gracia” tuvo mucha más fuerza pública que la explicación completa sobre cómo funcionará efectivamente durante esos doce meses.
Los códigos de descuento forman parte de esta misma historia. La Ley I N.º 109 permite, con conformidad del agente, realizar determinadas retenciones sobre los haberes públicos y establece un límite general del 40% para las obligaciones alcanzadas por ese régimen. El nuevo decreto elimina las autorizaciones concedidas a mutuales, cooperativas y entidades similares, pero mantiene entre las excepciones los descuentos correspondientes al Banco del Chubut, además de SEROS, el Instituto Provincial de la Vivienda y otras obligaciones previstas legalmente.
La relación entre ambas decisiones es directa. El Gobierno retira a determinadas entidades privadas la posibilidad de cobrar automáticamente desde el recibo provincial y coloca al Banco del Chubut en el centro de la refinanciación. El mismo banco que conserva la posibilidad de descontar determinadas obligaciones sobre el salario pasa ahora a convertirse en el nuevo acreedor de trabajadores que antes debían dinero a mutuales, cooperativas y financieras.
El sistema que hoy cuestiona Torres tampoco funcionó solamente durante administraciones anteriores. El 26 de agosto de 2025, durante su propia gestión, el Poder Ejecutivo firmó el Decreto 978 autorizando un código de descuento solicitado por la Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Másele Ltda. para personal activo y pasivo de la Administración Pública. La autorización se concedió dentro del mismo marco normativo que ahora el Gobierno decidió restringir.
Ese antecedente no vincula a la cooperativa con las tasas abusivas denunciadas por Torres y no existe documentación que permita hacerlo. Pero demuestra que menos de un año antes del anuncio sobre el “fin de la usura”, la propia administración provincial continuaba otorgando autorizaciones dentro del sistema. Por eso resulta necesario conocer cuándo detectó el Gobierno el problema, qué controles realizó sobre las entidades y qué cambió entre aquellas autorizaciones y la decisión tomada ahora.
También queda pendiente una explicación sobre otro dato utilizado por Torres: la existencia de trabajadores con más del 80% de sus ingresos comprometidos. La Ley I N.º 109 establece un límite del 40% para las retenciones comprendidas dentro de ese régimen. Si aquel 80% surge de sumar códigos, préstamos bancarios, débitos posteriores al cobro, obligaciones judiciales y otros compromisos financieros, el Gobierno debería mostrar cómo estaba compuesto. Si existieron retenciones dentro del propio régimen que superaron el límite legal, corresponde determinar cómo fueron permitidas y quién debía controlarlas.
La eliminación del código tampoco extingue las obligaciones anteriores. Las deudas siguen existiendo. Quien no pueda ingresar al Banco del Chubut deberá acordar otra modalidad de pago con su acreedor, mientras que quien logre acceder cambiará una financiación por otra. La mutual o financiera cobrará el saldo finalmente acordado, el Banco pasará a ocupar su lugar como acreedor y el empleado continuará pagando.
Por eso el resultado económico de la medida no puede evaluarse solamente comparando una tasa del 340% con otra del 25%. También importa saber qué monto se refinancia, qué parte de los intereses anteriores fue realmente eliminada, cuánto se termina pagando durante los 72 meses y cuántas personas quedan afuera por no superar el análisis crediticio.
La repercusión política llegó antes que esas respuestas. Torres consiguió instalar el “fin de la usura” como una medida de protección al empleado público. Ahora falta conocer cuántos trabajadores pudieron presentarse, cuántos fueron aprobados, cuántos quedaron afuera y qué motivos utilizó el Banco para rechazarlos.
El verdadero alcance del supuesto alivio se conocerá cuando aparezcan esos números. Porque el trabajador que accede no deja de ser deudor: cambia de acreedor, extiende el plazo y comienza una nueva relación financiera con el Banco del Chubut. Y si el saldo refinanciado todavía conserva parte de los intereses acumulados anteriormente, el problema no desaparece. Se reorganiza y puede acompañarlo durante otros seis años.
