131 días de reclamos: el Concejo aprobó un alivio fiscal parcial y dejó sin resolver el trato desigual que denuncian los comerciantes
El reclamo comenzó el 17 de abril por la venta ambulante y terminó exponiendo una discusión mucho más profunda sobre impuestos, proveedores externos, compras municipales, controles y medidas para sostener al comercio de Río Mayo. Cuatro meses después, el Concejo aprobó facilidades para quienes adeudan, reducción de recargos y bonificaciones cuyo alcance todavía no fue explicado públicamente. Mientras tanto, siguen pendientes varios de los planteos centrales, el Municipio no dio una respuesta integral sobre las compras que realiza fuera de la localidad y hasta una de las presentaciones de los comerciantes terminó archivada bajo la fórmula “objeto cumplido”, sin mayores explicaciones sobre qué se consideró efectivamente resuelto.
A 131 días de la primera reunión realizada el 17 de abril en el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, el Concejo Deliberante de Río Mayo aprobó un régimen especial de alivio fiscal para los comercios de la localidad. La medida fue acompañada por unanimidad durante la sesión del jueves 20 de agosto, pero su alcance resulta mucho más limitado cuando se la compara con el conjunto de problemas y propuestas que dieron origen a cuatro meses de reuniones, notas, pedidos de informes y trabajo legislativo.
La discusión había comenzado por la venta ambulante, la falta de controles y las diferencias existentes frente a quienes mantienen comercios habilitados durante todo el año. Con el correr de las reuniones aparecieron otras cuestiones que terminaron componiendo un diagnóstico bastante más amplio: presión tributaria, proveedores mayoristas externos, compras realizadas por el Municipio fuera de Río Mayo, habilitaciones, nuevas modalidades de comercialización, medidas compensatorias y la necesidad de sostener el movimiento económico dentro de la localidad.
El régimen aprobado contempla facilidades para regularizar obligaciones municipales, reducción de recargos y beneficios para aquellos contribuyentes que mantienen sus pagos al día. Tendrá una vigencia general de seis meses, mientras que determinadas bonificaciones relacionadas con la Ordenanza Tarifaria N° 2455/2025 podrán extenderse hasta que entre en vigencia la normativa correspondiente al ejercicio fiscal 2027.
Para los comerciantes que acumularon deudas, la herramienta tiene un objetivo concreto: ampliar las posibilidades de regularización y reducir el peso de los recargos. La situación resulta menos clara para quienes hicieron el esfuerzo de mantenerse al día, porque durante la sesión no se explicaron los porcentajes de las bonificaciones, su alcance sobre cada tasa ni los criterios económicos utilizados para determinar esos beneficios.
Esa falta de precisiones impide conocer todavía cuánto representará realmente el denominado alivio fiscal para un negocio que viene cumpliendo normalmente con sus obligaciones. También marca una diferencia con la discusión que los comerciantes habían llevado originalmente a la mesa, donde no solamente se planteaba cómo pagar lo adeudado, sino cómo reducir temporalmente determinadas cargas para ayudar a sostener la actividad hasta atravesar el actual escenario económico.
Una discusión que nunca se limitó a los impuestos
Después de aquella primera reunión del 17 de abril, la presidenta del Concejo Deliberante, Silvia Muñoz, respondió formalmente el 4 de mayo mediante la Nota N° 55/2026. Dos días después, comerciantes autoconvocados se reunieron en el SUM de la Cooperativa de Río Mayo para ordenar los principales planteos y el 8 de mayo mantuvieron la primera reunión formal con el cuerpo legislativo, oportunidad en la que también ingresó una nota sobre la situación económica del sector.
El 15 de mayo fueron presentadas otras dos iniciativas. Una proponía actualizar la normativa de vendedores ambulantes y la otra avanzar sobre proveedores mayoristas itinerantes y nuevas modalidades de comercialización. El 18 de mayo se realizó una reunión ampliada en la que participaron comerciantes, concejales, autoridades del Juzgado Administrativo de Faltas y el intendente Gustavo Loyaute.
Para entonces, el planteo ya contemplaba distintas alternativas destinadas a aliviar al comercio local sin trasladar toda la pérdida de recursos a las cuentas municipales. Entre ellas se discutieron beneficios tributarios, medidas vinculadas con vehículos afectados a actividades comerciales, controles sobre vendedores ambulantes, tratamiento de proveedores externos y una revisión más profunda de la manera en que se distribuyen las obligaciones entre los distintos actores que participan del mercado local.
Uno de los puntos que tomó mayor relevancia fue el Derecho de Inspección de Abasto. Durante buena parte del proceso se habló de la necesidad de encontrar un marco adecuado para regular a distribuidores y proveedores externos, pero posteriormente la revisión de la propia Tarifaria vigente permitió advertir que su artículo 33 ya contempla ese derecho.
La discusión cambió entonces de naturaleza. Según vienen planteando los comerciantes, el problema no sería solamente la ausencia de una normativa, sino determinar por qué el Municipio no estaría haciendo efectivo ese cobro sobre determinados proveedores mayoristas que ingresan regularmente a Río Mayo.
Ese reclamo expone la desigualdad que el sector viene señalando desde el comienzo. Un negocio radicado en la localidad afronta habilitaciones, tasas, renovaciones y demás obligaciones municipales durante todo el año, mientras proveedores externos pueden ingresar al mismo circuito económico sin que, según sostienen los comerciantes, se les aplique efectivamente una carga equivalente.
La propuesta de fondo buscaba compensar una eventual reducción sobre los negocios locales ampliando la recaudación hacia actividades que actualmente también se desarrollan dentro de Río Mayo. De esa manera, el Municipio podía sostener parte de sus ingresos sin cargar nuevamente todo el esfuerzo sobre quienes ya forman parte permanente del sistema tributario.
Las compras municipales también quedaron bajo cuestionamiento
A la discusión tributaria se agregó un reclamo que todavía no obtuvo una explicación pública integral: las compras que la Municipalidad realiza fuera de Río Mayo. Los comerciantes plantearon durante las reuniones que algunos proveedores mayoristas externos también abastecen al propio Estado municipal, mientras negocios locales reclaman mayores oportunidades para participar de esas adquisiciones.
El cuestionamiento no implica que cada compra municipal deba hacerse obligatoriamente dentro de la localidad. Precios, cantidades, disponibilidad y procedimientos administrativos forman parte de cualquier decisión de compra. Lo que el sector reclamó fue conocer por qué se eligen determinados proveedores externos, qué posibilidades tienen los negocios de Río Mayo de presentar ofertas y cuánto del gasto público podría permanecer dentro del circuito económico local en un momento particularmente complejo para la actividad privada.
La cuestión se vuelve más sensible cuando ambos planteos se cruzan. Si algunos proveedores externos venden mercadería al Municipio y además ingresan a desarrollar actividad comercial en Río Mayo, los comerciantes consideran necesario explicar si están pagando efectivamente el derecho correspondiente y bajo qué condiciones compiten con quienes sostienen estructuras comerciales permanentes dentro de la localidad.
Parte de esas preguntas debían encontrar respuesta mediante pedidos de informes y consultas surgidas de las primeras reuniones. Sin embargo, varias de las cuestiones planteadas nunca tuvieron una devolución integral ante los comerciantes, pese a que esa información era necesaria para determinar con números concretos qué margen existía para reducir cargas, cómo compensar la eventual pérdida de recursos y qué otras medidas podían implementarse.
La mesa que debía construir las respuestas perdió continuidad
La reunión ampliada del 18 de mayo había dejado planteada la continuidad de una mesa de trabajo con los distintos actores involucrados. Loyaute incluso había manifestado que, si no podía participar personalmente de los encuentros siguientes, enviaría un representante del Ejecutivo para mantener esa instancia.
El proceso no tuvo la continuidad esperada. Hubo nuevas reuniones y tratamiento legislativo, pero también períodos prolongados sin convocatorias y con pedidos de información pendientes. El 7 de julio los comerciantes volvieron a dirigirse formalmente al Concejo para reclamar explicaciones sobre el estado de los expedientes y solicitar la reactivación de la mesa.
Diez días después, el cuerpo respondió por escrito que las iniciativas continuaban bajo análisis, que se habían solicitado informes y que se estaba relevando normativa de otros municipios. El 29 de julio se convocó una nueva Mesa de Trabajo Comercial y el 3 de agosto volvió a realizarse un encuentro, del que surgieron algunos criterios que posteriormente fueron incorporados al proyecto unificado de alivio fiscal.
La redacción final, sin embargo, continuó siendo trabajada dentro de la Comisión de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos junto al secretario coordinador municipal, Lucas Ceballos. Los comerciantes no participaron de la definición completa del texto que finalmente llegó al recinto ni conocieron previamente toda la letra fina de las bonificaciones destinadas a quienes están al día.
Ese recorrido es uno de los principales cuestionamientos que deja la ordenanza. El sector había sido convocado inicialmente para describir los problemas, aportar alternativas y explicar cómo funciona el ecosistema comercial de Río Mayo, pero no terminó participando con el mismo nivel de intervención cuando llegó el momento de establecer los números y condiciones de la primera respuesta fiscal concreta.
Un reclamo terminó archivado y otros siguen esperando
La sesión del 20 de agosto dejó además una novedad sobre uno de los expedientes presentados por los comerciantes. La nota del 15 de mayo vinculada con la actualización y revisión de la normativa sobre vendedores ambulantes fue enviada al archivo después de cuatro reuniones de comisión.
El despacho justificó la decisión mediante la expresión “por objeto cumplido” y señaló que la presentación había sido analizada por la Comisión de Asuntos Legales, Cultura y Acción Social. Durante la sesión no se explicó con mayor profundidad qué parte del pedido se consideraba satisfecha, mediante qué decisión concreta se había cumplido su finalidad ni si esa conclusión había sido previamente comunicada al sector que realizó la presentación.
El archivo de aquella nota no significa que la problemática haya terminado. El proyecto de ordenanza sobre vendedores ambulantes que surgió posteriormente lleva cinco reuniones de comisión y fue enviado a la Asesoría Legal del Concejo para su revisión. También continúa bajo análisis el régimen de habilitaciones comerciales para productos alimenticios.
La regulación vinculada con proveedores externos permanece igualmente pendiente. Ese expediente resulta especialmente significativo porque concentra buena parte de la discusión sobre el trato desigual que los comerciantes habían planteado desde mayo y todavía no produjo una respuesta definitiva.
La forma en que avanzaron los distintos expedientes también dificulta el seguimiento público. Las decisiones aparecen habitualmente dentro de despachos identificados por número, sin que los órdenes del día expliquen con suficiente detalle qué sucederá con cada presentación. Para conocer si un reclamo sigue en comisión, pasa a otra instancia o termina archivado es necesario seguir prácticamente todo el recorrido administrativo del Concejo.
Una ordenanza que resolvió apenas una parte del problema
El alivio fiscal aprobado el jueves atiende dos situaciones concretas: ofrece mejores condiciones para regularizar deudas y prevé beneficios para los contribuyentes que lograron mantenerse al día. Lo que todavía no permite saber es cuánto significará efectivamente esa bonificación ni cuánto modificará la carga tributaria que continuará soportando el comercio local.
Tampoco resolvió conjuntamente el resto de la ecuación planteada durante estos 131 días. Sigue pendiente explicar qué sucede con el Derecho de Inspección de Abasto, por qué los comerciantes sostienen que determinados proveedores externos no lo están pagando, cuánto compra el Municipio fuera de Río Mayo, qué posibilidades tiene el comercio local de participar de esas adquisiciones y qué otras medidas compensatorias podrían implementarse.
La diferencia entre el reclamo original y la ordenanza sancionada queda justamente allí. Los comerciantes habían llevado una propuesta para revisar cómo se distribuyen las cargas dentro de todo el circuito económico local y encontrar una fórmula que permitiera acompañar a los negocios sin desfinanciar los servicios municipales. La primera respuesta terminó concentrándose principalmente en las condiciones de pago de quienes ya están dentro del sistema.
Desde el 17 de abril pasaron 131 días. Hubo reuniones, notas, pedidos de informes, proyectos y trabajo en comisión, pero el resultado todavía no alcanza a cerrar la discusión que abrió aquel primer reclamo. El Concejo aprobó el alivio fiscal mientras la regulación de proveedores sigue pendiente, el cobro de Abasto continúa bajo cuestionamiento, las compras municipales fuera de Río Mayo no tuvieron una explicación integral y una de las presentaciones de los comerciantes ya terminó en el archivo sin que se desarrollara públicamente qué se consideró cumplido.
Ese es el balance concreto después de cuatro meses: la primera ordenanza llegó, pero buena parte del problema que la originó todavía sigue esperando una respuesta.
