Chubut busca reforzar las Juntas Evaluadoras de Discapacidad mientras las familias del interior enfrentan dificultades para acceder al CUD
La convocatoria provincial para incorporar profesionales expone las limitaciones de un sistema que concentra las evaluaciones en ciudades de referencia y obliga a numerosas familias rurales a afrontar viajes, gastos y demoras para tramitar o actualizar sus certificados. Aunque existen juntas itinerantes, su funcionamiento depende de la disponibilidad de equipos y de las gestiones para llegar a las comunidades dispersas. En Río Mayo, una sola jornada permitió emitir 16 certificados y atender más de 12 consultas. La necesidad de ampliar la atención territorial también alcanza a Sarmiento y a las poblaciones del sudoeste chubutense.
La Secretaría de Salud del Chubut abrió este lunes 9 de noviembre una convocatoria dirigida a profesionales del sistema público interesados en incorporarse a las Juntas Evaluadoras de Discapacidad. La búsqueda comprende médicos, psicólogos, licenciados en Trabajo Social, fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales y psicopedagogos, quienes deberán recibir capacitación y acreditar sus conocimientos para intervenir en los procedimientos de certificación.
El anuncio provincial coincide con una problemática que se repite en distintas localidades del interior: la dificultad para acceder a evaluaciones y actualizaciones del Certificado Único de Discapacidad (CUD) sin tener que trasladarse hasta ciudades donde funcionan las juntas permanentes. Para numerosas familias, especialmente aquellas que viven en comunidades pequeñas o establecimientos rurales alejados, conseguir un turno representa apenas una parte del trámite. Después deben resolver cómo viajar, quién acompañará a la persona que necesita la evaluación y de qué manera afrontarán los gastos.
En el sudoeste de Chubut, esta situación alcanza a poblaciones como Río Mayo, Alto Río Senguer, Ricardo Rojas, Lago Blanco, Aldea Beleiro y Facundo, además de otras comunidades dispersas que dependen de los servicios sanitarios de localidades de mayor tamaño. Sarmiento constituye uno de los centros de referencia para la región, mientras que Comodoro Rivadavia concentra prestaciones especializadas a las que también deben recurrir vecinos del interior.
La distribución territorial de los equipos es uno de los aspectos centrales del problema. La Secretaría de Salud mantiene un registro de once juntas evaluadoras distribuidas en diez localidades de la provincia, entre ellas Sarmiento y Comodoro Rivadavia. Río Mayo, Alto Río Senguer y las demás comunidades mencionadas no figuran como sedes permanentes, por lo que el acceso local depende de la organización de operativos especiales o de la posibilidad de trasladarse hasta otro centro de atención.
La convocatoria anunciada busca incorporar profesionales capacitados, pero hasta el momento no se informó cuántos serán sumados, qué establecimientos recibirán refuerzos ni si las incorporaciones permitirán aumentar la frecuencia de las visitas itinerantes. Esa información resulta necesaria para conocer el alcance territorial que tendrá la medida.
Las juntas itinerantes permiten acercar la atención, pero necesitan personal para sostener las visitas
La Provincia cuenta con una Junta Evaluadora Itinerante que realiza operativos fuera de las sedes habituales. Su funcionamiento quedó documentado el 5 de mayo de 2025, cuando la Secretaría de Salud informó que un equipo provincial había trabajado en Alto Río Senguer, donde certificó a 12 personas y asesoró a otras 32. La actividad se desarrolló en el Hospital Rural, con participación de Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno y del área municipal de Discapacidad. La propia cartera sanitaria explicó entonces que estos desplazamientos permiten evitar que los vecinos deban viajar a otras ciudades para obtener el certificado.
Otro antecedente se registró el 15 de octubre de este año en Trelew, donde se organizaron tres equipos interdisciplinarios para atender la demanda acumulada. Uno pertenecía a la junta local y los otros dos a la Junta Evaluadora Itinerante. Durante el operativo se certificó a 53 personas, según la información oficial. El despliegue confirma que la Provincia dispone de esta modalidad, aunque no permite establecer con qué frecuencia llega a cada localidad ni si cuenta con personal suficiente para sostener visitas periódicas.
En Río Mayo, el 31 de octubre se produjo una experiencia similar. Profesionales del Hospital Regional “Dr. Víctor Manuel Sanguinetti” de Comodoro Rivadavia se trasladaron hasta el Hospital Rural “Dra. Cristina Casanova”, donde emitieron 16 Certificados Únicos de Discapacidad y atendieron más de 12 consultas. La jornada fue organizada después de gestiones vinculadas con los pedidos de vecinos que necesitaban iniciar o actualizar sus certificados y encontraban dificultades para viajar hasta la ciudad petrolera.
La cifra adquiere relevancia por la escala de Río Mayo, una localidad de aproximadamente 3.500 habitantes según la referencia poblacional publicada por el municipio. Sin embargo, los 16 certificados no pueden interpretarse como la totalidad de las personas con discapacidad de la localidad ni como 16 renovaciones: el informe hospitalario comprende certificados emitidos durante el operativo, sin desagregar cuántos correspondieron a primeras solicitudes y cuántos a actualizaciones. Tampoco incluye necesariamente a quienes realizaron el trámite por sus propios medios en Sarmiento o Comodoro Rivadavia.
El resultado permite dimensionar la demanda atendida durante una sola visita. También plantea la necesidad de conocer cuántas personas permanecen a la espera de una evaluación, cuántas tienen próximas fechas de actualización y qué seguimiento reciben desde los servicios sanitarios y las áreas municipales vinculadas con discapacidad.
La legislación contempla el fortalecimiento de las juntas y la actualización de los certificados
La Ley Nacional 22.431, que regula el sistema de protección integral de las personas con discapacidad, establece en su artículo 3°, actualizado por la Ley 27.793 de 2025, que el organismo nacional competente debe implementar acciones expeditivas para facilitar el otorgamiento y la actualización del CUD en todo el territorio argentino. La Ley 27.711, sancionada en 2023, también contempla expresamente el fortalecimiento de las juntas evaluadoras y la flexibilización de los requisitos de actualización.
La normativa nacional no establece, por sí sola, una frecuencia obligatoria de visitas itinerantes a cada localidad. Su organización requiere coordinación entre las autoridades sanitarias, las juntas habilitadas y los establecimientos donde se realizan las evaluaciones. En ese esquema, las gestiones locales resultan necesarias para identificar la demanda, reunir la documentación de los pacientes, solicitar operativos y facilitar la atención cuando llegan los profesionales.
Existe, además, una modificación normativa que debe tenerse presente al analizar los certificados próximos a vencer. La Ley 27.711 y el Decreto 534/2023 introdujeron un régimen de certificados sin vencimiento, con instancias de actualización según los criterios correspondientes. La Resolución 1654/2024 precisó las condiciones para emitirlos, mientras que la Resolución 2520/2024 prorrogó hasta las mismas fechas de 2026 determinados certificados cuya actualización original correspondía a 2025. Por lo tanto, no todos los CUD están sujetos a un vencimiento automático ni todas las personas deben realizar el mismo procedimiento.
La necesidad de verificar la situación particular de cada certificado refuerza el valor del asesoramiento cercano. Una familia que desconoce si su documentación está prorrogada, si corresponde una actualización o qué estudios debe presentar puede iniciar gestiones innecesarias o demorar un procedimiento que necesita completar. La falta de orientación también puede generar dificultades administrativas para acreditar la vigencia del certificado ante organismos y prestadores.
El seguimiento territorial, una tarea que requiere coordinación entre Salud y los municipios
Las áreas municipales de Discapacidad y los equipos de salud comunitaria pueden cumplir una función concreta en la identificación de personas que necesitan asesoramiento o tienen próximas instancias de actualización. Para ello es necesario disponer de mecanismos de seguimiento, con resguardo de la información personal y coordinación con las autoridades sanitarias responsables de la certificación.
No está confirmado que todos los municipios del sudoeste provincial cuenten con registros actualizados de estas situaciones ni que exista un procedimiento uniforme de seguimiento. Tampoco se dispone de cifras oficiales sobre certificados pendientes de actualización en Río Mayo, Alto Río Senguer, Ricardo Rojas, Lago Blanco, Aldea Beleiro o Facundo. Esa falta de información pública impide establecer cuántas familias necesitan actualmente una evaluación y cuántas podrían ser atendidas mediante nuevos operativos.
Para los hogares que acompañan a una persona con discapacidad, la tramitación del CUD se suma a otras gestiones habituales relacionadas con consultas médicas, tratamientos, prestaciones y documentación. Cuando el servicio de evaluación se encuentra a varias horas de distancia, las posibilidades económicas de cada familia pueden condicionar el acceso efectivo al trámite, incluso cuando la certificación en sí misma es gratuita.
El CUD permite acreditar la discapacidad para acceder a derechos previstos por las leyes nacionales 22.431 y 24.901, entre ellos determinadas prestaciones de salud, rehabilitación y transporte. Las dificultades para mantener actualizada la documentación pueden ocasionar inconvenientes en gestiones vinculadas con esos derechos, aunque sus consecuencias dependen de la vigencia legal de cada certificado y de las condiciones aplicables a cada prestación.
La experiencia de Río Mayo también muestra el valor de la coordinación previa. Antes de la llegada de los profesionales de Comodoro Rivadavia, el hospital convocó a quienes ya tenían preparada la documentación para registrarse mediante el área de Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno. Ese trabajo permitió organizar la atención y reunir a las personas que necesitaban presentarse ante la Junta.
La convocatoria provincial anunciada este lunes prevé capacitación teórica, acompañamiento del equipo provincial y acreditación de conocimientos para los profesionales interesados en incorporarse a las juntas. Los postulantes pueden solicitar información a la Dirección Provincial de Atención Integral de las Personas con Discapacidad mediante los correos discapacidadchubut@gmail.com y juntaevaluadorachubut@gmail.com, o al teléfono 280 4728964.
Por ahora, el anuncio no incluye un relevamiento público de la demanda pendiente, una distribución territorial de los futuros profesionales ni un calendario de operativos itinerantes. Tampoco precisa si la Junta Evaluadora de Sarmiento recibirá refuerzos para atender a las localidades de su área de influencia. Son definiciones necesarias para determinar si la incorporación de personal permitirá ampliar efectivamente la atención fuera de las sedes permanentes.
El antecedente inmediato es concreto: en menos de dos años, los operativos oficialmente informados en Alto Río Senguer y Río Mayo permitieron emitir 28 certificados entre ambas localidades, además de brindar orientación a más de 44 personas. Son resultados correspondientes a dos jornadas diferentes, no un relevamiento completo de la demanda regional. La Secretaría de Salud todavía no informó cuándo se realizará una nueva visita a esas comunidades ni qué periodicidad tendrán las evaluaciones itinerantes durante 2027.
