Una moto armada con un motor de la Policía terminó en juicio: los efectivos fueron absueltos

Luis Coronado denunció que intercambió una camioneta por una Honda XR 250 que, tras ser verificada por la propia Policía, tenía pedido de robo sobre el cuadro y un motor perteneciente a la fuerza provincial. La investigación llegó a juicio con efectivos policiales imputados, pericias sobre teléfonos y documentación incorporada al expediente, pero terminó con absoluciones. Ahora, Coronado reclama que la Fiscalía apele el fallo y que se esclarezca cómo un bien del Estado terminó instalado en una motocicleta ofrecida a través de Facebook.

Luis Coronado hizo público un caso que involucra a integrantes de la Policía del Chubut y que terminó con una absolución en primera instancia. Durante una entrevista en Esquel Política Online, programa conducido por Javier Comparada, contó que encontró en Facebook una Honda XR 250 publicada con “motor nuevo” y arranque eléctrico y que, después de comunicarse con el vendedor, acordó entregar una camioneta a cambio de la motocicleta. Según relató, desde el primer contacto le dijeron que la documentación se había extraviado, aunque le aseguraron que contaban con un informe de dominio y que posteriormente le entregarían los papeles restantes.

Las conversaciones comenzaron por Facebook y continuaron por WhatsApp. Coronado sostuvo que esos mensajes fueron incorporados después al expediente y que permiten reconstruir buena parte de la negociación. “El primer mensaje que me manda es: ‘Tengo extraviada la documentación, pero sí tengo el informe de dominio’”, recordó durante la entrevista. También señaló que inicialmente desconocía que estaba tratando con policías y que comenzó a advertirlo poco antes de concretar el intercambio, cuando recibió una fotografía de una Ranger negra con la moto cargada y otras motocicletas alrededor.

Cuando finalmente llegaron a Trevelin para cerrar la operación, aseguró que se presentaron dos hombres uniformados y armados, uno de ellos la persona con la que había realizado el trato y el otro un superior dentro de la fuerza, dato que dijo haber conocido luego a través de la causa. “Cuando vienen, vienen vestidos de policía y con armas de fuego a hacer un negocio. Me llamó mucho la atención”, relató Coronado al reconstruir ese encuentro.

La camioneta que entregó presentaba un inconveniente mecánico y no arrancó, por lo que fue trasladada a la cincha hacia El Hoyo. Según relató, durante ese trayecto sufrió daños importantes y posteriormente terminó en una dependencia policial. A cambio recibió la XR 250 y durante aproximadamente veinte días reclamó la documentación prometida y el motor original que, de acuerdo con su versión, también debían entregarle. Ante la falta de respuestas decidió presentarse por su propia cuenta con la motocicleta en un control policial ubicado en el acceso a Trevelin.

El control que destapó la situación de la moto

Coronado hizo especial hincapié en ese punto porque forma parte central de su defensa frente a la interpretación posterior del caso. “Yo mismo voy voluntariamente al control y entrego la moto, porque quería ver cómo estaba, en qué condiciones estaba esa moto”, afirmó. Sostuvo que no fue interceptado mientras circulaba ni sorprendido por la Policía, sino que tomó la decisión de someter el vehículo a verificación ante las dudas que tenía sobre su documentación.

Allí intervino personal especializado y, según explicó, un efectivo le mostró el informe de dominio oficial, que no coincidía con el documento recibido al momento de la operación. En el registro verdadero figuraba en rojo que el cuadro tenía pedido de robo, mientras que esa referencia no aparecía en la copia que le habían entregado. Coronado recordó que uno de los policías le advirtió: “Este es el informe de dominio real. A vos te dieron uno que está sacado de la Policía, con clave”.

Según su relato, la diferencia entre ambos documentos estaba precisamente en la advertencia sobre la situación del cuadro. “Dice robado en rojo, pero se lo borraron”, sostuvo durante la entrevista. Coronado aseguró que ese informe, junto con las conversaciones mantenidas antes y después del intercambio, quedó incorporado al expediente judicial.

La investigación también avanzó sobre el motor instalado en la XR 250. Coronado afirmó que al momento del intercambio le habían dicho que había sido comprado en Trelew y que se había perdido la factura, pero posteriormente habría surgido que pertenecía a una Honda Tornado de la Policía del Chubut. Durante la entrevista sostuvo además que la motocicleta había sido armada dentro de dependencias policiales de El Hoyo. “En la Policía de El Hoyo se armó la moto, de ahí la publica y la vende”, afirmó.

Ese aspecto también apareció durante la lectura que Javier Comparada realizó de documentación de la causa. El conductor mencionó un tramo correspondiente a la acusación fiscal en el que se hacía referencia a personal policial vinculado con un grupo motorizado de El Hoyo y a la utilización de distintos componentes para conformar la motocicleta que luego fue publicada en Facebook. Coronado insistió en que ese punto no surge solamente de su versión personal, sino que fue parte de la investigación llevada adelante antes del juicio.

A partir del secuestro de la motocicleta se abrió la causa penal. Coronado aseguró que hubo procedimientos en El Hoyo, secuestro de otras motos y distintos elementos, además de pericias sobre teléfonos celulares y declaraciones de policías que intervinieron en la investigación. Su propio teléfono permaneció secuestrado varios días para analizar las conversaciones mantenidas durante la negociación. “A mí me sacaron el celular, estuve como cinco días sin celular. Se peritaron todas las conversaciones”, explicó.

La absolución y el pedido para que el fallo sea revisado

La causa llegó a juicio y terminó con la absolución de los policías imputados. Coronado explicó que, de acuerdo con su interpretación del fallo, el tribunal entendió que él sabía en qué condiciones estaba adquiriendo la motocicleta. “Él lo que entiende es que yo sabía qué estaba comprando, como que yo sabía que le compraba una moto robada, con motor de Policía”, sostuvo al referirse a los fundamentos de la decisión.

Coronado rechazó esa conclusión y volvió sobre la forma en que se desarrolló la operación. “Yo no sabía porque ni los conocía”, afirmó. También planteó que, aun dejando de lado su situación particular, el expediente debía responder otra cuestión que considera central: cómo un motor perteneciente a la propia Policía terminó formando parte de una motocicleta ofrecida a un particular.

Durante la entrevista cuestionó además algunos testimonios presentados por la defensa, entre ellos los de personas vinculadas familiarmente con uno de los imputados. Aseguró que entre los testigos se encontraban la pareja y el suegro de uno de ellos, además de otra persona que habría declarado sobre una supuesta venta previa de la motocicleta. Coronado manifestó disconformidad con la forma en que su abogado respondió frente a esos testimonios, aunque la valoración de cada declaración corresponde al tribunal dentro del conjunto de la prueba producida.

Otro de los puntos que llevó al Consejo de la Magistratura fue la intervención del juez que resolvió el caso. Coronado afirmó que el magistrado había sido profesor de uno de los imputados durante su formación policial. Comparada le recordó durante la entrevista que esa circunstancia habría sido informada antes del juicio y que ni él ni su abogado pidieron la recusación. Coronado reconoció que pudo haber sido un error de su representación no plantearlo en ese momento. “Capaz que él me tendría que haber asesorado. Por ahí me asesoró mal en eso”, admitió.

Después de conocida la absolución, Coronado decidió prescindir de su abogado particular. Explicó que el profesional consideraba difícil avanzar con una apelación y que posteriormente consultó a otros letrados sin lograr que alguno tomara el caso. “Quise conseguir otro abogado para apelar y no pude. Fui a ver a dos o tres y no quieren agarrar la causa”, aseguró. Por ese motivo, su expectativa está puesta ahora en la Fiscalía y en la posibilidad de que el Ministerio Público recurra el fallo.

También sostuvo que tuvo dificultades para obtener información sobre el estado del expediente y reclamó que se respeten sus derechos como víctima. “Yo le digo: hay un derecho a la víctima, me tiene que informar cómo va la causa y qué van a hacer”, contó sobre uno de sus intentos por conocer si se presentaría una apelación. Aseguró que hasta el momento de la entrevista continuaba esperando una definición concreta.

El proceso también le dejó, según contó, un importante perjuicio económico. La motocicleta quedó secuestrada y la camioneta que había entregado le fue devuelta dañada, con el motor desarmado y faltantes. “Perdí la camioneta, me la entregaron destrozada, toda chocada, con el motor desarmado”, afirmó. A eso sumó viajes, alojamiento y gastos de abogado para participar de las actuaciones realizadas en Lago Puelo, que estimó en cientos de miles de pesos.

Coronado indicó además que la regulación correspondiente a su representación fue fijada en 40 jus. Durante la entrevista calculó ese monto en aproximadamente 3,2 millones de pesos, tomando como referencia el valor que conocía en ese momento. Cuestionó que, después de haber perdido los bienes involucrados en la operación y de afrontar los gastos del proceso, todavía deba asumir nuevos costos judiciales.

Más allá del perjuicio económico, Coronado insistió en que la investigación debería determinar qué ocurrió con el motor que pertenecía a la Policía del Chubut y si existió una investigación administrativa dentro de la propia fuerza. “La Policía de Chubut tendría que meterse acá también, porque es un motor de la Policía. Era un bien de la Policía”, afirmó.

Sobre ese punto volvió hacia el final de la entrevista y planteó que, a su entender, la discusión judicial terminó concentrándose en si él conocía o no la situación de la moto y dejó en segundo plano la procedencia del motor. “Lo que se vendió acá fue un bien del Estado”, remarcó. “La causa la enfocan como que fue una estafa hacia mí, pero también estafaron al Estado, ¿o no?”, cuestionó.

Coronado espera ahora que la Fiscalía recurra la absolución y que una instancia superior revise cómo fueron valoradas las pruebas producidas durante el juicio. También dejó claro que pretende mantener el caso en conocimiento público cualquiera sea el resultado. “Yo quiero que la comunidad sepa en general cómo va a salir, más que nada por todo lo que ha pasado con esta causa”, sostuvo.