Torres cuestionó a Suárez por los recreos de los presos, pero la Policía de su gobierno había acordado la ampliación
El gobernador anunció que apelará y acusó a los jueces de priorizar el bienestar de los detenidos sobre la seguridad de las víctimas. Sin embargo, la resolución de la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia dejó asentado que la solución fue consensuada en audiencia y que las medidas fueron adoptadas por las propias autoridades policiales.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cuestionó públicamente a la jueza penal Mariel Suárez por la ampliación del tiempo fuera de las celdas para los detenidos de la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia. Aunque dirigió sus críticas contra la magistrada, la resolución registra que el régimen surgió de un acuerdo entre las partes y de medidas adoptadas por la Jefatura de la Unidad Regional y las autoridades de la comisaría, integrantes de la Policía provincial.
“Es una tomada de pelo más”, dijo el mandatario durante el aniversario de Aldea Beleiro. Acusó a los jueces garantistas de estar “más preocupados por el bienestar de los delincuentes que por cuidar a las víctimas” y anunció que la Provincia apelará. Sus declaraciones fueron publicadas por Del Mar Digital.
El cuestionamiento presentó la ampliación como una decisión de Suárez, pero omitió la participación policial en la solución que la jueza recogió en su fallo. El punto segundo de la resolución dio por superada la situación que había motivado el hábeas corpus “en virtud de la solución acordada en audiencia entre las partes” y de las medidas adoptadas por los responsables policiales.
La audiencia se realizó el 14 de septiembre de 2026. El acta, identificada como SJ 17848, consigna la intervención de Suárez, del defensor público Julián Pulgar, del jefe de la Seccional Sexta, subcomisario Sergio Morales, y del jefe de la Unidad Regional, comisario mayor Cristian Mulero. Según la reconstrucción publicada por Madryn Urbana, también participaron representantes del Ministerio de Seguridad provincial.
El procedimiento comenzó por un hábeas corpus presentado por la Defensa Pública ante las condiciones de encierro. De acuerdo con la información difundida sobre las actuaciones, los detenidos permanecían aproximadamente 22 horas diarias dentro de sus celdas, con un período reducido de apertura para el aseo y el esparcimiento.
La resolución tuvo por acreditado que la situación existente al momento de la intervención judicial implicaba un agravamiento de las condiciones de detención. Durante la audiencia, los jefes policiales propusieron modificar progresivamente el régimen de apertura de las celdas, y los internos expresaron su conformidad y asumieron el compromiso de respetar las pautas de convivencia y seguridad.
El fallo describe las medidas adoptadas como la apertura conjunta de las celdas y la ampliación del tiempo de permanencia fuera de ellas, inicialmente en la franja de 16 a 22, a partir del 15 de septiembre, con una ampliación progresiva conforme a lo acordado. La parte resolutiva se refiere específicamente a las personas alojadas en la Seccional Sexta.
Esa precisión también diferencia el contenido del documento de algunas versiones periodísticas que hablaron de seis horas de recreación al aire libre para detenidos en dependencias policiales de toda la provincia. El texto dispone tiempo fuera de las celdas en esa comisaría; no establece en su parte resolutiva un régimen general de salidas a patios para todas las dependencias de Chubut.
La autoridad policial responsable quedó obligada a mantener las condiciones acordadas y a disponer los medios necesarios para garantizar un alojamiento compatible con los estándares constitucionales y convencionales aplicables. La resolución también hizo saber a los detenidos que la ampliación del régimen implicaba un compromiso individual de cumplir las pautas de convivencia y seguridad, con responsabilidad de cada interno por su conducta.
Frente al anuncio del gobernador, Suárez sostuvo que había homologado una solución consensuada y cuestionó que se atribuyera exclusivamente a ella la ampliación. Según publicó Madryn Urbana, la magistrada también objetó el planteo de apelación por ese motivo. Esa es su posición sobre la controversia procesal; lo que el documento permite comprobar es que la decisión reconoce un acuerdo y la intervención de las autoridades policiales en las medidas cuestionadas.
En declaraciones a La Opinión Austral, reproducidas por El Comodorense, Suárez también denunció dificultades laborales desde su restitución en el Poder Judicial. Afirmó que continuaba sin cobertura médica y que mantenía reclamos por salarios y antigüedad. Relató que debió recurrir a la oficina de género para obtener un certificado de servicios acorde con su trayectoria después de la anulación de su destitución. “Lo conseguí, me dieron el certificado, pero eso es violencia institucional”, expresó.
En el expediente de la Seccional Sexta, la jueza declaró abstracto el reclamo y ordenó archivar las actuaciones porque consideró superada la situación que había originado el hábeas corpus. El archivo quedó sujeto al cumplimiento de lo acordado: la resolución prevé una nueva intervención judicial ante eventuales modificaciones, incumplimientos o un agravamiento de las condiciones de detención.
