Comités radicales del interior exigieron a Torres vetar la ley de reelecciones indefinidas: “El poder es de los ciudadanos, no de quienes gobiernan”
Los comités departamentales del radicalismo del interior calificaron la reforma como una “regresión antidemocrática”, reclamaron al gobernador Ignacio Torres que la vete en su totalidad, advirtieron que reinstala “la perpetuidad” en el poder y sostuvieron que facilitar su aprobación constituye “una traición imperdonable” a los principios fundacionales de la UCR.
Diez comités departamentales de la Unión Cívica Radical del interior del Chubut salieron públicamente a rechazar la ley que eliminó el límite de reelecciones para intendentes y presidentes de comunas rurales. En un documento conjunto exigieron al gobernador Ignacio Torres el veto total de la norma y cuestionaron con dureza tanto el contenido de la reforma como el proceso político que derivó en su aprobación. El pronunciamiento lleva las firmas de los comités de El Maitén, El Hoyo, Cholila, Lago Puelo, Río Mayo, Río Senguer, Aldea Beleiro, Gualjaina, Sarmiento y del delegado de Epuyén.
Bajo el título “En defensa de la República, la alternancia política y la autonomía ciudadana”, el radicalismo recordó que en 2025 los chubutenses aprobaron mediante referéndum la eliminación de los fueros para políticos, sindicalistas y jueces, una decisión que —afirmó— buscó fortalecer la transparencia, la igualdad ante la ley y terminar con los privilegios de la dirigencia. Por eso sostuvo que la nueva ley constituye “una regresión antidemocrática” y contradice el rumbo institucional que la ciudadanía respaldó en las urnas.
Los dirigentes también denunciaron que la modificación fue impulsada “a espaldas de la sociedad y sin consulta a las bases ni a los dirigentes” del espacio político. A su entender, la eliminación de los límites temporales a los mandatos vuelve a instalar “la perpetuidad de intendentes y presidentes de comunas rurales en el poder”, un esquema que, advirtieron, erosiona la alternancia y favorece la consolidación de proyectos personalistas.
En ese contexto reivindicaron la denominada Ley Caminoa, impulsada para limitar las reelecciones consecutivas. Sostuvieron que “la alternancia no es una opción transitoria; es la columna vertebral del sistema republicano que la Unión Cívica Radical ha defendido desde su fundación”, y agregaron que permitir la continuidad indefinida “asfixia a los partidos políticos y los transforma en meras herramientas al servicio de proyectos personalistas”.
El documento sostiene además que la política debe actuar con “sentido común” y “escucha activa”, y afirma que hoy la sociedad reclama el fin de los privilegios y la renovación de quienes ocupan cargos públicos. En esa línea, advierte que habilitar mandatos sin límite “sería un retroceso institucional inaceptable para la provincia”, porque bloquea la aparición de nuevos liderazgos y consolida estructuras de poder durante décadas.
El pronunciamiento concluye con dos exigencias concretas. La primera, dirigida al gobernador Ignacio Torres, reclama el veto total de la ley porque, según sostienen, “los inmensos avances logrados en materia cívica no pueden borrarse con el codo para satisfacer acuerdos de cúpulas”. La segunda apunta al bloque de diputados radicales y a sus aliados, a quienes instan a rechazar la reforma porque “facilitar los votos para este retroceso es una traición imperdonable a los principios fundacionales de nuestro partido”.
El texto finaliza convocando a los afiliados y a la militancia radical de toda la provincia a mantenerse “en estado de alerta y movilización permanente” para impedir nuevos retrocesos institucionales. La última frase resume el eje político del documento y el mensaje que el radicalismo del interior buscó dejar instalado en el debate: “El poder es de los ciudadanos, no de quienes gobiernan”.
