Mientras millones de argentinos pagan el alquiler de su bolsillo, el Poder Judicial reintegra el 80% de la vivienda de un camarista federal
Dos resoluciones oficiales, una firmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012 y otra por la Administración General del Poder Judicial en 2024, muestran que Javier María Leal de Ibarra percibe desde hace al menos catorce años el reintegro del 80% del alquiler de una vivienda en Comodoro Rivadavia. La documentación salió a la luz en medio de la controversia por su adhesión al Régimen de Inocencia Fiscal, la querella que promovió contra el diputado nacional Rodolfo Tailhade y una serie de nuevas acusaciones impulsadas por el legislador.
“Tengo 47 años en el Poder Judicial y nunca pudieron encontrarme nada”. Con esa frase, Javier María Leal de Ibarra respondió públicamente a las acusaciones que comenzaron a surgir tras conocerse su adhesión al denominado Régimen de Inocencia Fiscal.
Pocos días después comenzaron a difundirse otros documentos oficiales vinculados a su situación como magistrado. Entre ellos aparecen dos resoluciones que permiten reconstruir una línea de tiempo sobre un beneficio que percibe desde hace más de una década.
La primera es la Resolución N.º 740/12, firmada por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. Allí se resolvió reconocer a Leal de Ibarra el reintegro del 80% de los importes abonados en concepto de alquiler por una vivienda ubicada en Comodoro Rivadavia.
Doce años más tarde, la Resolución N.º 2738/24, firmada por el Administrador General del Poder Judicial de la Nación, volvió a autorizar a la Dirección General de Administración Financiera a reintegrarle el 80% del alquiler como consecuencia de un nuevo contrato de locación sobre un inmueble en la misma ciudad.
Las resoluciones muestran que el beneficio se mantuvo vigente durante al menos catorce años. Se trata de un régimen administrativo previsto dentro del Poder Judicial para determinados magistrados y funcionarios.
La documentación tomó estado público mientras Leal de Ibarra enfrentaba otra controversia. Una constancia de ARCA lo ubicó entre los adherentes al denominado Régimen de Inocencia Fiscal. El propio magistrado reconoció que figuraba inscripto, aunque sostuvo que desconocía el trámite y explicó que la adhesión había sido realizada por su contador sin su autorización. También anunció que iniciaría las gestiones para solicitar la baja.
La explicación fue rechazada por el diputado nacional y consejero de la Magistratura, Rodolfo Tailhade, quien inició una serie de publicaciones en redes sociales ampliando sus cuestionamientos. En una de ellas aseguró haber consultado a la Delegación Comodoro Rivadavia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Chubut y afirmó que “no hay ninguna denuncia hecha por Leal de Ibarra contra su contador”, en referencia a la explicación brindada por el camarista para justificar su inscripción en el régimen.
El legislador también cuestionó la decisión del juez de promover una querella por calumnias e injurias y sostuvo que ese proceso judicial podría convertirse en una herramienta para avanzar sobre su situación patrimonial. “Con todo gusto espero la querella, porque será el marco adecuado para conseguir la declaración jurada con la que entraste al régimen de Inocencia Fiscal, saber cuánta plata quisiste blanquear y todo el análisis de tu patrimonio: evolución, propiedades, viajes al exterior, consumos con tarjetas de crédito, cuentas en el exterior y todo lo que contribuya a esclarecer si sos un juez honrado o un juez corrupto”, escribió.
Días después, Tailhade afirmó haber obtenido las últimas diez declaraciones juradas patrimoniales de Leal de Ibarra. Según sostuvo, el magistrado declaró aproximadamente 37 millones de pesos, 1.690 dólares, un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y un automóvil, sin otros ingresos provenientes de alquileres ni emprendimientos comerciales. Sobre esa base volvió a preguntarse por qué un juez que —según su interpretación— no tributa el Impuesto a las Ganancias por su salario decidió adherir al Régimen Simplificado de Ganancias contemplado dentro del denominado Régimen de Inocencia Fiscal.
La ofensiva continuó con la difusión de las resoluciones sobre el reintegro del alquiler. En una de sus publicaciones, Tailhade sostuvo que Leal de Ibarra percibe una remuneración cercana a los 25 millones de pesos mensuales y recordó que el Poder Judicial le reintegra desde hace al menos catorce años el 80% del alquiler de una vivienda en Comodoro Rivadavia.
“Honesto laburante que destinás el 40% de tu sueldo a pagar el alquiler: quiero que sepas que hace 14 años le estás bancando el alquiler de su caserón en Comodoro Rivadavia a un juez federal que gana 25 millones de pesos por mes”, escribió el diputado.
En esa misma publicación anunció que impulsará actuaciones ante el Consejo de la Magistratura para revisar ese beneficio y reclamó además que Leal de Ibarra explique “qué fundación o empresa paga con una beca, desde 2022, la educación universitaria de su hija en Estados Unidos”. Hasta el momento, el magistrado no respondió públicamente a ese último planteo.
Leal de Ibarra respondió judicializando el conflicto mediante una querella contra Tailhade. El magistrado sostiene que fue acusado falsamente de haber cometido un delito, mientras que el diputado afirma que utilizará ese proceso para solicitar nueva documentación patrimonial y profundizar las actuaciones que impulsa ante el Consejo de la Magistratura.
Leal de Ibarra integra la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia desde diciembre de 2001 y actualmente preside ese tribunal. También fue reelegido al frente de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales, organismo que reúne a los titulares de las cámaras federales del país y coordina posiciones institucionales con la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La influencia de ese tribunal excede ampliamente a Chubut. Mientras continúa sin entrar en funcionamiento la Cámara Federal creada por ley para Comandante Luis Piedra Buena, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia mantiene competencia sobre las apelaciones provenientes de los juzgados federales de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
A lo largo de su carrera también ocupó cargos dentro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), la oficina encargada de las escuchas judiciales. Su nombre apareció en expedientes de alto impacto nacional, entre ellos actuaciones vinculadas a la investigación por la muerte de Santiago Maldonado, causas relacionadas con escuchas judiciales y recientes resoluciones sobre la aplicación de la Ley de Glaciares en Santa Cruz. También encabezó el reciente encuentro nacional de presidentes de Cámaras Federales realizado en Comodoro Rivadavia.
Mientras el camarista insiste en que durante sus 47 años de carrera judicial “nunca pudieron encontrarle nada”, la controversia ya excede la inscripción al Régimen de Inocencia Fiscal. Las resoluciones que acreditan el reintegro del alquiler, las publicaciones de Tailhade, la querella promovida por el juez y las actuaciones anunciadas ante el Consejo de la Magistratura mantienen abierto un conflicto que suma nuevos capítulos y coloca nuevamente bajo la lupa pública a uno de los magistrados federales de mayor influencia en la Patagonia.
