Heredia irá a la Justicia contra el acuerdo entre YPF y Chubut por los pasivos ambientales
El constitucionalista confirmó que avanzará con una demanda judicial contra el convenio firmado entre la Provincia e YPF. Sostiene que el Estado no puede renunciar al derecho de exigir la reparación de los daños ambientales y advirtió que los pasivos acumulados durante décadas de explotación petrolera no pueden ser objeto de negociación.
La polémica en torno al acuerdo firmado entre el Gobierno del Chubut e YPF sumará un nuevo capítulo judicial. El abogado constitucionalista Raúl Heredia ratificó que avanzará con una demanda contra el convenio aprobado por la Legislatura provincial al considerar que vulnera principios fundamentales del derecho ambiental y compromete derechos que pertenecen a toda la comunidad.
Heredia ya había anticipado su postura en anteriores intervenciones públicas, donde cuestionó tanto el contenido del acuerdo como el acompañamiento legislativo que recibió la iniciativa. Ahora confirmó que la vía judicial será el próximo paso en su estrategia para intentar frenar los efectos del convenio suscripto entre la Provincia y la petrolera estatal.
El planteo del constitucionalista parte de un principio que considera irrenunciable en materia ambiental: quien ocasiona un daño debe repararlo. En ese sentido, sostuvo que los pasivos ambientales generados durante más de un siglo de actividad petrolera en la Cuenca del Golfo San Jorge no pueden ser objeto de negociación política ni económica, ni quedar liberados mediante acuerdos celebrados por el Estado.
Para Heredia, el ambiente constituye un bien colectivo protegido constitucionalmente y, por lo tanto, ninguna autoridad pública puede disponer libremente de esos derechos. Desde esa perspectiva, entiende que el convenio firmado con YPF no puede extinguir futuras responsabilidades ambientales derivadas de la explotación hidrocarburífera desarrollada durante décadas en territorio chubutense.
El abogado también cuestionó la falta de estudios técnicos y auditorías independientes que permitan determinar con precisión la magnitud de los pasivos ambientales existentes y el costo real que demandará su remediación. A su criterio, cualquier acuerdo que implique compensaciones económicas debe estar precedido por un conocimiento acabado de los daños ocasionados y de las obligaciones que corresponden a quienes los produjeron.
La discusión sobre el acuerdo entre la Provincia e YPF ha ido creciendo con el correr de las semanas y ya involucra cuestionamientos políticos, institucionales y jurídicos. Mientras el Gobierno provincial sostiene que el convenio permitirá recuperar bienes históricos, regularizar tierras y destinar recursos económicos a obras y servicios para la comunidad, distintos sectores vienen advirtiendo sobre las consecuencias ambientales y legales que podría acarrear la liberación de responsabilidades contemplada en el acuerdo.
Heredia remarcó que la presentación judicial buscará cuestionar precisamente esos aspectos del convenio y reafirmó que el principio ambiental que inspira su planteo es claro y no admite excepciones. “Quien causa un daño ambiental debe repararlo”, sostuvo al confirmar que llevará la discusión a los tribunales.
La eventual demanda se suma a otros cuestionamientos que se vienen formulando desde distintos sectores de Comodoro Rivadavia y abre un nuevo frente en el debate sobre el retiro de YPF de las áreas convencionales de Chubut, una discusión que ya excede la transferencia de bienes y pone en el centro de la escena la responsabilidad ambiental derivada de más de cien años de explotación petrolera.
