Proponen que Rawson reciba una compensación permanente por ser capital provincial
Mariela Tamame y Marcelo Rubia sostienen que la ciudad afronta gastos adicionales por alojar a los poderes del Estado y prestar servicios a personas que no residen en ella. Presentaron un proyecto para reconocer esos costos con una asignación propia y revisar los desequilibrios históricos en el reparto de recursos entre municipios y comunas.
Los diputados provinciales Mariela Tamame y Marcelo Rubia presentaron un proyecto de ley para que Rawson reciba una compensación económica permanente por los gastos que genera su condición de capital de Chubut. La iniciativa, ingresada a la Legislatura el 8 de octubre, propone calcular esos costos y establecer una asignación adicional a los recursos que ya le corresponden al municipio.
Los legisladores argumentan que ser sede de los poderes del Estado provincial implica responsabilidades y demandas sobre los servicios municipales que deben tener un reconocimiento económico específico. El proyecto contempla el funcionamiento de las instituciones provinciales, la circulación de personas que concurren a ellas sin residir en Rawson y las necesidades de mantenimiento de la infraestructura urbana asociadas a esa actividad.
El criterio que plantean es identificar los mayores costos municipales directamente vinculados con la capitalidad. Para ello, proponen estudiar la demanda de servicios de la población no residente relacionada con las instituciones provinciales, los gastos adicionales que afronta el municipio y las transferencias que ya pudiera recibir para atenderlos. Ese cálculo deberá evitar que un mismo concepto sea compensado dos veces.
Tamame y Rubia encuadran el planteo en una revisión más amplia de la distribución de los fondos provinciales. En los fundamentos sostienen que los cambios demográficos, el crecimiento urbano y la expansión de los servicios públicos hacen necesario revisar periódicamente los mecanismos de asignación, para evitar que se consoliden desigualdades entre las localidades.
Con ese argumento, el proyecto reúne dos propuestas: un régimen de reparación histórica para municipios y comunas rurales que acrediten desequilibrios en la distribución de recursos, y una compensación permanente y específica para Rawson. La ciudad podría acceder a ambos mecanismos, porque la asignación por capitalidad sería independiente de las reparaciones que eventualmente se le reconocieran.
Los autores citan como antecedente el acuerdo de reparación histórica celebrado entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Puerto Madryn el 24 de septiembre de 2026, instrumentado mediante el Decreto Provincial 1486/2026. Consideran que ese acuerdo demuestra la posibilidad de atender institucionalmente los reclamos municipales y fundamenta la necesidad de establecer criterios generales, objetivos y transparentes para evaluar situaciones similares en otras jurisdicciones.
La propuesta todavía no determina cuánto debería cobrar Rawson ni establece un porcentaje. Encomienda al Ministerio de Economía la elaboración de un índice adicional y permanente de capitalidad, con participación del municipio. La base de cálculo, el mecanismo de actualización y la fecha de aplicación tendrían que aprobarse mediante una ley específica.
Si el proyecto se convierte en ley, Economía deberá convocar a una mesa técnica con Rawson dentro de los primeros 30 días de su entrada en vigencia. El estudio deberá estar elaborado en un plazo de 90 días y el Poder Ejecutivo tendrá 120 días para remitir a la Legislatura los informes y las propuestas legislativas correspondientes.
Una vez aprobado el índice, la compensación se liquidaría mensualmente y se transferiría de forma automática dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente. Los fondos deberían destinarse a servicios públicos, mantenimiento de infraestructura y otras cargas municipales vinculadas con el funcionamiento de la capital provincial.
El financiamiento deberá priorizar recursos de libre disponibilidad de la Provincia. El texto prohíbe utilizar fondos afectados a otros destinos o reducir las participaciones que legalmente corresponden a los demás municipios y comunas, y exige precisar el impacto presupuestario de las compensaciones.
Para la reparación histórica, la revisión deberá identificar los períodos analizados, los criterios de distribución aplicados, los recursos efectivamente recibidos y las diferencias acreditadas. También tendrá que descontar los reconocimientos o transferencias realizados anteriormente por los mismos conceptos. La creación del régimen no implicaría por sí sola reconocer una deuda ni fijar su monto, y la participación de las localidades en las mesas técnicas no supondría renunciar a los reclamos que ya mantienen.
