Diego González: “Hay cuestiones que se hacen casi por costumbre” y pueden perjudicar el interés público

El abogado riomayense de la Oficina Anticorrupción explicó cuáles son las dudas que más se repiten en las comunas rurales de Chubut: cómo contratar cuando el único proveedor también ejerce una función pública y qué límites hay para usar fondos asignados a un fin específico cuando surge otra necesidad.

“Si puedo contratar, si no puedo contratar”. Así resumió Diego González una de las consultas que recibe la Oficina Anticorrupción del Chubut desde los pueblos pequeños. En una entrevista con Tiempo Nuevo, de FM Municipal, el abogado y exconcejal de Río Mayo explicó que la duda aparece cuando una persona que trabaja en el Estado tiene, además, el único comercio que puede abastecer a la comuna. Quien debe autorizar la compra necesita saber si la función pública del proveedor le impide contratar con él.

Otra consulta frecuente tiene que ver con el destino del dinero. González describió el caso de una administración que recibe fondos para una finalidad determinada y los utiliza para cubrir un gasto distinto. Al hablar de malversación, explicó que el problema puede surgir aun cuando el dinero se destine a otra necesidad del propio Estado. La cuestión, señaló, es si quien decide el cambio está autorizado a hacerlo.

El abogado advirtió que algunas de esas decisiones se toman siguiendo la práctica de quienes ocuparon antes el cargo, sin revisar qué permite la normativa. “Hay cuestiones que se hacen casi por costumbre y no se tiene en cuenta que por ahí es una conducta que está reñida con la ley y que puede perjudicar el interés público”, dijo. Para González, ahí cobra sentido el asesoramiento previo: el momento de aclarar una duda es antes de autorizar la compra o comprometer los fondos.

Cuando le preguntaron cómo veía a Río Mayo, González destacó la disposición de las autoridades locales para hacer consultas y agradeció especialmente la participación del Concejo Deliberante. Dijo que percibía, tanto en la localidad como en los pueblos vecinos, preocupación por los errores que pueden cometerse por desconocimiento de una norma. También contó que algunos planteos sorprendieron al propio equipo: “Recién surgían dos o tres que la verdad que uno no las tenía en cuenta”. No detalló esos casos ni señaló irregularidades en la gestión municipal. Las consultas sobre proveedores y fondos las describió como inquietudes que se repiten en distintas comunas.

González vinculó esa necesidad de asesoramiento con su experiencia como concejal de Río Mayo. Recordó que entonces tenía ganas de hacer, pero que muchas veces le faltaban herramientas para resolver los asuntos que llegaban a su consideración. Desde su actual función, explicó, escuchar a quienes tienen que tomar esas decisiones también le permite a la Oficina conocer problemas que luego debe abordar al elaborar un dictamen o responderle a otro municipio.

Ante una pregunta sobre Ficha Limpia, valoró las iniciativas que promueven la transparencia en el acceso a la función pública y aclaró: “No somos parte de la gestión de gobierno”. Explicó que la Oficina puede trabajar con las autoridades provinciales y municipales en la prevención, al tiempo que conserva la responsabilidad de controlar los actos públicos, cualquiera sea el gobierno de turno.

González remarcó que el organismo también está al alcance de los vecinos. Así como un funcionario puede consultar si está habilitado para intervenir en una contratación, un ciudadano puede acudir a la Oficina para denunciar un hecho que considere un posible delito contra la administración pública. Esa tarea de investigación, explicó, es distinta del asesoramiento que reciben los municipios y las comunas antes de decidir cómo usar sus recursos.