El Gobierno volvió a suspender 21.812 pensiones por invalidez y piden citar al secretario de Discapacidad
Personas que habían recuperado su pensión por una orden judicial vuelven a quedar sin ese ingreso y deben presentar documentación para solicitar que se restablezca. Un diputado denunció que las suspensiones son arbitrarias y pidió que el responsable del área dé explicaciones ante el Congreso. El Gobierno se apoya en la revocación de un fallo, mientras avanza con nuevas suspensiones de prestaciones que también habían sido restituidas.
El diputado nacional Carlos Castagneto pidió citar al secretario nacional de Discapacidad, Diego Pablo Masaragian, para que explique ante la Cámara baja la suspensión de 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral. La iniciativa cuestiona una decisión del Gobierno nacional que volvió a interrumpir prestaciones restituidas por orden de la Justicia Federal.
“Golpe a la discapacidad”, escribió el legislador de Unión por la Patria al anunciar el proyecto. Castagneto calificó de “arbitraria” la medida y sostuvo que deja sin efecto beneficios que ya habían sido restablecidos. Su propuesta busca que Masaragian concurra a Diputados para informar sobre la Resolución 3695/2026 y las pensiones alcanzadas por esa decisión.
La norma fue publicada el 28 de octubre y dejó sin efecto, para los titulares incluidos en su anexo, la resolución de la ex Agencia Nacional de Discapacidad que había reanudado los pagos en 2025. El pedido de citación se concentra en esas 21.812 prestaciones y no implica que se haya suspendido la totalidad de las pensiones por invalidez.
Detrás de la decisión hay un conflicto iniciado con las auditorías y suspensiones dispuestas por la ex ANDIS. En septiembre de 2025, el Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca ordenó restablecer las pensiones alcanzadas por un amparo en esa provincia y abonar los haberes retenidos. En octubre extendió la cautelar a todo el país, lo que obligó al organismo a reanudar los pagos.
El Gobierno argumenta que el fallo posterior de ese juzgado, favorable a los beneficiarios, fue revocado por la Cámara Federal de Tucumán el 12 de febrero de 2026, tras una apelación de la ex ANDIS. Ese es el antecedente judicial que invoca para dejar sin efecto las restituciones. La resolución también señala que se evaluaron excepciones para personas que habían aportado nueva documentación o estaban comprendidas en otros procesos judiciales.
La suspensión obliga a los titulares alcanzados a iniciar un trámite para recuperar una prestación destinada a personas imposibilitadas de trabajar y sin recursos suficientes. Disponen de 60 días corridos desde la notificación para solicitar la rehabilitación, mediante documentación médica actualizada, la renovación de datos personales o los antecedentes que permitan acreditar su derecho. La presentación debe ser evaluada por el organismo y no reactiva automáticamente el cobro.
Las suspensiones continuaron después de la medida cuestionada por Castagneto. El 3 de noviembre se publicó la Resolución 3702/2026, que volvió a dejar sin efecto la restitución de pensiones para otro grupo de titulares. En ese caso, la Secretaría sostuvo que se trataba de personas que habían sido notificadas de la suspensión y no habían presentado documentación para acreditar que correspondía rehabilitar sus beneficios.
También cambió el circuito para reclamar. La Resolución 3697/2026 reemplazó a las oficinas de ANSES como lugar de recepción presencial por las agencias y Unidades de Gestión Local de PAMI habilitadas. Se mantienen las dependencias habilitadas de la Secretaría Nacional de Discapacidad, el formulario de consultas del Ministerio de Salud, la plataforma Trámites a Distancia y el correo institucional previsto en la norma.
El plazo para solicitar la rehabilitación comienza con la notificación a cada persona, no con la publicación de la resolución. Además, la normativa contempla recursos administrativos para impugnar la decisión, con plazos de 20 o 30 días desde la notificación, según el recurso que corresponda.
Fuentes: publicación y proyecto de Carlos Castagneto; resoluciones 3695/2026, 3697/2026 y 3702/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad; registros de normativa nacional y textos reproducidos por Radar Normativo y DeQuéSeTrata.