Retrocesos y vacíos en la política local de discapacidad en Río Mayo
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la localidad atraviesa la eliminación del área específica, la falta de una referente dedicada y la paralización del Consejo Municipal, en un contexto donde se desarman espacios claves para garantizar derechos.
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad invita a reflexionar sobre los avances y desafíos en materia de inclusión. Sin embargo, en Río Mayo la fecha llega marcada por una preocupación creciente: la desarticulación del área municipal responsable y la ausencia de políticas activas que sostengan la continuidad institucional.
A esta situación se suma un elemento simbólico visible en el edificio municipal ubicado en la esquina de Julio Argentino Roca y Ameghino. En su exterior permanece el cartel que enumera las dependencias que funcionaban en ese espacio, incluida el Área de Discapacidad, pese a que hoy el área no cuenta con personal a cargo ni desarrolla funciones específicas. La permanencia de ese cartel, que anuncia un servicio que ya no está operativo, contrasta con la realidad actual y muestra de manera gráfica la distancia entre la estructura formal y el funcionamiento efectivo.
La decisión de la gestión encabezada por el intendente Gustavo Loyaute de eliminar el área de Discapacidad, trasladando a su referente al rol de secretaria privada, dejó a la comunidad sin una figura visible y sin un espacio específico para atender una temática que requiere presencia permanente del Estado. Tras el 31 de octubre circuló la idea de que Karen Colman continuaría al frente del área aun ocupando una segunda función. Pero la dinámica diaria mostró que ambas responsabilidades requieren dedicación exclusiva, articulación y gestión permanente. La superposición terminó revelando un problema estructural: la falta de comprensión institucional sobre la complejidad del trabajo en discapacidad.
En localidades pequeñas, donde los vínculos de cercanía —familiares, laborales o de amistad— atraviesan todos los ámbitos, suele ocurrir que decisiones de esta naturaleza no generen reacciones públicas. No se trata de indiferencia, sino del desgaste acumulado en las familias que transitan la discapacidad, sumado al temor a malentendidos o a conflictos personales. Ese contexto inhibe planteos formales y desactiva mecanismos que, en otras ciudades, canalizan reclamos colectivos. Las consecuencias recaen en quienes viven situaciones de mayor vulnerabilidad, para quienes la existencia de un área específica representa un derecho adquirido y un acceso directo al Estado.
La situación del Consejo Municipal de Discapacidad refleja una problemática similar. Se trata de un órgano integrado por representantes de la educación, autoridades municipales, el Concejo Deliberante y referentes sociales, cuya finalidad es garantizar participación y articulación permanente. Sin embargo, el Consejo permanece inactivo. La última publicación en su grupo de WhatsApp data del 14 de agosto, y desde entonces no hubo reuniones ni agenda de trabajo. A pesar de su composición amplia, su paralización no generó alertas institucionales, lo que profundiza el vacío operativo en torno a la temática.
En este contexto, también se observaron dificultades en la ejecución de acciones de concientización. En un primer momento, el municipio publicó para esta fecha una imagen genérica tomada de redes sociales, sin sello institucional ni identificación del área. Horas más tarde, dicha publicación fue reemplazada por una placa oficial con diseño propio e identidad visual municipal, similar a las utilizadas en años anteriores. El cambio evidenció la falta de una planificación previa y la ausencia de un área responsable que coordine las comunicaciones vinculadas a la discapacidad.
El panorama local se combina con un escenario nacional atravesado por revisiones, recortes y reestructuraciones en políticas de discapacidad. Bajo el argumento de auditorías, distintas prestaciones y programas quedaron sujetos a demoras o incertidumbre, en medio de cambios normativos y controversias administrativas. En municipios pequeños, donde la institucionalidad local es la principal vía de acceso a derechos, la falta de un área específica agudiza los efectos de ese contexto.
Otro aspecto que incide es la falta de preparación específica de quienes asumen roles vinculados a esta temática. La función pública en discapacidad exige formación, disponibilidad horaria, capacidad de articulación y continuidad en el trabajo. Sin embargo, en comunidades pequeñas suele ocurrir que estas responsabilidades recaen en personas sin formación específica o que deben compatibilizar sus tareas institucionales con otras obligaciones laborales. Lo mismo sucede en espacios participativos como los consejos: muchos integrantes deben abandonar su participación por motivos económicos o laborales, lo que debilita la continuidad y la construcción de políticas públicas. Esta situación se agrava cuando quienes no están atravesados personalmente por la discapacidad subestiman la relevancia de estos espacios o relegan su participación a un segundo plano.
La eliminación del área específica, la ausencia de una referente dedicada, la falta de planificación y la paralización del Consejo configuran un escenario que preocupa por sus implicancias. En un contexto nacional de ajuste y revisión de políticas públicas, Río Mayo enfrenta el riesgo de retroceder en derechos que habían sido consolidados con años de trabajo institucional. La atención a personas con discapacidad requiere continuidad, equipos formados, seguimiento cotidiano y articulación con organismos provinciales y nacionales; no puede sostenerse con roles superpuestos ni soluciones temporales.
En este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la localidad no se encuentra celebrando avances, sino observando la necesidad de recuperar la institucionalidad que se ha ido desarmando. La reconstrucción del área es posible, pero requiere una definición política: restituir un espacio visible, con responsabilidades claras y personal capacitado que garantice la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad.
