LA CORRUPCIÓN ES EL PEOR FUEGO QUE CONSUME A CHUBUT
En una extensa charla en exclusiva con este medio, la Dra. Cynthia Castro analizó el descenso de la Argentina en el Índice de Percepción de la Corrupción, abordó el fenómeno desde la neurociencia y sostuvo que en la provincia se consolidó un modelo estructural de concentración de poder, disciplinamiento institucional y control narrativo.
El reciente descenso de la Argentina en el Índice de Percepción de la Corrupción —que implicó la caída de cinco posiciones en el ranking internacional— fue el punto de partida de una extensa conversación con la Dra. Cynthia Castro. La jurista, que ya se había manifestado públicamente en otros medios sobre el deterioro de la calidad institucional del país, profundizó en esta entrevista exclusiva con este medio su mirada sobre el retroceso argentino y proyectó ese diagnóstico hacia la realidad provincial.
La Dra. Cynthia Castro —Triple Máster en Derechos Humanos, Derecho Internacional y Cooperación Internacional; Máster en Derecho Penal Internacional; Máster y especialista en Psicopatologías y Neurociencias; escritora de análisis político y jurídico de la Editorial Perfil; autora del libro Corrupción, sello Best Seller de Amazon; coautora de Concienciad Socio Políticas; docente en la Universidad Latinoamericana de Ciencias Jurídicas de los Estados Unidos y ciudadana chubutense— desarrolló un análisis que parte del escenario nacional y desemboca en una definición categórica sobre la realidad institucional de Chubut.
El escenario nacional y el deterioro institucional
Al comenzar su exposición, Castro planteó que “el retroceso de la Argentina en el Índice de Percepción de la Corrupción debe leerse como un indicador de deterioro en la confianza institucional que tiene la sociedad argentina y la comunidad internacional respecto al gobierno presidido por Javier Milei y, según sus dichos, también presidido por su hermana, la Secretaria de la Presidencia, Karina Milei”.
Explicó que estos índices ponderan “la calidad del entorno regulatorio, la previsibilidad jurídica, la eficacia de los mecanismos de control y la independencia real de los órganos de investigación”.
Advirtió que cuando no existe previsibilidad ni transparencia “es más fácil, por ejemplo, en inversiones internacionales que realicen en el país, tener en cuenta que un ítem paralelo a los impuestos sean los retornos a funcionarios a cargo de otorgar licencias, concesiones, licitaciones para ejecutar el comercio en el país”.
Sostuvo que la percepción internacional se construye sobre la acumulación de señales institucionales y que la existencia de controversias y procesos judiciales de alto impacto contribuye a la configuración de riesgo reputacional del país.
“En el ranking internacional estamos muy cerca de Venezuela”, afirmó.
En ese contexto mencionó el caso LIBRA y la promoción pública de una criptomoneda que experimentó alta volatilidad y posterior colapso, señalando que dio lugar a investigaciones legislativas y judiciales orientadas a determinar responsabilidades y posibles conflictos de interés.
También aludió a la causa ANDIS, vinculada a contrataciones en la Agencia Nacional de Discapacidad, afirmando que la sola existencia de investigaciones que involucren a funcionarios de alta jerarquía incide en la percepción de integridad del sistema argentino.
Desde su perspectiva jurídica, el descenso refleja debilidades en prevención, control ex ante y capacidad disuasiva, y advirtió que en el escenario global actual la percepción de riesgo institucional es un componente central del posicionamiento económico y democrático de un país.
La corrupción como fenómeno sistémico: el enfoque desde la neurociencia
Como autora del libro Corrupción, Castro explicó que no aborda el fenómeno como una simple desviación ética individual sino como una conducta compleja que surge de la interacción entre cerebro, poder y estructura institucional.
“La corrupción, desde una perspectiva neurocientífica, es una decisión adaptativa dentro de un entorno que reduce el costo del desvío y maximiza su beneficio”, sostuvo.
Agregó que cuando el sistema transmite señales de impunidad “la activación de circuitos de recompensa, particularmente asociados a la obtención de poder, dinero o reconocimiento, se impone sobre los frenos inhibitorios vinculados a la sanción o al reproche social”.
Afirmó que el problema no es meramente moral sino sistémico y que cuando los mecanismos de control son débiles y la independencia judicial pierde consistencia real, “la corrupción aumenta porque la impunidad reina”.
“La corrupción es el modelo Torres”
Al trasladar el análisis al plano provincial, Castro fue categórica. Señaló que “Chubut es un riesgo alto de corrupción que trasciende fronteras”, aludiendo al caso Red Chamber S.A. y a la acción judicial promovida ante tribunales federales de los Estados Unidos contra el gobierno provincial.
En su diagnóstico estructural afirmó que cuando califica al gobierno de Ignacio Torres como un gobierno con rasgos estructurales de corrupción lo hace “en términos analíticos”.
Se refiere, explicó, a “la combinación de perversión en decisiones estratégicas, concentración de poder, utilización desmesurada de instrumentos administrativos y debilidad en los contrapesos institucionales”.
En un tramo especialmente crítico sostuvo: “se le ha conferido el poder del ejecutivo a un sujeto que vivió del Estado siempre, nunca administró fondos más que los que recibió del Estado – le aseguro que no sabe ni administrar las compras del supermercado – entonces, como ciudadana me pregunto: si no sabe administrar lo privado y lo suyo propio ¿hasta dónde llegó la locura de la sociedad de poner a un individuo así a administrar las arcas públicas?”.
Vinculó esa afirmación con el manejo de recursos públicos y agregó: “ahí viene el desenfreno de pagar pauta oficial por derecha y por izquierda. Total la plata no sale de los bolsillos propios del gobernador sino de la mesa de los que tienen hambre, de los tratamientos oncológicos que no se hacen, de los que esperan una vivienda digna o de los que tienen casas del IPV y han sido estafados por el Estado, de los que mueren asesinados porque no hay seguridad, de las escuelas que se caen a pedazos, de nuestros recursos naturales saqueados”.
Pauta oficial, prensa y control narrativo
Castro dedicó uno de los tramos más extensos de su exposición al vínculo entre poder político y medios de comunicación.
“Ahora, en honor a la verdad, los tiempos aceleradamente están cambiando. Esta prensa rancia y naftalinica debe morir”.
Profundizó luego su crítica: “El modelo tradicional de prensa está agotado porque el esquema económico entre poder político y medios ha distorsionado la función periodística. La independencia deja de ser un principio y la información se convierte en una variable negociable, tiene precio y cotiza en dólares”.
“La pauta oficial, tal como está diseñada, debería dejar de existir. El Estado no necesita comprar voluntades para informar. La información pública pertenece a la ciudadanía y debe ser accesible de manera directa, gratuita, transparente y sin intermediación condicionada”.
“Torres como gobernador tiene el deber jurídico de comunicar sus actos en forma abierta, documentada y verificable. La tecnología hoy permite prescindir del modelo de dependencia económica que convirtió a muchos medios en extensiones narrativas del poder de turno”.
“Imagínese que sucedería si Torres informara por los medios oficiales del sistema de redes del gobierno, o de sus propias redes sociales. Al día de hoy, ni un comentario positivo, daría la oportunidad al escrutinio público, a que los chubutenses se expresen públicamente sin censura y, los adeptos, pocos, poquísimos, pagos que le quedaran, no podrían controlar la voz de un pueblo diezmado”.
“Por supuesto, eso no va a suceder, porque como todo dictador, el control debe ser total aún en contra de todo derecho. La democracia no necesita prensa domesticada. Necesita información libre y ciudadanos capaces de analizarla sin intermediarios cooptados”.
Agregó además: “El periodismo no puede ser una profesión subsidiada por el Estado al que debe controlar. Si el periodista depende financieramente del gobierno, entonces es un inútil que aprieta y Chubut de eso da cátedra. La independencia real exige autonomía económica. Como cualquier trabajador, el periodista debería sostener su actividad en el mercado de su propia credibilidad, no en la asignación discrecional de recursos públicos”.
Justicia, seguridad y estructura institucional
“La corrupción no necesita escándalos espectaculares; se manifiesta en la reiteración de prácticas que reducen transparencia y limitan control efectivo. Si el diseño administrativo favorece las elecciones a dedo y los controles no son independientes, el sistema genera condiciones objetivas para la captura del Estado”, afirmó.
“Es por eso que denuncio públicamente el bochorno en el que se ha convertido el sistema judicial, en especial, el Ministerio Público Fiscal”.
También sostuvo que “la repetición de patrones evidencia una lógica orgánica. Por ejemplo, funcionarios policías de alto rango vinculados al narcotráfico, abuso de poder, violencia doméstica, desaparición de personas, animales faenados ilegalmente y, un Ministerio de Seguridad que encubre”.
Añadió que “cuando la construcción de los espacios del gobierno permiten que la selección sea a dedo, aunque sean inútiles funcionales porque obedecen, la corrupción se transforma en norma y la rendición de cuentas es una formalidad que se saltea, entonces, el problema deja de ser contingente y se convierte en modelo de gestión. La corrupción es el modelo Torres tal como ha sindicado la Revista Noticias, Editorial Perfil en una nota del mes de enero del 2026”.
Crisis institucional y crisis cultural
En el tramo final sostuvo: “Si tuviera que sintetizar el diagnóstico para la sociedad chubutense, diría que la crisis no es sólo institucional, es cultural. Sin una ciudadanía que reconstruya su conciencia política sobre la centralidad del control, la transparencia y la exigencia de rendición de cuentas, cualquier reforma normativa será insuficiente. No va a haber derecho que alcance”.
Agregó: “El verdadero desafío es romper la naturalización del poder concentrado y restituir una ética pública donde el Estado vuelva a ser una institución al servicio del bien común y no un espacio de administración de lealtades. Cuando el pueblo chubutense comprenda que es el pueblo quien tiene el poder, se alzará en contra del modelo Torres y no habrá ideología que alcance para la unidad popular”.
Y cerró su exposición con una advertencia final: “el pueblo no puede equivocarse dos veces”.
