Corrupción en Chubut: el modelo Torres y un Estado sin control
La publicación difundida por el portal Perfil bajo el título “Corrupción en Chubut: el modelo Torres” expone un cuadro de funcionamiento estatal que, lejos de presentarse como una sucesión de hechos aislados, describe un patrón sostenido de concentración de poder, opacidad administrativa y debilitamiento de los mecanismos de control en la provincia.
El eje central del planteo está puesto en el uso de la pauta oficial como herramienta política. A enero de 2026, los registros oficiales permiten contabilizar más de 4.160 contratos vinculados a publicidad y comunicación institucional, con un gasto que supera los 30.000 millones de pesos en apenas dos años. La cifra resulta particularmente significativa en una provincia atravesada por restricciones presupuestarias, conflictos sociales, pérdida de puestos de trabajo y demandas urgentes en materia de seguridad, salud y servicios básicos.
Incluso ese volumen de gasto no sería definitivo. Al menos 201 contratos no fueron publicados en el Boletín Oficial y no se encuentran disponibles para la ciudadanía. No existen explicaciones públicas sobre su contenido, destino ni criterios de asignación. A cuatro pedidos formales de acceso a la información pública, el Poder Ejecutivo optó por no responder. El silencio, según se señala en el texto, no es administrativo sino político.
La investigación del periodista independiente Luis Dupuy aporta datos concretos sobre la concentración de recursos. De acuerdo a su relevamiento, un solo medio, Radio Visión de Comodoro Rivadavia, habría recibido alrededor de 177 millones de pesos en pauta oficial. El propio investigador advierte que el sistema de contratación no puede controlarse en su totalidad, lo que vuelve aún más alarmante la magnitud real del gasto.
El esquema se profundiza con la tercerización masiva de la comunicación estatal en una empresa de medios digitales radicada en Córdoba, que concentró contratos por más de 4.000 millones de pesos mediante adjudicaciones directas. Solo entre 2024 y 2025, esa firma recibió al menos 3.020 millones de pesos por un contrato de cinco meses y otros 543 millones por servicios previos de comunicación institucional. Todo ello sin licitación pública, sin informes oficiales de resultados, sin métricas de impacto difundidas y sin auditorías independientes conocidas que permitan evaluar la razonabilidad y eficacia del gasto.
Mientras tanto, decenas de medios provinciales activos no registran asignación de pauta oficial. Otros, en cambio, recibieron incrementos superiores al 900% sin criterios públicos que los justifiquen. No hay estudios de audiencia, no hay informes técnicos y no hay reglas claras. La distribución de la publicidad estatal revela prioridades, alianzas y límites políticos, con impacto directo sobre la libertad de prensa y la calidad democrática.
Este entramado se proyecta sobre el sistema institucional. En los antecedentes citados se enumeran denuncias que abarcan desde presuntos delitos vinculados a la administración pública hasta casos de extrema gravedad que derivaron en actuaciones judiciales en el exterior. El caso Alpesca aparece como uno de los ejemplos más sensibles: una denuncia por un presunto pedido de coimas por seis millones de dólares derivó en acciones judiciales en Estados Unidos y colocó a Chubut, y por arrastre al país, en un escenario de riesgo diplomático. En el ámbito local, las actuaciones judiciales no avanzaron y el funcionario señalado fue removido de un área sensible y reubicado dentro del mismo gobierno.
A esto se suma el cuestionamiento al funcionamiento del Poder Judicial provincial. La reforma constitucional introducida por la Ley V N.º 201, que eliminó fueros e inmunidades de jueces y fiscales, fue presentada como un avance contra los privilegios, pero motivó alertas urgentes de Naciones Unidas. En contextos de institucionalidad débil, se advierte, quitar garantías no fortalece la igualdad ante la ley sino que facilita la presión directa sobre quienes deben controlar al poder político.
El texto también describe un escenario social marcado por desapariciones no esclarecidas, asesinatos ocurridos a escasa distancia de dependencias policiales, falta de recursos para seguridad, conflictos con pueblos originarios, obras públicas cobradas y no ejecutadas, retrasos salariales, irregularidades en planes de vivienda y persecución a trabajadores y empleados públicos que denunciaron hechos de corrupción.
Nada aparece como casual ni aislado. La pauta oficial funciona como sostén de una gestión que, según se expone, se mantiene mediante propaganda antes que por políticas públicas verificables. La gestión se publicita, se vende, pero no se explica ni se controla.
En ese marco, la corrupción deja de ser una acusación individual para convertirse en un problema institucional. Cuando los hechos encuadran en delitos concretos y aun así no se investigan, el daño se proyecta sobre la democracia, la libertad de prensa y la vida cotidiana de la población. El silencio y la inacción no son neutros: son decisiones que tienen consecuencias reales.
