UATRE intervendrá en el caso del alambrador de Paso de Indios que denunció falta de pago
El delegado regional Demian Gómez se comunicó con este medio para poder contactar a Leandro Payal, el alambrador de Paso de Indios que denunció no haber cobrado por tareas realizadas durante cinco meses en un establecimiento rural de la zona de Aldea Beleiro. A partir de ese contacto, el sindicato confirmó que avanzará el lunes con las actuaciones correspondientes y explicó en profundidad cómo funcionan los relevamientos, actas y procedimientos que viene realizando en distintos campos de la Patagonia.
Luego de la publicación sobre la denuncia realizada por Payal, quien aseguró haber trabajado durante meses en tareas de alambrado sin poder cobrar la totalidad de lo adeudado, el delegado regional de UATRE Patagonia, Demian Gómez, tomó contacto con este medio para poder comunicarse directamente con el trabajador y avanzar en una intervención sindical. Según explicó, el contacto ya fue establecido y el lunes comenzarán las actuaciones correspondientes para intentar encauzar el reclamo laboral planteado públicamente por el alambrador.
A partir de ese intercambio, se abrió una entrevista más amplia con Gómez para profundizar sobre cómo funcionan los relevamientos y controles que el gremio viene realizando en establecimientos rurales de la región y que en las últimas semanas generaron repercusiones, críticas y también fuertes apoyos de trabajadores rurales y vecinos.
“Las publicaciones aparecen cuando ya se agotaron las instancias”
Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la percepción que muchas veces generan las publicaciones de UATRE Patagonia sobre establecimientos rurales relevados en distintas zonas de Chubut. Gómez sostuvo que detrás de cada publicación existe un procedimiento previo y aseguró que “la publicación y lo que hacemos nosotros son netamente oficiales” porque “no hay ningún tipo de inspección que hagamos que no tenga respaldo legal o administrativo”.
Según explicó, las recorridas se realizan junto a organismos y estructuras con facultades legales y administrativas, entre ellas RENATRE, Secretarías y Ministerios de Trabajo, la Comisión de Lucha contra la Trata y, en determinados casos, Policía Rural. “Nunca hacemos recorridas sin instituciones que tienen validez legal”, afirmó el dirigente sindical al detallar que, cuando detectan irregularidades vinculadas a salarios, viviendas, indumentaria o condiciones laborales, “quedan actas legales notificando cuáles son las falencias y cuáles son las situaciones que tienen que corregir”.
Gómez insistió en que las publicaciones en redes sociales no representan el inicio del procedimiento, sino una instancia posterior cuando ya fracasaron las vías previas de diálogo y regularización. “Para cuando empezamos las publicaciones ya se agotaron las instancias de negociaciones, de que no se presentan o de que están en una situación negativa para acomodar el establecimiento”, explicó, señalando además que muchas veces el propio sindicato debe insistir reiteradamente para obtener respuestas de productores o administradores rurales. “Nunca me llamó un productor para decirme: ‘Tengo el acta, ¿cómo solucionamos esto?’. Siempre somos nosotros los que tenemos que salir a buscarlos”, expresó.
La entrevista también permitió conocer otro aspecto poco visible de las recorridas rurales: las dificultades concretas para ingresar a determinados establecimientos. Según relató Gómez, existen casos donde deben realizar varias visitas antes de poder acceder a los puestos rurales. “A veces nos lleva dos, tres o cuatro recorridas poder entrar a un campo”, sostuvo, explicando que muchas veces los propios trabajadores, por miedo a perder el empleo o por indicaciones de la patronal, terminan evitando el ingreso a los establecimientos. “Muchos trabajadores cubren a la patronal metiendo candados en la tranquera y no quieren abrir”, afirmó.
Si bien la legislación vinculada a RENATRE contempla acompañamiento policial en determinados procedimientos, el delegado aseguró que intentan evitar confrontaciones directas. “No buscamos ir con la policía porque queremos llegar mediante consenso y no generar un impacto agresivo”, indicó, aunque recordó que la Ley 25.191 contempla acompañamiento de fuerzas policiales en determinados operativos vinculados a inspecciones rurales.
Durante la entrevista también enumeró algunas de las problemáticas más frecuentes que detectan actualmente en establecimientos rurales patagónicos. Entre ellas mencionó viviendas deterioradas, falta de calefacción, problemas de agua caliente, ausencia de higiene y seguridad, trabajo no registrado, salarios por debajo de escala y falta de entrega de indumentaria obligatoria. “En las veranadas encontramos mucho abandono de puestos donde no tienen ningún tipo de comodidad”, señaló.
Respecto de las condiciones mínimas que debe reunir una vivienda rural destinada a trabajadores agrarios, explicó que los puestos deben contar con agua fría, agua caliente, calefacción y baño instalado dentro de condiciones habitables. “Todavía tenemos productores que tienen los baños a 50 metros desde el momento que se creó el campo”, indicó.
En materia de indumentaria laboral, Gómez recordó que la Resolución 73/2017 de la CNTA establece la entrega obligatoria de dos mudas de ropa por año para trabajadores rurales, una correspondiente a verano y otra para invierno. “Eso está muy claro en la resolución y nosotros notificamos permanentemente a productores y estudios contables”, sostuvo.
El dirigente también valoró el impacto social que generan las publicaciones vinculadas a relevamientos rurales y aseguró que muchas veces los propios comentarios de vecinos y trabajadores terminan funcionando como señales sobre establecimientos donde podrían existir situaciones similares. “Cuando la gente comenta ‘por qué no van a tal establecimiento’, eso también nos sirve para ver lugares donde quizás necesitamos llegar”, expresó.
La entrevista permitió conocer con mayor profundidad un procedimiento que hasta ahora aparecía públicamente resumido en publicaciones breves de redes sociales, pero que —según explicó el propio sindicato— involucra actuaciones administrativas, relevamientos conjuntos con organismos estatales, notificaciones, negociaciones y seguimientos posteriores dentro de un escenario rural atravesado por grandes distancias, aislamiento geográfico y conflictos históricos vinculados a las condiciones laborales en el campo patagónico.
